viernes 14 de mayo de 2021
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¿Santa Fe puede definir apertura de escuelas y horarios de circulación después del fallo de la Corte?

La Corte Suprema falló en contra de la suspensión de las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto puede generar una onda expansiva sobre los gobiernos provinciales ante los reclamos que generan las restricciones, no sólo en el ámbito educativo.

El fallo de la Corte Suprema de la Nación que dirimió el conflicto entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Nación en torno a la potestad de definir la modalidad de las clases resultó, en términos políticos, un triunfo del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Quedará para otro momento el análisis sobre las razones que llevan al gobierno a relegar instancias de consenso que tenía muy aceitadas y con resultados relativamente óptimos, para meterse en bretes que conducen a derrotas políticas y, peor aún, someten a desgaste a la figura del presidente.

En lo concreto, el fallo abre un abanico de situaciones con alcances que van más allá de la avenida General Paz e irradian sobre los gobiernos provinciales ante los reclamos que las restricciones generan. Y no sólo en el ámbito educativo.

La Corte resolvió algo bastante esencial. CABA, como las provincias, tiene autonomía suficiente para definir sobre su educación, salud y seguridad pública, lo cual quedó definido con el cambio de estatus constitucional del antiguo distrito federal Buenos Aires consagrado en la reforma de 1994.

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Más allá de CABA, el fallo ratifica indirectamente la potestad de las provincias para definir en el mismo sentido. Es un dato relevante por estos días en que la provincia resolvió adherir al DNU del viernes pasado del presidente, en el que se estableció que bajo determinados parámetros, ciertos departamentos serán clasificados como de bajo, alto o alarmante riesgo epidemiológico. En estos últimos, por caso Rosario y San Lorenzo, las restricciones son más profundas, incluido el cierre de escuelas.

Es evidente que el gobernador Omar Perotti no estaba del todo convencido sobre el punto del DNU que manda suspender la presencialidad escolar bajo determinadas circunstancias, por eso quiere reanalizar la medida en el plazo de una semana. Este martes insistió en que la discusión pasa por “la reconsideración de la norma nacional y que el objetivo de bajar la circulación y los contagios la podamos llevar en la provincia de la mejor manera”, añadió.

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En Santa Fe, Omar Perotti dispuso que solo Rosario y San Lorenzo suspenderán las clases y solo por un período de siete días.

En Santa Fe, Omar Perotti dispuso que solo Rosario y San Lorenzo suspenderán las clases y solo por un período de siete días. "Es el tiempo que hemos solicitado al jefe de gabinete para rediscutir los parámetros y mostrar que podemos mejorar en las camas críticas para que se compute de manera diferente", adelantó el gobernador.

“La norma nacional (sanitaria) establece que es el jefe de gabinete el que tiene atribuciones para generar alguna modificación a esa norma que se ha dictado”. Es decir, hay diferencias de criterios, pero a diferencia de Rodríguez Larreta, Perotti y los demás gobernadores del peronismo buscan salidas acordadas y sin dinamitar la autoridad del gobierno, que con más o menos juego de las provincias, en cualquier caso es el que conduce la estrategia de lucha contra el virus.

La declaración de Perotti está en línea con las respuestas que los funcionarios santafesinos de más alto nivel vienen dando a referentes empresarios y quienes reclamaban no cerrar las escuelas. Se amparan en que el DNU presidencial “está blindado” y no dejaba resquicios para moverse fuera de lo que dice su articulado. Para algunos era una excusa con la que se buscaba descargar el costo político de medidas que siempre resultan antipáticas y gravosas.

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Sea o no excusa, lo concreto es que el fallo de la Corte termina siendo una herramienta para que aquellos que no están de acuerdo con determinadas restricciones que manda el DNU presionen sobre los gobiernos provinciales para que las desconozcan y hagan su propio camino. Como la Corte no falló sobre si corresponde o no cerrar las escuelas, sino sobre la autonomía de CABA para definirlo en los mismos términos que el resto de las jurisdicciones, el escenario que se abre excede el tema educativo. Alcanza también a sectores de la actividad económica, cultural y religiosa, entre otros.

Los ministros de la Corte –entre ellos los convencionales constituyentes del 94 Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda– le están diciendo a cada jurisdicción que puede tomar sus propias decisiones con respecto al manejo de la pandemia. Es diferente a los márgenes de acción que daban los DNU a los gobernadores para que decidieran de acuerdo a la realidad epidemiológica en su distritos, lo que también generó controversias menores, por ejemplo cuando se dispuso el cierre de espacios culturales pero se permitían que sigan abiertos los dedicados a cultos religiosos. Es decir, algún margen de maniobra había, lo que ocurre con el tema de la presencialidad es que tiene una dimensión e impacto social mucho más extendido y eventualmente grave, por toda la movilización que implica abrir o no las escuelas.

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Con el voto de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el máximo tribunal de Argentina falló en contra de la suspensión de las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con el voto de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el máximo tribunal de Argentina falló en contra de la suspensión de las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora bien, ¿una consecuencia del fallo de la Corte es que el gobierno nacional no puede determinar medidas de alcance territorial porque éstas son exclusivas de las autoridades provinciales y CABA en ejercicio de la autonomía que consagra la Constitución? ¿El Estado nacional debe resignar toda potestad para actuar en una situación tan extraordinaria como una pandemia mundial?

Para el constitucionalista Domingo Rondina, “Nación podría meterse pero siempre que tenga argumentos muy fuertes para justificarse. Acá la Corte dice que Nación le da dos argumentos. El primero, que la mayor circulación de autos y colectivos para llevar chicos contribuye a la propagación del virus. Y dice, no me convence. El segundo, que hay más contagios entre menores, pero dice que le aporta pocos datos científicos que lo avalen”. Su razonamiento hace eje en quién y cómo define cuándo esos argumentos son suficientemente sólidos o no.

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Crítico del fallo, Rondina indica: “La Corte acaba de decirle a las provincias que actúen como les parezca. Ahora cada provincia tendrá más o menos virus según el gobernador que tenga”.

Cuando Aire Digital le preguntó si no estaba claro antes del fallo que las provincias tenían autonomía para resolver sobre la modalidad de las clases o los horarios si hubieran querido hacerlo, Rondina sostiene que no era tan claro. “Soy de los que considero que en circunstancias como estas la Nación puede definir la modalidad. Ahora la Corte le da muchas facultades a las provincias, por ejemplo en la educación, y mañana va a ser con otros temas. Por ejemplo, para que otro haga un juicio para que no se limite la circulación”.

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“Según la Corte, acá lo trascendente es el criterio provincial. Está formando un federalismo ingenuo, naif, que parece que depende de que cada uno tome sus decisiones. A un virus que no reconoce fronteras de provincias, países, continentes, le oponés un federalismo del 1700”, cuestionó el constitucionalista santafesino.

El dictamen del procurador Eduardo Casal, que toma la Corte, opina que el camino para que Nación defina por encima de las autonomías en situaciones excepcionales es a través del Congreso. En ese sentido cabe destacar que los DNU presidenciales son ratificados, o no, en el Congreso. Desde el inicio de la pandemia todos lo han sido.