La Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial avanzará este miércoles con la recolección de elementos de prueba antes de decidir si abre un nuevo proceso disciplinario contra Marcelo Sain, director del Organismo de Investigaciones del MPA, por recibir y valerse indebidamente de información judicial reservada cuando era ministro de Seguridad. Además, definirá si se avoca a la denuncia por mal desempeño de funciones que le hizo el senador radical Lisandro Enrico, en el que lo acusa de violar el artículo 89 de la Constitución provincial y otras leyes al hacer proselitismo electoral.
Sobre esta última cuestión, la denuncia de Enrico ingresó acompañada de copias de posteos de la cuenta de Twitter y del blog personal de Sain certificadas por escribano público con expresiones y posicionamientos a favor de la lista y los candidatos del gobernador Perotti (Hacemos Santa Fe) según explica el pedido de investigación del senador por el departamento General López, que entiende que esas expresiones de respaldo electoral violentan el artículo 89 de la Constitución provincial y las leyes 13.013 y 13.459 que establecen incompatibilidades y prohíben que funcionarios judiciales intervengan en política.
Los integrantes de la Comisión de Acuerdos (cuatro senadores y ocho diputados) analizarán este miércoles la denuncia y si se avocan o no. Avocarse implica abrir formalmente el proceso investigación, designar a un acusador, reunir pruebas y elaborar un dictamen de absolución o sanción que luego define el pleno de diputados y senadores. También tienen la posibilidad de suspender provisoriamente al funcionario en cuestión durante el procedimiento. Todo en el marco de la última reforma de la ley 14.016 que permite a la Legislatura tomar a su cargo el régimen disciplinario de directores del MPA y la Defensa Pública, además de fiscales y defensores, cuando se trate de faltas graves.
Por otra parte, la Comisión de Acuerdos recibirá al subdirector provincial del Organismo de Investigaciones Víctor Moloeznik. Los legisladores quieren escuchar qué tiene para decir sobre filtraciones de escuchas e información reservada desde el OI, que pertenece a la órbita del MPA, al Poder Ejecutivo, concretamente a Sain cuando era ministro de Seguridad.
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Moloeznik fue el que en abril denunció el vaciamiento de una computadora que usaba la jefa de Inteligencia Sur del OI, Débora Cotichini, y motivó que la fiscal regional María Eugenia Iribarren mandara cautelarla.
A partir de allí la Auditoría General María Cecilia Vranicich inició un procedimiento disciplinario. Si bien parte de los testimonios confirmaron que el reseteo obedeció a problemas de contraseña, hubo al menos un primer testigo de cuya declaración se desprendieron elementos que permitieron a la auditora avanzar.
Después de reunir suficientes elementos, la auditora Vranicich comunicó a la Legislatura la imputación a Cotichini y giró copia de las 271 páginas de la instrucción, donde constan testimonios, audios y otros elementos relevantes que se mantienen en reserva. El anoticiamiento a la Comisión de Acuerdos no es por Cotichini, que no está bajó el alcance disciplinario de la Legislatura, sino porque en la instrucción hay reiteradas menciones a Sain, que sí lo está por imperio de la ley 14016, una norma que trajo mucha polémica, el gobernador intentó vetarla, pero la Legislatura la ratificó y está vigente.
De la instrucción de la Auditoría se desprende que Cotichini respondía a Sain, le facilitaba información, ordenaba hacer perfiles de personas por cuenta propia sin que mediara la orden de un fiscal. Los dos casos que trascendieron hasta aquí fueron: un perfil (recolectar información) de la exfuncionaria socialista Ana Viglione y los resultados de las escuchas al chofer del senador Armando Traferri.
Sain negó los hechos y defendió a su subordinada. Dijo que “es una represalia porque Cotichini fue contra las estructuras de poder que son socias del delito".
Mientras Vranicich sigue adelante con el procedimiento disciplinario a Cotichini –aún falta que la imputada haga su descargo y defensa–, la Legislatura intenta profundizar por el lado de Sain.
En ese sentido, la convocatoria a Moloeznik para este miércoles difícilmente aporte más allá de lo que recabó la auditora Vranicich a partir de la denuncia inicial del subdirector del OI.
La Legislatura estuvo a punto de suspender a Sain de sus funciones en el OI el 30 de junio pasado por otras causas. Dejó en suspenso la medida a último momento, cuando la jueza laboral de Rosario Paula Calace Vigo hizo lugar al amparo pedido por Sain, en un incidente judicial que abrió una enorme polémica porque el Fiscal de Estado se allanó ante el reclamo de Sain por orden del gobernador Perotti y sin consultar a la Legislatura.
Sin embargo esa decisión judicial que prohíbe a la Legislatura suspender a Sain atañe a ese caso en particular. Todo indica que la Legislatura podría volver a la carga en las próximas semanas a partir de la información aportada por la Auditoría General del MPA y la denuncia de Enrico.
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