Especialistas advierten que los cambios en el Servicio Público de Defensa Penal van a generar un desequilibrio respecto del empoderamiento del Ministerio Público de la Acusación.
En el mes de febrero, cuando se retomen las sesiones extraordinarias de la Legislatura de Santa Fe, el oficialismo buscará continuar con su avanzada sobre el sistema de justicia provincial. Será con el tratamiento, entre otros temas, del proyecto que modifica la ley 13.014, que regula el funcionamiento del Servicio Público de Defensa Penal (SPPDP).
Desde el interbloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, sostienen que lo que se busca es optimizar los recursos del servicio público de defensa, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de los jueces.
En cambio, sectores de la oposición advierten que se trata de una “privatización” de la defensa penal y que atenta contra el debido proceso. Aseguran que se propone un “garantismo vs. punitivismo populista”, algo que también causa preocupación entre las actuales autoridades del organismo: “Sólo queremos cumplir nuestro rol como nos manda la ley y los estándares internacionales”, expresaron.
El mensaje del Poder Ejecutivo N° 5064 propone la tercerización de servicios de defensa, mediante convenios con los Colegios de Abogados de la provincia, del Sistema de Prestadores de Servicios de Defensa Penal Técnica y de listas elaboradas por dichas entidades profesionales, con el fin de delegar parcialmente la demanda en estudios jurídicos privados. Los servicios de terceros bajo este sistema serán gestionados por los Colegios de Abogados, bajo reglamentación, capacitación y supervisión de la Defensoría Provincial.
La reglamentación deberá prever la asignación diferenciada de cuotas de casos, según la capacidad de respuesta efectiva de cada estudio jurídico. A tal fin, se estandarizarán parámetros objetivos para medir la capacidad de respuesta, tales como la cantidad de profesionales y de empleados auxiliares, las dimensiones de las oficinas y despachos, el consumo energético, la facturación periódica y los aportes a las cajas profesionales, la idoneidad y calificación de sus cuadros gerenciales, la capacidad para atender turnos y urgencias, y la capacidad para recibir practicantes o adscriptos bajo la tutoría de un colega de mayor formación y experiencia.
El proyecto establece que los honorarios de los abogados serán abonados por el condenado en costas, pudiendo establecerse porcentajes diferenciados de bonificación en función de su capacidad económica y de la concurrencia de factores de vulnerabilidad. Las bonificaciones serán cubiertas por la Defensoría Provincial con los fondos obrantes en la cuenta especial prevista y subsidiariamente por el Poder Ejecutivo. De igual forma se procederá en caso de insolvencia respecto de honorarios no bonificados, con derecho a repetición por parte del organismo pagador.
Según fundamentó el Ejecutivo provincial en los considerandos del Mensaje, los nuevos convenios “fortalecerán una política pública orientada a articular un vínculo institucional entre la Defensa Pública y los Colegios profesionales, para un mejor financiamiento del servicio de justicia, asegurando el derecho de defensa de todas las personas sometidas a proceso penal y el trabajo de cada profesional particular” y precisa que esta transformación del sistema “permitirá que, como sucede por ejemplo con los hospitales públicos, para aquellas personas que cuentan con cobertura privada o sindical de salud, se les cobre por las prestaciones médicas recibidas; o sea, si una persona necesita defensa penal y tiene recursos económicos para afrontarlos, se le prestará, pero deberá abonar los honorarios y gastos correspondientes”.
Desde el bloque de la UCR de la cámara baja explicaron a AIRE que "el proyecto tiene por objetivo optimizar los recursos, que sea más equilibrado entre lo que es el órgano de persecución penal que es la Fiscalía, con lo que es la Defensa, que si bien interviene en audiencias en la investigación penal preparatoria y a lo largo del proceso, la carga de trabajo del órgano de persecución penal comienza desde la comisión del hecho delictivo con todo lo que es la investigación penal preparatoria, recolección de evidencias y preparación de la acusación entre otras actividades".
"Queremos fortalecer a través de la reforma el Sistema de Prestadores que está vigente en la ley actual proponiendo un sistema de tercerización que repotencie la actividad privada, y que brinde más opciones y posibilidades de defensa penal estatal que debe estar garantizada", precisaron. Y agregaron que "la obligación del Estado es garantizar la defensa, pero el Código Procesal Penal no establece un imperativo del cómo debe ser, y no necesariamente tiene que ser con defensores con cargos en el Poder Judicial, sino que también se puede buscar otras alternativas para innovar y abarcar a mayor cantidad de población con un trabajo coordinado de gestión de los Colegios de Abogados".
En diálogo con AIRE, María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial explicó que el objetivo de la reforma “viene en un marco de profundas reformas al sistema de justicia y de lo que se enmarca en la política de seguridad del gobierno de la provincia. En ese sentido, lo que se propone es optimizar los recursos del servicio público como del MPA y de los jueces”.
“Se busca optimizar y repotenciar un tipo de defensa pública o estatal garantizada por el Estado, que hasta el momento no ha sido una herramienta muy utilizada. Proponemos una modificación para poder brindar desde el Estado una alternativa de defensa pública o estatal a través de la tercerización del servicio repotenciando el ejercicio liberal de la profesión con los Colegios de Abogados”, agregó la funcionaria.
Por su parte, Alejandro Otte, presidente del Instituto de Derecho Penal dijo, en contacto con AIRE, que "sobre la reforma, el Colegio de Abogados tiene que estar de acuerdo, ya que la reforma permitiría la contratación de los servicios de abogados particulares para casos que, en primer momento, llegan al Servicio Público", pero aclaró que es necesario realizar un convenio respecto al servicio de prestadores, como ya lo tienen Rosario y Rafaela.
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Además, Otte puso el foco en los recursos para el pago de los honorarios de los abogados. "Lo que es fundamental para que la reforma no se quede solo en los dichos, es saber de dónde va a salir los fondos para pagar los honorarios de los abogados particulares que se incluyan en el servicio de prestadores", dijo, y agregó: "A la vez que es necesaria reforma urgente de la ley de honorarios de profesionales, ya que la que actualmente está vigente habla de otras etapas del proceso que no se pueden identificar con las actuales. Todavía habla del Código Procesal Penal de la provincia que ya fue derogado. El Código actual está en vigencia desde febrero de 2014, hace 10 años. Sino, va a pasar lo mismo que pasa con los abogados del niño, que después nadie sabe quién tiene que pagar los honorarios".
Por su parte, y luego de mantener reuniones con representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de Santa Fe, quien manifestó su preocupación por el contenido del proyecto fue Estrella Moreno Robinson, titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. “Nosotros atendemos a la gente más vulnerable. Sólo queremos cumplir nuestro rol como nos manda la ley y los estándares internacionales”, dijo, y advirtió que “cuando no hay defensor no hay proceso. Las condenas erróneas pueden ser moneda corriente si no hay un servicio de defensa que cumpla realmente su función”.
Robinson destacó que “la defensa pública hace al Estado de derecho y a la democracia. Una defensa pública garantiza, mediante el servicio público, eficiente y eficaz, la consolidación de la democracia y el acceso a la justicia”.
La defensora explicó que “nosotros atendemos, fundamentalmente, a gente vulnerable, que no tiene medios económicos y socialmente en estado de vulnerabilidad. Tenemos que dar defensa gratuita, salvo para aquellas personas que tienen poder económico, pero es poca”.
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Asimismo, Robinson cuestionó que “teóricamente, con el sistema que proponen, debiéramos pagarles a los abogados que tomen defensa de manera tercerizada. Y si no podemos pagarlo nosotros, lo pagaría el Estado. Eso problemático. ¿Hay herramientas de diagnóstico para saber cuántos casos pasarían al sistema tercerizado? ¿Le conviene al Estado pagar una defensa tercerizada teniendo un servicio público?”
Al graficar la importancia de contar con un servicio público de defensa penal, la titular comentó que “depende las zonas, pero el 75% de las personas que atendemos son humildes. Las causas de las personas que han sido condenadas y están la cárcel cumpliendo condena, también tienen que ser atendidas por un defensor por el tránsito carcelario y nosotros tenemos casi el 100% de esas causas”.
Por otro lado, señaló una contradicción entre el contenido del Mensaje del Ejecutivo con el espíritu de las reformas del Código Procesal Penal y de creación del MPA, en 2014. “Tiene que haber igualdad entre las partes. Eso sería que si se fortalece un organismo persecutor como el MPA, se debe fortalecer un organismo que defiende, como el Servicio Público de Defensa Penal”.
"Este proyecto de modificación de la ley 13.014 ley que regula el Servicio Público de la Defensa Penal no lo acompañamos, al igual que las modificaciones que se hicieron a la ley que regula al MPA y las modificaciones al Código Procesal Penal de Santa Fe. Tienen la misma matriz. Esta básicamente ligada a la época. Es un proyecto que ideológicamente no compartimos la concepción. Creemos que es la demonización del garantismo, cuando el garantiesmo no es ni más ni menos que el cumplimiento de la Constitución y las normas que regulan la organización social y en este caso la persecución del delito", explicó a AIRE el diputado del bloque Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Fabián Palo Oliver.
Según el legislador, lo que se plantea, tácitamente, es "Garantismo vs. Punitivismo populista" y admitió que "no es la primera vez que sucede cuando aumentan los índices delictivos". Al respecto, sostuvo que "el problema del crecimiento del delito no está relacionado a la persecución penal sino a la prevención, a la situación de las fuerzas policiales de la provincia, a la pobreza, a la exclusión, a los consumos problemáticos. Es multicausal".
Palo Oliver manifestó su preocupación ante la intención de reducir la cantidad de defensores públicos. "Con respecto al proyecto de defensa pública no compartimos que se reduzcan los defensores públicos. Se reducen de 96 42. Es una contradicción grande, teniendo un sistema procesal penal que permitió agilización del servicio de justicia, que incrementó al dóble la cantidad de detenidos desde el nuevo Código Procesal Penal de 2014, donde del 75 al 90% de los imputados utilizan la defensa pública y los que están en etapa de ejecución la usa el 100%", alertó.
El legislador de orígen radical reclamó una "autointerpelación" de la política ante determinados datos estadísticos. "Las cárceles hoy están llenas de pobres. El 90% no terminó los estudios formales. Hay una especie de justica clasista y los ladrones de guantes blancos pocas veces terminan detenidos. Por eso, la obligación del Estado es garantizar la defensa pública".
Por otro lado, Palo Oliver advirtió que la iniciativa que se está por discutir "abre la puerta para negocios de grandes estudios jurídicos. Nos preocupa. La justicia restaurativa tiene que tener foco en los dos aspectos: en el imputado y en la víctima".
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El legislador, a modo de ejemplo, hizo referencia a un caso ocurrido en el sur de la provincia de Santa Fe. "Hay una defensora pública que pudo denunciar -y fue constatado por el juez- que una persona de 33 años, albañil, en relación de dependencia, denunció que le armaron una causa, que le plantaron un arma y que se lo detuvo como sospechoso de ser partícipe y autor del asesinato de un policía en la puerta de un efector público en Rosario. Se constató, en principio, que había sido torturado. Nos llama la atención no haya actores políticos que hagan mención al tema", dijo, y concluyó: "Debilitar el servicio violenta el espíritu de cuando se creó el Código Procesal Penal".
Por su parte, el diputado Carlos Del Frade (Fentre Amplio por la Soberanía-FAS) hizo hincapié en el artículo 32 del Mensaje. "Deja claro que los estudios jurídicos podrían poner a pasantes a trabajar en algunos casos para cobrar dinero, cuando lo que se trata es la consolidación del derecho a defensa de todas las personas para hacerlo más transparente sobre todo en el tema de las condenas. Seria mutilación de derechos y alejarse de la de la reforma constitucional de 1994 y de los pactos internacionales", dijo. a AIRE. Y alertó: "Además de privatización del servicio, el proyecto plantea la reducción del servicio, que es lo único que tiene el 99% de la gente pobre. Hay una avanzada ideológica para que se le dé cobertura de derecho a quienes se la pueda pagar. Nosotros vamos a votar en contra porque se recortan derechos básicos".
A su turno, la diputada del PJ, Lucila De Ponti avisó que el proyecto podría desencadenar en un colapso del sistema de defensa. En diálogo con AIRE, señaló que no comparte el sentido de la reforma y que, además, le parece "de difícil ejecución. Se pretende avanzar en la tercerización a través estudios privados de la defensa de una mayor parte de los imputados, cobrándoles a éstos los honorarios. Pero hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las personas que son defendidas por el SPPDP no disponen de recursos económicos, por eso mismo son defendidas por el sistema público. Por lo tanto, sería imposible cobrarles y esto terminaría siendo más caro para el Estado y llevaría al colapso del sistema de defensa".
"El sistema penal acusatorio que funciona en Santa Fe tiene que contar con un servicio de defensa público eficiente y garantizado, como lo es hoy, por lo tanto, reducirlo a su mínima expresión iría en contra de los propios fundamentos del sistema que requiere una tendencia a la igualdad de armas entre la acusación y la defensa", concluyó la legisladora peronista.
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