La Cámara de Diputados de Santa Fe debatirá entre este miércoles y jueves el Código Procesal Penal Juvenil, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y podría convertirse en ley.
De acuerdo a la iniciativa, desaparecerán los juzgados de menores y las investigaciones serán llevadas a cabo por fiscales. La medida busca regular el proceso penal para personas que, al momento de la comisión del hecho calificado como delito, tengan menos de 18 años de edad y que, conforme la ley penal sustantiva, puedan ser imputadas y en su caso, responsables penalmente del mismo.
Es en ese contexto que desde el Colegio de Profesionales de Trabajo Social manifestaron su preocupación por la media sanción que logró la iniciativa, ya que "pretende bajar la edad de imputabilidad".
En diálogo con AIRE, Gabriela Díaz, presidenta del Colegio, sostuvo: "Estamos preocupados por esta media sanción porque creemos que lo que dice este proyecto de ley, que hemos estudiado y trabajado con profesionales de la Justicia, es un retroceso a las intervenciones sobre los adolescentes que están involucrados en situaciones de conflicto penal".
"En la provincia tenemos un Estado de derecho de hace muchos años con la Ley 12.967 que genera un sistema de protección integral", afirmó Díaz y explicó: "La discusión pasa en que venimos a traer una nueva ley donde bajamos la edad de imputabilidad, con la posibilidad también de un proceso judicial para aquellos que no son punibles y no estamos evaluando todo el trabajo en territorio que hacen los trabajadores sociales y los equipos interdisciplinarios".
En ese sentido, señaló que los trabajadores sociales "trabajan todos los días sin programas sociales o políticas públicas que permitan el trabajo en territorio" y, por ende, "ampliamos leyes pero no sabemos qué presupuesto va a tener, ni qué se prevé más allá de lo que se va a judicializar".
"Nunca se le preguntó al trabajador social qué postura tiene o qué datos estadísticos hay en relación a la situación que atraviesan niños, niñas y adolescentes en nuestra provincia", manifestó Díaz que aseguró que en la normativa que se pretende aprobar "se ve obviada la intervención y el trabajo de los trabajadores sociales".
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