Juego clandestino: el juicio que la política de Santa Fe no quiere ver
La Justicia admitió la imputación por asociación ilícita contra un exdiputado, tres abogados y el expiloto Oscar Larrauri. Son los engranajes de la red que, según la Fiscalía, protegió el negocio de Leonardo Peiti. Falta el jefe: el senador Armando Traferri, que lleva seis años de blindaje y todavía espera su turno.
Juego clandestino. La anatomía de la corrupción en Santa Fe necesita gestores, prestanombres y profesionales dispuestos a cruzar una línea que conocen bien.
La causa del juego clandestino avanza como avanzan las cosas en Santa Fe cuando tocan a la política: lento, de costado y con cada paso discutido hasta el agotamiento. Esta semana los jueces Eleonora Verón, Paula Álvarez y Alejandro Negroni admitieron la imputación por asociación ilícita contra cinco personas que, para la Fiscalía, sostuvieron la red de protección política, judicial y comercial de Leonardo Peiti entre 2017 y 2021.
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Se trata del exdiputado peronista Darío Scataglini, los abogados José Francisco Fernández Chemes, Fernando Moschini y Aníbal Porri, y el empresario y expiloto de Fórmula 1, Oscar “Popi” Larrauri. Los jueces rechazaron las medidas cautelares que pedían los fiscales y seguirán en libertad.
Juego clandestino: las condenas en Santa Fe
Es otro capítulo de una trama que ya tiene condenados. Peiti y el exfiscal Gustavo Ponce Asahad firmaron abreviados como imputados colaboradores. El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado en noviembre de 2025 a nueve años de prisión y el exempleado judicial Nelson Ugolini, a cinco.
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La Cámara Penal confirmó ambas penas el 29 de julio. Pero en el expediente falta el nombre que lo ordena todo. El fiscal José Luis Caterina dijo esta semana que la Fiscalía presentará el requerimiento acusatorio contra todos los imputados, incluido el senador Armando Traferri, a quien señala como jefe de la organización. No será este año. Calculó la primera mitad de 2027, un año electoral en la provincia.
Gestores, prestanombres y profesionales: la anatomía de la corrupción
La audiencia sirvió para algo más que sumar nombres. Expuso la anatomía de la corrupción en Santa Fe, que no necesita de grandes sofisticaciones sino de gestores, prestanombres y profesionales dispuestos a cruzar una línea que conocen bien.
Scataglini, según los fiscales Caterina y Marisol Fabbro, era el brazo político dentro de la Cámara de Diputados y heredó el rol de Ricardo Paulichenco, el secretario legislativo del Senado que recibía dinero de Peiti y murió en 2019. Fue Scataglini quien llamó a las oficinas del empresario en 2020 y se presentó en nombre del senador. Esa escucha fue una de las primeras grietas del caso.
Fernández Chemes y Larrauri aparecen como testaferros. En septiembre de 2020, cuando la red ya había quedado expuesta y Serjal estaba a punto de caer, Peiti les transfirió la sociedad Southgame SRL: 55 por ciento para el abogado y 45 por ciento para el expiloto, en lo que la Fiscalía califica como una operación apócrifa de 200.000 dólares. La lógica es la de siempre. Cuando el negocio ilegal queda al descubierto, el dinero busca una fachada legal y alguien con apellido conocido que la firme.
El caso de Moschini es el más revelador sobre el funcionamiento del poder. Amigo de Peiti y abogado de su hermano, contactó a una psiquiatra de Casilda para que gestionara informes que permitieron que el empresario cambiara la cárcel por la internación en una clínica de Rosario. Según la acusación, la retribución llegó a través de un subsidio que el senador Traferri otorgó a una asociación civil de Casilda, gestionado por medio de su secretaria privada. Por eso a Moschini también lo imputaron por peculado.
Los subsidios de los senadores, esos fondos que durante años se repartieron sin rendir cuentas, aparecen aquí como moneda de pago para mantener callado a un arrepentido. Porri, extesorero del Colegio de Abogados de Rosario, completa el cuadro: según los fiscales, le pidió a Peiti que destruyera su teléfono y lo acompañaba a entregar el dinero a Ponce Asahad y a Serjal.
El fiscal Caterina explicó por qué esta trama necesitaba fiscales. Desde 2016 el juego clandestino dejó de ser una contravención y pasó a ser un delito penal. Ese cambio legal desplazó el eje de la corrupción: con la policía ya no alcanzaba, y había que arreglar con funcionarios judiciales del Ministerio Público de la Acusación.
Peiti, que según declaró pagaba unos cinco mil dólares por mes por una cobertura que consistía en algo elemental, que no lo investigaran, lo entendió antes que nadie. La pregunta que el expediente todavía no responde del todo es quién le abrió esa puerta.
El 18 de diciembre de ese año los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery llevaron al Senado escuchas, registros telefónicos y geolocalizaciones para pedir el desafuero de Traferri. Necesitaban 13 votos y consiguieron cuatro. La corporación política hizo lo que sabe hacer: protegerse. Traferri quedó blindado hasta octubre de 2023, cuando pidió su propio desafuero, después de que los dos fiscales que lo habían investigado fueran apartados de la causa. Fue imputado recién en octubre de 2024. Seis años después del escándalo, todavía no tiene fecha de juicio.
El tiempo, además, jugó a su favor en el plano judicial. La sentencia de primera instancia contra Serjal lo describió como el jefe de la organización y lo mencionó más de cien veces, aunque no estaba sentado en el banquillo. La defensa del exfiscal convirtió esa anomalía en su principal argumento, y Traferri presentó una acción declarativa de certeza contra el Estado provincial en la que plantea que fue juzgado en ausencia. En julio, la Cámara confirmó la condena a Serjal, pero por unanimidad neutralizó todas las valoraciones sobre terceros que no habían sido parte del juicio. Cuando Traferri llegue a su debate, la acusación deberá construir su responsabilidad desde cero, con prueba producida en un juicio donde él pueda defenderse.
En manos de la Corte Suprema de Santa Fe
Hay otra grieta. El presidente de aquel tribunal, Javier Beltramone, votó en disidencia y sostuvo que la asociación ilícita no estaba probada. La Fiscalía lo había recusado por su amistad con Moschini, el mismo abogado cuya imputación acaba de ser admitida. La recusación fue rechazada y ahora está en manos de la Corte Suprema de Santa Fe.
Las defensas, por su parte, también acumulan munición: el abogado de Fernández Chemes, Víctor Corvalán, denunció ante el auditor del MPA que la Fiscalía le ofreció a su cliente convertirse en colaborador por correo electrónico, con 72 horas para responder, y que se extraviaron dos teléfonos secuestrados después de haber sido peritados. El juicio a Traferri no se jugará solo sobre los hechos sino sobre cada pliegue del procedimiento.
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Todo esto ocurre en una provincia donde la corrupción política, en los hechos, no se investiga. Este es el único caso relevante en el que la justicia provincial puso a un dirigente con poder real contra las cuerdas. No porque no haya otros, sino porque los fiscales que avanzan en esa dirección quedan expuestos ante la Legislatura, que tiene en sus manos la herramienta para sancionarlos. Edery y Schiappa Pietra lo comprobaron. Esos son los anticuerpos del sistema, y funcionan con eficacia.
El expediente tampoco logró ir más allá de Traferri. Peiti declaró que aportó 200.000 dólares para la campaña de 2019 de Omar Perotti, a través del senador, con la expectativa de quedarse con el juego online. Perotti lo negó. En noviembre de 2020, en plena pandemia, el gobierno provincial le otorgó el juego virtual a los casinos sin licitación. Lo que esta causa revela tiene menos que ver con las maquinitas de un capitalista de juego que con el financiamiento de la política, y esa dimensión quedó fuera de toda investigación.
Traferri, mientras tanto, nunca dejó de ser un actor central. Fue reelecto en 2023, jugó un papel clave en la reforma de la Constitución y hoy impulsa candidaturas para 2027. La sociedad le otorgó una inmunidad más eficaz que los fueros: la indiferencia. La imputación de esta semana deja a los gestores, los testaferros y los abogados en camino al banquillo. El riesgo es que la causa termine como empezó, con los engranajes juzgados y el motor intacto. El juicio a Traferri será la prueba de si Santa Fe puede juzgar una estructura de poder o solo a quienes le hacían los mandados.
