La venta de bebés, un negocio que manejaba un grupo de parteras de Rosario que trabajaban en hospitales públicos
Hay dos mujeres investigadas. Olga Artale de Silva, de 87 años y Dolly Viale de Garrido, de 88 años. Están acusadas de entregar niños a cambio de dinero.
Se inscribieron a dos niñas como hijas biológicas de familias que no eran las suyas. Imagen ilustrativas.
Por segunda vez en pocas semanas, una profesional que asistía partos en Rosario quedó en el centro de una causa por robo de identidad. La Fiscalía federal pidió elevar a juicio el expediente contra Olga Concepción Artale de Silva, una médica obstetra de 87 años. Está acusada de firmar certificados con datos falsos que permitieron inscribir a dos niñas como hijas biológicas de familias que no eran las suyas. Su historia es similar a la de Dolly Viale de Garrido, otra obstetra que está siendo investigada por venta de bebés.
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La acusación contra Artale de Silva es por supresión y alteración del estado civil de menores de diez años y falsedad ideológica de instrumento público. El requerimiento lo presentaron la fiscal federal Soledad García, el fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro y la abogada querellante Julia Giordano. Este pedido se hizo luego de que quedara firme el procesamiento sin prisión preventiva que el juez federal Carlos Vera Barros dictó el 3 de agosto pasado.
La fiscalía aclaró que esta causa no tiene vínculo con la investigación contra Dolly Viale de Garrido. Esa partera, de 88 años, trabajó en el Hospital Roque Sáenz Peña y está imputada por separar bebés de sus madres y entregarlos a cambio de dinero entre 1968 y 1980. Sin embargo, los dos expedientes muestran un mismo patrón: una firma profesional que convertía una entrega irregular en una partida de nacimiento con apariencia legal.
El caso contra Artale de Silva empezó con las denuncias de Ana Carolina Alzugaray, en 2022, y de Romina Elisabet Lobos, en 2023. Las dos sabían que no eran hijas biológicas de quienes las habían criado.
Alzugaray creció en Maciel, un pueblo santafesino, con Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray. Supo desde chica que no había nacido de ellos. Sin embargo, su partida dice otra cosa: la obstetra certificó que nació el 11 de junio de 1981 como hija biológica de ese matrimonio. Según su relato, su padre de crianza le contó que el contacto llegó a través de una hermana de la médica, conocida de Ceresole. También le dijo que la entregaron en una casa de calle Richieri al 2000, en Rosario.
Alzugaray llamó varias veces a la obstetra para saber quién era su madre. La médica le dijo que no recordaba nada y le pidió que no la contactara más.
Durante casi 30 años de búsqueda, Alzugaray conoció a Romina Lobos. Lobos había descubierto de adulta que tampoco era hija biológica de Esther Candusso y José Francisco Lobos. En su partida, la misma obstetra certificó un nacimiento el 5 de agosto de 1982 con una filiación que no existía.
Según la investigación, en los dos casos Artale de Silva entregó a las familias un “certificado de nacido vivo” con su firma, y con ese papel las niñas fueron anotadas en el Registro Civil. Las muestras genéticas fueron tomadas por el Cuerpo Médico Legal de Santa Fe y el Equipo Argentino de Antropología Forense, y las analizó el Banco Nacional de Datos Genéticos. Los resultados descartaron cualquier vínculo biológico entre las dos mujeres y sus padres de crianza.
Cuando la citaron a indagatoria en mayo de 2025, la obstetra se negó a declarar. Dijo que tenía “olvidos involuntarios” y un déficit cognitivo, que atribuyó a un viejo accidente laboral y a un golpe reciente.
Un primer informe del Gabinete Interdisciplinario de los tribunales federales concluyó que no podía comprender el proceso. La querella lo cuestionó porque no decía si ese deterioro era transitorio o permanente. En marzo de 2026, un segundo examen determinó que tenía un deterioro cognitivo leve y que estaba en condiciones de afrontar la causa. El 2 de julio declaró por el caso de Alzugaray, y un mes después Vera Barros la procesó.
En su resolución, el juez sostuvo que no se trataba de un simple error administrativo. Según el fallo, la médica usó de manera consciente un documento público para darle apariencia legal a una filiación falsa, con efectos permanentes sobre la identidad de las víctimas.
La fiscalía pide ahora ayuda para encontrar a las madres biológicas. En especial, convoca a mujeres que hayan dado a luz cerca del 11 de junio de 1981 o del 5 de agosto de 1982. Quienes tengan información pueden llamar al 341-2859127 o escribir a [email protected].
Mientras tanto, la causa contra Dolly Viale de Garrido sigue creciendo. Como reveló LA NACION, la primera denuncia la hizo Roberto Fargioni, que descubrió por ADN que había sido entregado a sus padres de crianza en 1978. Después se sumó Silvina Garrido, hija de crianza de la propia partera, que también fue apropiada. Ella contó que en esos años un bebé costaba lo mismo que un departamento de un dormitorio.
En septiembre, el juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz formalizó la imputación contra Dolly por la identidad de una mujer anotada como nacida el 9 de enero de 1970. También rechazó el pedido de prescripción de la defensa. La defensa apeló, y el 1 de octubre los camaristas Aníbal Pineda, Elida Vidal y Florentino Malaponte confirmaron esa decisión por unanimidad.
Para Pineda, todavía no hay pruebas suficientes para fijar cuándo empezó el delito, y por eso es prematuro discutir la prescripción. En una entrevista radial recordó que, según el criterio mayoritario de la Corte Suprema, la supresión de identidad es un delito permanente: sigue cometiéndose hasta que la víctima conoce su origen biológico, y recién ahí empieza a correr el plazo.
Vidal fue más allá. Describió la hipótesis fiscal como una práctica sistemática que pudo durar al menos 12 años, y planteó que no puede darse por hecho que las madres entregaran a sus bebés de manera voluntaria. Si no fue así, advirtió, podría tratarse de sustracción, retención y ocultamiento de menores (artículo 146 del Código Penal), un delito más grave. “No se prescriben las calificaciones, sino los hechos”, señaló.
La Cámara también intervino en el expediente original de Fargioni, que sigue bajo el viejo sistema procesal. Ese caso había pasado por el juzgado de Marcelo Bailaque y estuvo paralizado durante meses. Con los votos de Vidal y Pineda, la Cámara revocó la decisión de primera instancia y ordenó citar a Dolly a indagatoria, por considerar que hay pruebas suficientes para sospechar que cometió el delito.
Desde que el caso se hizo público, más de 60 personas consultaron a la fiscalía por dudas sobre su identidad. La Conadi informó otras siete partidas firmadas por Viale. La fiscal García tiene un año para completar la investigación. Lo primero será hacer pruebas de ADN para descartar el vínculo biológico con quienes figuran como padres, y recién después podrá sostener que esos certificados son falsos. “Esto para nosotros recién empieza”, dijo.
