El duro cruce en los alegatos contra Gastón Salmain antes de que se defina su destitución
Se espera en un plazo menor a 20 días el veredicto del tribunal del Consejo de la Magistratura. El hecho que más complica a Salmain es haber omitido que fue cesanteado del Poder Judicial.
El Consejo de la Magistratura pidió lo que se daba por descontado: que Gastón Salmain deje de ser juez de la Nación.
En la sala de audiencias del Jurado de Enjuiciamiento, el miércoles pasado, la acusación del Consejo de la Magistratura necesitó poco más de una hora para pedir lo que se daba por descontado: que Gastón Salmain deje de ser juez de la Nación. Lo sostuvieron el senador Luis Juez; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, y la consejera Jimena de la Torre. Del otro lado, los abogados José Manuel Ubeira y Yamil Castro Bianchi pidieron que se rechacen los cargos. Salmain, presente en la sala, usó su minuto final para hablar de sí mismo.
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El tribunal que decidirá está presidido por el camarista Marcelo Bartumeu Romero e integrado por el juez Néstor Barral; las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández. El debate quedó clausurado y el jurado pasó a deliberar. El Consejo de la Magistratura tiene un plazo de 20 días para dar una sentencia.
Caso Gastón Salmain: qué está en juego
Lo que está en juego excede el despacho del juzgado federal, porque Salmain tiene prisión preventiva dictada en la causa Attila, por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Esa detención no se ejecuta solo porque los fueros lo protegen. Si el jury lo destituye, pierde la inmunidad de arresto y, si la cautelar sigue firme, queda preso. La remoción no equivale a una condena penal, pero es la llave que abre la posibilidad de perder su libertad.
La acusación sostiene dos cargos por mal desempeño. El primero es el corazón penal del caso: la medida cautelar que Salmain dictó a fines de 2023 —había asumido en mayo de ese año— para que el fideicomiso Attila comprara 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial en pleno cepo, a cambio de un retorno pactado en torno a los 200.000 dólares, según declaró el financista Fernando Whpei, arrepentido en la causa. El segundo parece menor, pero no lo es: haber omitido en su declaración jurada, al concursar, que en 2002 la Corte Suprema lo había dejado cesante. Esta segunda acusación probablemente sea clave en el análisis del tribunal para destituirlo.
Luis Juez abrió el alegato invirtiendo ese orden. Admitió que, frente a una acusación penal confirmada por la Cámara con pedido de preventiva, la cuestión del currículum podía parecer nimia. Y enseguida dijo lo contrario: para el Consejo, el cargo 2 pesa más que el cargo 1, porque lo que está en discusión es la vara con la que se elige a quienes ocupan el máximo lugar que prevé la Constitución. No es un detalle retórico. Es la confesión implícita de que el problema no empezó en Attila, sino mucho antes, en la puerta de entrada.
El senador cordobés fue el más filoso de la jornada. Reconstruyó la historia que Salmain no contó: entre 1997 y 2002 fue auxiliar en el Juzgado Federal N° 8 de la Seguridad Social, en Buenos Aires, mientras trabajaba en paralelo para un estudio jurídico privado. En 2000, una compañera, Florencia Depetris, lo denunció por haberle ofrecido dinero para direccionar el sorteo de ejecuciones previsionales millonarias hacia ese juzgado, en beneficio de los clientes del estudio.
La investigación, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, incluyó un micrófono oculto en la denunciante. Salmain renunció, la Corte lo cesanteó, fue procesado en 2004 y evitó el juicio con una probation. Cumplió las tareas comunitarias en el Jardín Botánico porteño, después de que la UBA rechazara recibirlo para dar asesoramiento jurídico.
Nada de eso figuró en la declaración jurada que todo postulante presenta ante el Consejo. Durante el juicio, Salmain había ensayado dos explicaciones: que el reglamento solo obligaba a informar sanciones de los últimos diez años y que ese antecedente “no le sumaba puntos”.
Juez desarmó ambos argumentos con ironía: "Estaba concursando para juez, no para el repositor de supermercado. Nos tomó de tontos". Habló de un "olvido inteligente", premeditado, pensado para que su conducta no pudiera ser evaluada. Se burló de las horas en el Botánico preguntándose con qué planta habría hablado. Y cerró con la frase que resume la dimensión política del caso: "Les mandamos a Salmain para combatir los narcos a Rosario. ¡Por Dios!".
Barroetaveña completó el razonamiento desde lo técnico: si Salmain hubiera informado la cesantía, el Consejo debería haberlo excluido del concurso. No había otra salida. La omisión, entonces, no fue un error de forma, sino la condición misma de su designación.
El camarista de Casación se ocupó del expediente que llevó a Salmain al procesamiento. Su síntesis fue terminante: todo lo que hizo el juez fue en contra de lo que dice la ley. Enumeró las irregularidades: dictó la cautelar sin esperar el dictamen de la fiscal Adriana Saccone sobre la competencia territorial; desoyó las objeciones del Banco Central; dio por acreditadas la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora sin sustento; aceptó una caución juratoria cuando correspondía otra; y concedió la apelación con efecto devolutivo, cuando debió ser suspensivo, para que la cautelar siguiera vigente.
Detrás de esa secuencia está la confesión del financista Fernando Whpei, imputado colaborador. Según su relato, el negocio se cerró con el operador judicial y escribano Santiago Busaniche: reuniones técnicas en el despacho de Salmain y arreglos económicos en Buenos Aires. Los dólares llegaron recién después del cambio de gobierno y la devaluación, y el beneficio se redujo a una fracción de lo esperado. Salmain, siempre según Whpei, reclamó igual el pago a través de Busaniche. El financista se negó, y esa negativa terminó en una confesión que abrió la causa. Barroetaveña dio por saldada la discusión sobre la validez de la figura del arrepentido —dijo que había "quedado vintage"— y sostuvo que las pruebas corroboran que las decisiones del juez estuvieron orientadas a favorecer a Attila a cambio de dinero, en un momento en que el resto de los ciudadanos tenía el acceso al dólar severamente restringido.
Cuestionamientos
El primero, normativo: Salmain no estaba obligado a informar un antecedente de dos décadas atrás, y el propio Consejo había fijado límites temporales para las sanciones a declarar. Le exigen, dijeron, algo que la ley no le exige. La acusación, en su versión, construye "un fantasma".
El segundo, el más incómodo para los acusadores: exhibieron el video de la sesión del Senado que aprobó el pliego de Salmain, con el voto de Luis Juez, que entonces integraba la Comisión de Acuerdos. Juez lo había anticipado en su alegato al decir que la omisión impidió a los senadores evaluar los antecedentes completos y que una declaración jurada obliga a decir la verdad. Pero la imagen dejó flotando la pregunta que el sistema no responde: cómo un antecedente penal documentado, con sumario de la Corte y probation, pasó inadvertido por el Consejo y por la Cámara alta.
El tercero, político y casi teológico. Ubeira cuestionó el uso político de las causas penales, desacreditó a Whpei —a quien la defensa denunció por falso testimonio— y recordó que el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también había tenido una probation. Acusó a los acusadores de “una falta absoluta de caridad”, citó la Biblia preguntando quién podía arrojar la primera piedra y pidió que lo dejaran en paz. Y deslizó la lectura de fondo: que en Rosario se libra una “batalla campal” entre Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y que Salmain, un juez señalado como cercano a Lorenzetti, es la pieza con la que se salda esa disputa.
Salmain cerró con una reivindicación personal. Dijo que concursó convencido de que podía desempeñar el cargo, apeló a los testimonios de sus empleados —“eso soy yo, no lo que dice la acusación”— y terminó con una frase de autoayuda: se cayó, se levantó y pidió que lo dejen seguir caminando. Esta frase generó algunas sonrisas socarronas entre los presentes.
La relación con el caso Marcelo Bailaque
El jury a Salmain no puede leerse sin el caso de Marcelo Bailaque, el exjuez federal de Rosario acusado de haber convertido su juzgado en una estructura que favorecía a narcotraficantes y lavadores a cambio de dinero, viajes y reformas en su casa. Bailaque compartía contador —Gabriel Mizzau— con el narco Esteban Alvarado, a quien debía investigar. Los fiscales Juan Argibay Molina, Sergio Rodríguez y Federico Reynares Solari pidieron diez años de prisión para él, cuatro para su esposa Silvina Marcuzzi y seis para Busaniche.
Los dos casos están cosidos por los mismos hilos. Busaniche aparece como operador en ambos. Whpei es arrepentido en ambos. Y según la declaración de Whpei, fue el propio Busaniche quien, con contactos en el Senado, impulsó la designación de Salmain en 2023. La trama que corrompió al juzgado de Bailaque no se extinguió con su caída: según la acusación, se reprodujo en el despacho de al lado.
Pero el contraste más revelador está en cómo terminó cada proceso disciplinario. El Consejo tardó años en mover las denuncias contra Bailaque. Cuando finalmente aprobó un dictamen de más de 190 páginas para enviarlo a juicio político, el jurado ni siquiera podía constituirse porque la vicepresidenta Victoria Villarruel no había designado a los senadores que debían integrarlo. Bailaque presentó su renuncia y Javier Milei la aceptó por decreto en julio de 2025. Nunca se sentó ante un jury. Se fue sin que una institución política dijera, con todas las letras, que no merecía ser juez.
Salmain no tuvo esa salida. El Consejo lo suspendió por unanimidad, el jury se constituyó y el debate llegó a término. En ese sentido, el veredicto que viene puede ser el primero en mucho tiempo en que el sistema de control de la magistratura federal funcione de punta a punta con un juez de Rosario. Aunque llegue tarde.
El jury decidirá si Salmain sigue siendo juez
La frase de Juez —"les mandamos a Salmain para combatir los narcos"— funciona como acusación, pero también como autocrítica involuntaria. En una ciudad donde la violencia narco obligó a reforzar la Justicia federal, el Estado cubrió una vacante clave con un hombre que había sido echado del Poder Judicial por intentar manipular el sorteo de expedientes. El dato estaba en un sumario de la propia Corte y en una causa penal. Nadie lo buscó.
El patrón se repite. Bailaque operó durante años con denuncias acumuladas que no avanzaban. Salmain llegó con un antecedente que ningún filtro detectó, y una vez en el cargo, los fiscales abrieron además una investigación por el volumen inusual de causas previsionales concentradas en su juzgado, que derivó en el levantamiento de su secreto fiscal, bancario y bursátil. En los dos casos, lo que destapó la trama no fue el sistema de selección ni el de control, sino la confesión de un financista que se sintió traicionado.
El jury decidirá si Salmain sigue siendo juez. La pregunta que los alegatos dejaron abierta es otra: cuántos concursos más, en cuántas jurisdicciones atravesadas por el crimen organizado, dependen de que el postulante decida contar la verdad sobre sí mismo.
