Arrancó el juicio político contra el juez federal Gastón Salmain con una fuerte polémica entre la defensa y los acusadores
El magistrado había pedido que declare el financista Fernando Whpei, pero el tribunal lo rechazó. Luis Juez dijo que “debería estar en la cárcel de Coronda” si fuera un ciudadano común.
El juicio contra Gastón Salmain comenzó este martes.
El juicio político contra el juez federal de Rosario, Gastón Salmain, arrancó este martes a la mañana, con cruces fuertes entre los acusadores y defensores del magistrado que está siendo juzgado en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en dos hechos: su rol en el caso Attila, en el que está acusado de recibir sobornos de manos del arrepentido Fernando Whpei, que se vio favorecido con una decisión de Salmain que lo habilitó a comprar 10 millones de dólares por fuera del cepo cambiario, y otro caso, en el que se cuestiona al juez no haber informado sobre una causa en su contra hace más de 20 años que derivó en una cesantía en el Poder Judicial.
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El jurado de enjuiciamiento deberá resolver si Salmain, hoy suspendido, vuelve a su despacho o es destituido. El magistrado está al frente del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, con competencia civil, desde junio de 2024, y llegó a esta instancia procesado por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Pesa sobre él un embargo y un pedido de prisión preventiva que no puede ejecutarse mientras conserve los fueros que le da el cargo.
El núcleo del primer cargo es la resolución con la que Salmain autorizó a los tenedores del fideicomiso Attila, administrado por el financista rosarino Whpei, a adquirir los 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, pese a que el Banco Central se oponía. Según la investigación penal, el favor tenía un precio: el 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el blue, un pago que los fiscales calcularon en unos 200 mil dólares. Whpei es imputado colaborador en esa causa y, a la vez, está procesado en un expediente por extorsión en el que también está acusado el ex juez federal Marcelo Bailaque.
El encargado de exponer la acusación por el caso Attila fue el consejero Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, quien sostuvo que Salmain actuó en connivencia con terceros para beneficiar al demandante a cambio de la promesa de un retorno económico. “Las evidencias permitirán desarrollar cómo fue el trámite, cómo fue la competencia y cuál fue la intervención del juez Salmain, qué hizo frente al planteo de rechazo del BCRA y qué hizo la Cámara Federal que revocó esa medida”, anticipó.
La defensa, a cargo de Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira, salió a negar cualquier vínculo entre el juez y el financista. “La acusación no va a poder probar nada. Va a quedar claro que Salmain no conoce a Whpei. Van a venir los secretarios a contar que esta persona ni siquiera entró al juzgado del doctor. Es imposible arreglar un sorteo en la Justicia Federal de Rosario que depende de la Cámara”, dijo Castro Bianchi. Y les pidió a los jurados que imaginaran a Salmain como alguien que estaba tomando un café en un lugar cualquiera y al que “después le hacen una cama”.
Cuando le tocó hablar, Salmain defendió su fallo contra el BCRA. Afirmó que había resuelto en el mismo sentido que en otro caso vinculado a la Comunicación 3, en el que benefició a un grupo dueño de varios medios de Rosario y que había sido convalidado por la Cámara Federal. “No había perjuicio para el BCRA porque no se estaban embargando sus cuentas. Se estaba ordenando que vendiera dólares a precio oficial a un fideicomiso”, argumentó. Sobre Whpei, fue tajante: “El imputado colaborador dice lo que dice pero no prueba lo que dice”. Aseguró que no lo conoce y que, aunque el financista sostiene haber ido dos veces a su juzgado, nunca pisó el tribunal, algo que según el juez quedará demostrado con los registros de ingreso.
El segundo cargo se remonta a hace 24 años. Cuando era empleado de un juzgado de la seguridad social en Comodoro Py, Salmain fue denunciado por intentar pagarle a una empleada para vulnerar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social y lograr que expedientes previsionales fueran asignados al juzgado N° 8, donde él trabajaba. Los nueve miembros de la Corte Suprema lo dejaron cesante por unanimidad, y la causa penal derivada terminó con una probation. El reproche es que nunca lo informó cuando concursó para ser juez. “Nadie en el Senado lo habría votado de saber ese antecedente”, había dicho el senador Luis Juez cuando el Consejo de la Magistratura resolvió, también por unanimidad, abrir el jury.
La consejera Jimena De la Torre fundamentó esa acusación. “Al doctor Salmain no se lo acusa por lo que pasó. Se lo acusa de haber callado ante los que debíamos evaluar su idoneidad. El postulante tiene la obligación de decir la verdad. Y cuando eso no pasa se rompe la confianza”, sostuvo.
Castro Bianchi replicó que cuando llegó la cesantía su defendido ya había dejado el Poder Judicial. “Declararon cesante a alguien que ya había cesado”, dijo, y agregó que el sistema de inscripción a los concursos no permitía cargar ese tipo de antecedentes. Salmain fue en la misma línea, aunque con un lapsus que no pasó inadvertido: dijo que había dejado el cargo el 1° de febrero de 2002 “en virtud de la denuncia”, y enseguida se corrigió: “de la renuncia”. Con el vínculo laboral extinguido, planteó, la Corte ya no tenía potestad disciplinaria sobre él.
El argumento promete discusión, porque en los archivos del máximo tribunal hay una acordada unánime que documenta que fue echado por su participación en un intento de soborno. Salmain admitió que no consignó su paso por la Justicia al concursar “porque no daba puntos”, pero recordó que ante una pregunta del consejero Rodolfo Tailhade dijo haber trabajado dos años en el cargo más bajo. Lo que no mencionó, y es lo que le reprocha la acusación, es por qué se fue. Para reforzar su defensa apuntó contra el recién designado camarista de la Seguridad Social Fernando Strasser, quien según él concursó sin declarar dos sanciones de hace más de diez años. “No uso estos ejemplos para que juzguen a un tercero, sino para demostrar que en el propio reglamento pusieron diez años” como límite, explicó.
Ubeira, uno de los abogados más conocidos de Cristina Fernández de Kirchner, llevó la discusión al terreno político. Cuestionó que se haya rechazado la declaración de Whpei como testigo y trazó un paralelo con la causa Cuadernos por lo que considera un uso espurio de los arrepentidos. “Si la propia acusación lo baja a Whpei es porque no lo quiere escuchar. Y no lo quiere escuchar porque si lo escuchan encontrarán a un girador. Un girador al cual lo han apretado de la peor forma por otros crímenes cometidos. Y el girador a cambio entregó un juez”, afirmó. Según el defensor, detrás del caso hay una disputa de poder entre los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti que se pretende saldar “con la liquidación del doctor Salmain”.
Hacia el final, el propio juez se quejó de que por primera vez se habilitó la feria judicial para avanzar con un jury, que no le admitieron testigos y que todo el trámite se resolvió en apenas seis meses. “Meteórico, y esto no fue porque sí. Esto es porque les pasa el tiempo y se les cae la causa penal”, dijo. Y cerró: “Es obvia la persecución que recae sobre mi persona. Se llega a esta instancia con operaciones, con mentiras, con falsos arrepentidos y presumiendo que oculté cosas que nunca he ocultado. No existe una sola prueba”.
De la Torre ya había delimitado el alcance del proceso: el jury no decidirá si Salmain cometió un delito, sino si puede seguir juzgando a otros. “Lo que está en juego no es la libertad de una persona sino su aptitud para esta función”, dijo.
El jurado está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.
