Celulares en la cárcel y fiscales presos: el cuadro que favorece a Fernando Cerimedo en Bolivia

Fernando Cerimedo pasa sus días en Chonchocoro, el penal de máxima seguridad de La Paz, Bolivia, pero su situación parece mejorar cada semana. El miércoles, efectivos del penal decomisaron un celular que, según el informe de Régimen Penitenciario, un interno pretendía hacerle llegar.

Una semana antes, el fiscal general que lo investigaba había sido detenido junto a buena parte del equipo que llevaba las causas en su contra. Y su abogado ya habla de una posible liberación en noviembre.

El episodio del teléfono lo confirmaron el director nacional de Seguridad Penitenciaria, coronel Aldrin Cordero, y el gobernador de Chonchocoro, mayor Edgar Espinoza. El aparato estaba en poder de un preso que vende comida dentro del penal y que, según los jefes policiales, intentaba esconderlo cuando fue descubierto. Las autoridades admitieron que no hay parentesco ni vínculo conocido entre ese interno y Cerimedo, pero sostienen que la revisión del dispositivo les permite presumir que su destinatario era el consultor. Se abrió un sumario y el preso quedó bajo un régimen de custodia.

Fernando Cerimedo pasa sus días en Chonchocoro, el penal de máxima seguridad de La Paz, Bolivia.

Para Nadia Beller, la expareja de Cerimedo y víctima del intento de femicidio por el que él está preso, el decomiso es una cortina de humo. Su denuncia apunta a algo más grave: que Cerimedo ya tiene un teléfono propio, fuera del control penitenciario. Beller advirtió que una cuenta de Telegram asociada al mismo número de celular argentino que la policía le secuestró para peritaje volvió a mostrar actividad. Solo hay dos explicaciones posibles: o Cerimedo usa esa línea desde otro aparato dentro de Chonchocoro, o la Fiscalía, ahora bajo una conducción interina, le devolvió el material secuestrado sin respetar la cadena de custodia.

La denuncia no es menor. Según Beller, a través de esa vía el detenido mantendría contacto con el exterior, coordinaría acciones y movería fondos. Semanas atrás, el senador boliviano Leonardo Roca había alertado que una billetera fría de criptomonedas atribuida al patrimonio de Cerimedo seguía registrando transacciones. “¿Quién le proporcionó ese dispositivo? ¿Quién lo está ayudando?”, preguntó Beller.

La caída de los fiscales

El contexto explica la inquietud. Tras su captura cuando intentaba salir de Bolivia, después del ataque contra Beller en agosto, a Cerimedo se le abrieron cuatro causas penales: por la tentativa de femicidio, por episodios previos de violencia contra ella, por enriquecimiento ilícito y por presuntos vínculos con el narcotráfico. La investigación incluía chats que, según la acusación, mostraban la contratación de dos sicarios colombianos.

Quien conducía ese proceso era Roger Mariaca. A fines de septiembre, el fiscal general fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, junto al fiscal departamental Alberto Zeballos, horas después de que se difundiera un video grabado durante la captura de Sebastián Marset en marzo. En esa grabación, el narcotraficante uruguayo, hoy extraditado a Estados Unidos, se refiere a Mariaca como su amigo. Los arrestos llegaron dos días después de que Washington revocara la visa de Mariaca por presunta corrupción significativa. La purga alcanzó a 14 funcionarios de alto rango, entre fiscales, jefes policiales y el exdirector de la fuerza antinarcóticos, según el OCCRP.

Cerimedo no es un detenido cualquiera. Asesoró la campaña del presidente Rodrigo Paz.

Las imputaciones contra Mariaca son graves y deben ser investigadas. Pero el efecto colateral es evidente: la estructura que acusaba a Cerimedo quedó desarmada y los procesos, paralizados. Diez días antes de su detención, Mariaca había advertido a “altos funcionarios del Ejecutivo” que intentaban bloquear la causa contra el consultor que debían prepararse para enfrentar las consecuencias. En las horas previas a su arresto volvió a prometer públicamente que avanzaría con esa investigación. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reconoció luego que el gobierno tenía el video de Marset desde marzo. Nadie explicó por qué se difundió recién entonces.

Cerimedo no es un detenido cualquiera. Asesoró la campaña del presidente Rodrigo Paz y circula en el entorno de la derecha estadounidense: en febrero fue distinguido en Mar-a-Lago como consultor político hispano del año.

Al frente del Ministerio Público quedó José Armando Urioste, designado por la Asamblea Legislativa como fiscal general interino por 90 días. El día de su asunción, el vicepresidente Edmand Lara difundió un audio atribuido a una conversación amistosa entre Mariaca y Cerimedo, en la que acordaban un encuentro en Santa Cruz. Urioste anunció que lo investigará: “No entiendo por qué tuvieran una relación así tan amistosa”, dijo. El audio, cuya autenticidad no fue peritada, introduce una pregunta incómoda que nadie respondió: si el fiscal y el acusado eran cercanos, ¿qué rol cumplía cada uno?

Beller pone en duda que la nueva gestión pueda garantizar la custodia de las pruebas y la independencia de la investigación. Mientras tanto, la defensa de Cerimedo se muestra confiada.

Del lado argentino, Cerimedo dejó negocios que todavía no tienen explicación. Iceberg reveló que el consultor desembarcó en la Hidrovía Paraná-Paraguay a través de Sanabria SRL, una firma de Puerto General San Martín, a unos 35 kilómetros de Rosario, que funcionaba como guardería náutica y se reconvirtió para proveer combustible a las barcazas que navegan el Paraná.

Según el Boletín Oficial de Santa Fe, el 31 de mayo de 2024 Surlibre Inversiones SA compró el 30% de Sanabria SRL. Surlibre fue fundada ese mismo mes por Cerimedo y Vicente Federico Quintanal, el empresario que quedó al frente de buena parte de sus negocios en la Argentina y que asumió como socio gerente de Sanabria. El edicto que formalizó la operación se publicó recién en febrero de 2026, casi dos años después.

En el predio no hay inversiones visibles: es un terreno de tierra que llega hasta la orilla del río. La pregunta de fondo sigue abierta: para qué querría un consultor político una empresa en la Hidrovía que no opera. El dato no es abstracto. Esa ruta fluvial, clave para el agro, se consolidó en los últimos años como un corredor de salida de cocaína hacia Europa, Asia y Oceanía. El plan iba más allá: Quintanal gestionaba la compra de 30 hectáreas lindantes, que pertenecieron a la ex Terminal 17 de la Junta Nacional de Granos, para levantar un puerto multipropósito. La operación quedó trunca con la detención de Cerimedo.

Esa red societaria incluye además firmas energéticas, como Patagonia Energy Holding SA y Australis Energy Group SRL, en las que participa Natalia Basil, otra expareja de Cerimedo, y que Beller vinculó con el combustible que cruza hacia Bolivia.

Cerimedo está preso, pero el teléfono que no debía tener, los fiscales que ya no lo investigan y el puerto que nunca funcionó dibujan una misma pregunta: quién lo protege, y desde dónde.