Cerimedo, con un puerto fantasma en la hidrovía y una acusación por narcotráfico en Bolivia
El exasesor presidencial adquirió, a través de su socio, una guardería de lanchas en Puerto General San Martín que quiere transformar en una agencia naval.
Puerto "fantasma" en la hidrovía: una bajada de tierra desde la barranca hacia la ribera del Paraná, sin ninguna obra de infraestructura.
A la par de las causas por el intento de femicidio de su expareja Nadia Beller y por enriquecimiento ilícito, se sumó una por narcotráfico, que investiga el fiscal de Beni Alexander Mendoza, quien está previsto que le tome declaración a la mujer a la que intentaron matar dos sicarios.
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Esta nueva causa por supuestas actividades vinculadas al narcotráfico contra el exasesor de Javier Milei se conoce, luego de que AIRE publicara que Cerimedo aparecía ligado, a través de su socio Vicente Federico Quintanal -con quien comparte la dirección de una decena de firmas creadas a partir de 2024-, a un puerto “fantasma” en la hidrovía, que tiene una habilitación precaria de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación pero no cuenta aún con el permiso del municipio de Puerto General San Martín.
Según pudo comprobar este medio, ese “puerto” es una bajada de tierra desde la barranca hacia la ribera del Paraná, sin ninguna obra de infraestructura que justifique que allí pueda funcionar un puerto. El frente del terreno, según fuentes ligadas al sector, tiene 22 metros, por lo que no pueden amarrar los remolcadores de barcazas, que tienen una eslora de entre 60 y 64 metros. Ese puerto, inscripto por la empresa Sanabria SA, que antiguamente era una guardería de lanchas, estaría destinado a la provisión de combustible para los remolcadores que empujan las barcazas por el Paraná. El tráfico en época de cosecha es de más 350 de este tipo de embarcaciones por día, y la flota total es de más de 3500 barcazas.
A los referentes del sector no les cierra la instalación de ese puerto para el propósito que tiene. Al lado del predio de la empresa Sanabria SA, está emplazada la firma Aigre Sa, cuyos accionistas son Ferroviaria Boliviana, una empresa de Santa Cruz de la Sierra. Según fuentes del municipio de Puerto General San Martín y empresarios de la zona, allí funcionaban silos subterráneos que pertenecían a la ex Junta Nacional de Granos, pero ese predio está abandonado desde hace más de dos décadas. Es otro lugar fantasma.
Aigre Sa es una firma radicada en Montevideo, Uruguay, que luego fue adquirida por Ferroviaria Boliviana. Hay versiones que indican que la gente ligada a Cerimedo habría hecho gestiones para comprar esta empresa de capitales bolivianos.
Los terrenos en la ribera del Paraná, en esa zona donde están asentadas las terminales agroexportadoras, tienen un alto valor por la cuestión estratégica, pero además porque no hay extensiones de tierras desocupadas.
Cerimedo entró en el negocio portuario a través de un traspaso accionario que se llevó adelante el 31 de mayo de 2024, pero que recién fue publicado en enero de 2026. Ingresó de la mano de la sociedad Surlibre Inversiones SA. Según datos del Boletín Oficial de Santa Fe, Sergio Ezequiel Amarilla cedió 100 cuotas sociales a favor de Surlibre Inversiones SA, e Iván Alberto Sanabria -quien era el referente de la guardería- cedió 50 cuotas sociales a favor de la misma sociedad, cuyo directivo es Fernando Cerimedo.
Pero la administración de esa sociedad quedó a cargo de Iván Alberto Sanabria, Amarilla y Vicente Federico Quintanal, en forma conjunta, como socios gerentes. La Nación se contactó con Iván Sanabria, el socio local de Cerimedo y Quintanal, que se negó a contestar una serie de preguntas. Sanabria afirmó que difundiría un comunicado en el que se darán explicaciones sobre la empresa, que es mirada con desconfianza por los referentes del negocio portuario de la región.
Quien entró a la gerencia por el lado de Surlibre no fue Cerimedo en persona, sino Quintanal, su socio en más de una docena de firmas que se conformaron en los últimos tres años. Según fuentes del negocio portuario, desde el ingreso de Surlibre, la firma consiguió una autorización de la Agencia Nacional de Puertos, con el rótulo “declarativa de obra”. Sin embargo, más allá del movimiento de tierra no se ve que estén realizando obras de infraestructura en esa zona.
El domicilio de Surlibre es Tucumán 1438, piso 2, oficina 202, CABA, la misma dirección que aparece en otras empresas ligadas al socio de Cerimedo , como Compañía Sudamericana de Inversiones SA, constituida en abril de 2024; y Australis Energy Group SRL, originada el 30 de julio de 2025, con un objeto que abarca la exploración geológica, de hidrocarburos, litio, oro y gas. Natalia Basil (casada con Cerimedo) posee el 50 % de esta última firma y ejerce la gerencia, mientras que Quintanal comparte el control. También comparten domicilio con Surlibre Patagonia Energy Holding SA, integrada por Quintanal, Basil y Roque Cambareri; y MDZ SA, creada el 18 de noviembre de 2025.
La pregunta que rodea este tema es para qué Cerimedo querría tener un puerto en la hidrovía, una zona estratégica para el sector agroexportador -desde Timbués a Villa Constitución salen el 85 por ciento de las exportaciones agrícolas-, que con el aumento de la cosecha desde la campaña pasada funciona a un ritmo infernal. Por día ingresan a las terminales un promedio de 9.000 camiones cargados con granos y cereales.
La cara oscura de la hidrovía
La hidrovía también esconde una cara oscura, que tiene que ver con el contrabando internacional de drogas desde Paraguay, Argentina y Uruguay. Aunque en la zona ni quieren mencionar el tema, la logística narco se mueve en esas zonas grises en torno a la ribera del Paraná. El narco Brian Bilbao, detenido en 2025, había montado dos pistas de aterrizaje en la región, una de ellas al lado del country Campo Timbó, en Oliveros, que está al lado de Timbúes y Puerto General San Martín.
La sospecha de los investigadores de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) es que la droga que arribaba en las avionetas desde Bolivia y Paraguay tenía como destino el contrabando internacional. Algo similar ocurrió con el desmantelado Clan Loza, que acopiaba la cocaína boliviana en Granadero Baigorria, cerca de los puertos, y con Jorge Rodríguez Granier, un narco boliviano, detenido en el penal federal de Ezeiza, que operaba en la zona y tenía vínculos estrechos con Primer Comando Capital (PCC), el grupo criminal brasileño de mayor expansión en Latinoamérica.
Cerimedo: una acusación por narcotráfico en Bolivia
La causa por narcotráfico contra Cerimedo en Bolivia se originó a partir de las declaraciones que hizo su expareja Nadia Beller. El exasesor de Javier Milei está acusado de mandarla a matar con dos sicarios.
Según informaron fuentes del Ministerio Público boliviano a AIRE de Santa Fe, el fiscal pretende que Beller confirme las acusaciones que hizo contra su expareja. Esta abogada boliviana habría dicho que Beller encubría vuelos narcos que despegaban de esa región que limita con Brasil.
“Su excusa era que liberaba las avionetas para ponerles radar y luego bajarlas. Nunca me aceptó que recibió dinero por corrupción, sino de manera disimulada para ponerles radar, bajarla y así deshacerse de los narcotraficantes”, afirmó Beller en declaraciones a los medios bolivianos.
De acuerdo a la denuncia de la abogada, la maniobra real habría consistido en dar protección a ciertos vuelos y liberar aeronaves con el fin de interceptarlas después, ocultando que el verdadero objetivo era cobrar dinero ilícito de la corrupción y “eliminar” a competidores dentro del narcotráfico. También advirtió que el entorno del consultor instalaba dispositivos GPS en las avionetas en el municipio de Santa Ana de Yacuma para monitorear, rastrear y controlar las operaciones aéreas clandestinas.
La mujer dijo que tiene en su poder y está dispuesta a entregar a la justicia chats, audios y documentos que comprometen tanto a Cerimedo como a ciertas esferas del gobierno boliviano en estas operaciones irregulares.








