El Gobierno cree que lo más redituable electoralmente es vetar todo lo que vulnere el equilibrio fiscal. Una jugada arriesgada, teniendo en cuenta que la composición del Congreso no lo favorece.
Javier Milei junto a los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados, Victoria Villarruel y Martín Menem.
El Gobierno de Javier Milei afrontó una semana difícil dentro y fuera del Congreso. Si bien logró blindar en la Cámara de Diputados el veto a la ley que establecía una mejora en los haberes jubilatorios, gracias al transfuguismo de cinco diputados radicales y la abstención de otros ocho legisladores de fuerzas provinciales, en el Senado sufrió una fuerte derrota de impredecibles consecuencias políticas.
En efecto, allí la oposición unió fuerzas y rechazó, por primera vez en la historia parlamentaria, un decreto de necesidad y urgencia –el que dispuso un aumento de los gastos reservados en inteligencia de 100 mil millones de pesos–, al tiempo que convirtió en ley un aumento en el presupuesto universitario.
La iniciativa, promovida por la UCR, propone una actualización no solo del gasto de funcionamiento de las casas de altos estudios, sino también de los sueldos docentes y no docentes.
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El presidente confirmó el viernes por la tarde que vetará la ley sancionada por el Congreso. Desde la oposición anticiparon que en cuanto Milei estampe su firma en el veto total se convocará a una sesión especial en Diputados para insistir en la ley.
Previamente a la sesión se llamará a una movilización universitaria en todo el país para presionar a los legisladores que votaron a favor a que no den vuelta su voto como hizo una quincena de diputados –entre radicales y provinciales- con la ley jubilatoria.
En la memoria está fresca la movilización de abril último, cuando la comunidad educativa universitaria ha mostrado una capacidad de movilización masiva que interpeló transversalmente a toda la sociedad.
Esa movilización congregó en total más de un millón de manifestantes en las principales ciudades del país y obligar por primera vez al Gobierno a replantearse su política, aunque sin modificarla de fondo.
Una nueva marcha, esta vez contra el veto, le implicaría un fuerte costo político, en este caso en el sector juvenil de la sociedad, el mismo que masivamente se volcó a las urnas el año pasado para apoyar la causa libertaria.
El Gobierno, sin embargo, cree que es más redituable electoralmente vetar todo aquello que vulnere el equilibrio fiscal, más aún si la ofensiva proviene de “la casta”.
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Respecto de la ley de financiamiento universitario, el artículo más resistido es el que establece una recomposición salarial para el personal docente y no docente desde diciembre de 2023.
Además, establece la actualización de los créditos presupuestarios destinados a las universidades públicas, ajustados trimestralmente por la inflación y descontando previamente los aumentos otorgados durante el año.
“Esto es, lisa y llanamente, populismo legislativo”, sostuvo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a la hora de justificar el inminente veto presidencial.
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“Nosotros haciendo números, suponiendo que fuese desde diciembre, estaríamos hablando, no es el 0,14 del PBI como dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, sino que es mucho más, es tres veces más. O sea, es 1.2 billones, lo cual es completamente inviable”, enfatizó el funcionario libertario, quien cuestionó que los legisladores se entrometan, con esta ley, en la negociación paritaria –aún sin resultados- que mantiene el Gobierno con los sindicatos docentes.
El Gobierno está decidido a jugar a fondo. El presidente Milei presentará este domingo en el Congreso un proyecto de ley de presupuesto 2025 y no desaprovechará la oportunidad para embestir contra “los degenerados fiscales” que pretenden torpedear su política económica. Inaugurará una nueva etapa en la que no habrá lugar para los tibios: o se está con el Gobierno o se está en contra.
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