El veto al aumento de las jubilaciones atenta contra uno de los grupos más vulnerables y más perjudicados por el ajuste del Gobierno. Se viene más malestar social.
El viernes, el presidente Javier Milei se reunió con legisladores nacionales en la Casa Rosada.
El veto total del presidente Javier Milei a la ley que mejora las jubilaciones será considerado por la oposición como una virtual declaración de guerra al Congreso. Con resultados pírricos para el presidente, afirman los opositores, porque, aunque estos no alcancen los dos tercios de los votos para insistir en la norma, semejante mazazo caldeará todavía más ánimos, le complicará al Gobierno la sanción de las leyes por venir y le abrirá la puerta a nuevas y más agresivas iniciativas opositoras.
Cuando el presidente devuelva vetada la ley a la Cámara de Diputados –su cámara de origen– oficialistas y opositores desatarán una carrera frenética para reunir votos, unos para defender el veto, otros para insistir con la ley original.
Si La Libertad Avanza alcanza al menos 86 voluntades, habrá ganado la partida: representa el tercio de la Cámara, suficiente para bloquear la ofensiva opositora, que de acuerdo a la Constitución necesita al menos dos tercios para imponerse.
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La reunión que celebró Milei en persona con diputados de La Libertad Avanza, el PRO y el MID, el viernes por la tarde, tuvo como objetivo cerrar filas para neutralizar una eventual insistencia opositora.
“Vamos a respaldar el veto. Ya lo planteó el presidente de nuestro partido Mauricio Macri y nosotros ratificamos lo que ya fue expresado por él”, dijo el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo.
El rechazo presidencial a la ley de jubilaciones se justificará sobre lo que el mandatario ya hizo público: el impacto fiscal de la ley sancionada por el Congreso y el presunto incumplimiento la Ley Administración Financiera, que obliga a presentar fuentes de ahorro fiscal en caso de leyes que aumentan gastos.
Los bloques dialoguistas –la UCR y Encuentro Federal– se esperanzaron en vano que a último minuto Milei diera marcha atrás y, en lugar de aplicar un veto total, sus observaciones a la ley fueran parciales, manteniendo en pie el aumento del 8,1% de recomposición de los haberes por el impacto inflacionario de enero pasado, que el Gobierno no reconoció.
¿Cuán lejos o cerca está de alcanzar los 86 votos para bloquear la insistencia? Con Mauricio Macri de su lado, que avaló el veto presidencial anunciado por Milei, pese a que los senadores de su bloque habían votado a favor de la ley, el oficialismo podría reunir 74 voluntades entre ambas bancadas. Los pequeños bloques que suelen orbitar alrededor del oficialismo –MID, Buenos Aires Libre y FE–, que votaron en contra del proyecto jubilatorio cuando se trató en junio pasado, suman otros seis. Total: 80.
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El oficialismo descuenta que, con un par de llamados a gobernadores afines –como el peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)– se acercaría con otros cuatro votos al número dorado.
Como pocas veces antes, la Casa Rosada someterá a prueba la maleabilidad de los mandatarios provinciales; si además logra meter una cuña en el bloque radical con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), los dos mandatarios más amables con el Gobierno, podrá neutralizar a sus adversarios.
Las matemáticas, sin embargo, suelen no ser tan exactas ni predecibles en contextos políticos tan volátiles como frágiles.
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La oposición cuenta con una ventaja: la Constitución Nacional no prevé plazos para insistir con una ley vetada por el Poder Ejecutivo. Hay antecedentes parlamentarios de leyes insistidas después de un año de haber sido observadas. Nada los obliga a apurar el tranco; es más, algunos advierten que una sesión apresurada, sin los dos tercios garantizados, derivaría en una derrota que les impediría volver a tratar la iniciativa en lo que resta del año parlamentario. Artículo 83 dixit de la Constitución Nacional.
“Milei se arriesga a jugar con fuego”, avisan en la oposición. No sólo por los eventuales contraataques del Congreso; también por el costo político que entraña un veto que, más que afectar a los legisladores que votaron la ley, atenta contra uno de los grupos poblacionales más vulnerables y, paradójicamente, más perjudicados por el ajuste fiscal del Gobierno, con el malestar social que eso conlleva.
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