El 1° de marzo, Javier Milei deberá volver al Congreso para el acto de apertura del período ordinario de sesiones.
A partir del mes próximo, una vez que el Congreso Nacional reinicie su labor legislativa ordinaria, la oposición encarará el difícil desafío de ponerle límites al gobierno de Javier Milei, que hace del shock del ajuste su bandera de gestión sin trepidar en sus consecuencias sociales.
En su obsesión de alcanzar el déficit cero, el presidente cortó transferencias de cuajo a las provincias y licuó, por obra y gracia de la devaluación que él mismo dispuso en los albores de su mandato, los ingresos de jubilados, salariados y no asalariados, situación que sumió a la Argentina en un nivel inédito de pobreza del 57,4%.
A partir del 1° de marzo, cuando se inauguren las sesiones ordinarias, tanto la Cámara de Diputados como el Senado retomarán el control de la agenda parlamentaria. Y, con él, la posibilidad de impulsar iniciativas propias, además de tratar las que envíe el Poder Ejecutivo.
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Una de las prioridades de los legisladores de la oposición será la de discutir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La fórmula vigente provocó una caída estrepitosa en el nivel adquisitivo de los jubilados y pensionales, como así también de aquellos beneficiarios de asignaciones sociales cuyos ingresos varían según esta fórmula de movilidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, solo en enero pasado la caída fue del 32,5% en términos reales (descontada la inflación), una de las más pronunciadas en dos décadas.
Aun con el aumento del 27,18% que anunció el Ministerio de Economía a partir de marzo, sumado al bono de $70.000 destinado a los haberes mínimos, el poder adquisitivo de los jubilados continuará en caída libre por el efecto corrosivo de la inflación.
Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), uno de los principales centros de investigación sobre asuntos previsionales, la jubilación mínima alcanzará en febrero un valor real –en términos de poder de compra– inferior al registrado durante la crisis económica de la convertibilidad en 2002.
Si bien el Poder Ejecutivo declama que presentará al Congreso un proyecto con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, en el Congreso los bloques de oposición dialoguista buscarán apurar los tiempos para resolver el problema más allá de los tiempos que se tome el Gobierno. Incluso del bloque del PRO, el más afín a la Casa Rosada, admite que la cuestión no admite más dilaciones. En esa línea se inscriben el radicalismo, Hacemos Coalición Federal e incluso los bloques opositores más cerriles, como la izquierda y el kirchnerismo.
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En estudio hay varias alternativas. La Coalición Cívica hizo punta con un proyecto que propone actualizar los haberes jubilatorios acorde al índice inflacionario desde enero último. La bancada de PRO, con María Eugenia Vidal a la cabeza, sugiere retomar aquel principio de acuerdo que quedó trunco con el fracaso de la “Ley de Bases” en el Congreso. Allí, el Poder Ejecutivo se comprometió a aceptar que los haberes se indexen por inflación a partir de abril, tomando un 10% del mes de enero, que no era computado en la actualización.
Además de la cuestión jubilatoria, hay otros temas que los legisladores pretenden llevar al recinto cuanto antes. Ante la inminencia del inicio de clases en todo el país, distintos bloques opositores insistirán en prorrogar la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente que oscila entre el 10 y el 15% de los sueldos de los maestros que paga la Nación.
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Estos mismos bloques reclaman, además, que el gobierno de Javier Milei actualice, por inflación, las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales.
El riesgo para el oficialismo es que, si logran acordar textos en común, estas bancadas podrían reunir una mayoría más que suficiente como para aprobarlos en el recinto. Si los libertarios –en alianza con el PRO– intentan demorar su tratamiento no convocando a las comisiones correspondientes –de hecho, la mayoría aún no están constituidas-, con dos tercios de los votos la oposición puede aprobarlo sobre tablas, es decir, sin dictamen previo.
Los libertarios no tendrán otra opción que negociar con los opositores para que estas iniciativas no impacten demasiado en las cuentas fiscales; la otra opción, extrema por naturaleza, es el veto.
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