El diputado de la UCR, Maximiliano Pullaro, su hermano, Damián, y el exdirector de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Pablo Cococcioni, hicieron sus respectivas presentaciones ante la Justicia santafesina con la finalidad de ser informados si fueron víctimas de espionaje ilegal. Las presentaciones se realizaron en la mañana de este martes ante la división de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde se investigan presuntos hechos de espionaje ilegal realizados desde el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de Marcelo Sain.
El diputado de la UCR, Maximiliano Pullaro, su hermano Damián y el exdirector de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Pablo Cococcioni, hicieron sus respectivas presentaciones ante la Justicia santafesina.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalLeer más ► Presuntas víctimas de espionaje ilegal harán una presentación judicial
A través de la presentación ante el MPA, las presuntas víctimas pretenden saber si existen documentos o datos de diversa índole que hayan sido recopilados o recabados por funcionarios o exfuncionarios de la cartera de Seguridad, sin las debidas autorizaciones judiciales. En caso de que exista esa documentación, se pretende tener acceso a la totalidad del material obtenido ilegalmente.
Asimismo, Pullaro y Cococcioni quieren saber quiénes son los autores de las maniobras de espionaje y reclaman que se tomen las medidas necesarias para esclarecer los hechos investigados. Al respecto, mediante sus redes sociales, el diputado Pullaro expresó que “la Justicia tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y saber realmente lo que sucedió con este carpetazo masivo y tal vez encontremos respuestas a porque Perotti, a pesar de que Sain empeoró todos los índices de Seguridad lo siguió manteniendo en su cargo”.
“Marcelo Sain y su equipo empeoraron todos los índices de Seguridad en la provincia de Santa Fe: aumentó la violencia, se multiplicaron por 2 los heridos de bala, un 60% los homicidios, un 100% el robo, más de 100% el hurto”, advirtió el actual legislador provincial.
En cuanto a la figura del gobernador, Pullaro dijo que “tanto si Perotti estaba al tanto o no de los carpetazos, el hecho es grave. Quiero creer que no lo estaba, pero eso no le quita gravedad al hecho porque Omar Perotti es el gobernador y sostuvo a Sain al frente del Ministerio con los peores resultados en años”.
Este lunes, se conocieron novedades en el marco de la investigación que llevan adelante los fiscales de la división de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez. Versiones periodísticas dieron cuenta de un listado de presuntas víctimas de espionaje ilegal. Ante ese escenario, Aire Digital adelantó la presentación judicial que se concretó este martes.
En contacto con este medio, Pullaro había reconocido que la información difundida hasta el momento no lo sorprendía y había afirmado que la causa por espionaje ilegal “es un hecho de una gravedad institucional que no tiene antecedentes en el período democrático de la provincia de Santa Fe”.
“Éstas son prácticas de los servicios de inteligencia de la dictadura”, sostuvo el legislador, uno de los primeros en advertir sobre las prácticas ilegales que supuestamente se llevaban a cabo en la órbita de la cartera de Seguridad durante la gestión Sain.
También a funcionarios propios
Uno de los puntos que sorprendió es que entre los “espiados” hay funcionarios del gabinete del propio gobernador Omar Perotti. Uno de ellos es el director de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo. En un breve diálogo con este medio, Aymo reconoció estar “totalmente sorprendido. No me lo esperaba. No salgo de mi asombro”. Según comentó el funcionario, no advirtió ningún indicio que lo hiciera sospechar que era objeto de espionaje ilegal.
Leer más ► Allanamientos en el Ministerio de Seguridad: Sain habló de "lawfare" en Santa Fe
Allanamientos
El pasado 26 de noviembre y por orden de dos fiscales de la ciudad de Santa Fe se realizaron allanamientos en las sedes de Santa Fe y de Rosario del Ministerio de Seguridad de la provincia. Signados por un total hermetismo, los operativos se dieron en el marco de dos causas que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández del Ministerio Público de la Acusación (MPA): la compra de armas y espionaje ilegal. En el operativo –ejecutado por el Organismo de Investigaciones– se secuestraron teléfonos celulares de funcionarios. Tras los operativos, una decena de funcionarios de la cartera de Seguridad de la provincia renunciaron a sus cargos.
Te puede interesar
