viernes 20 de mayo de 2022
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Empresarios están preocupados por las denuncias de supuesto espionaje en Santa Fe

Luego de que conocieran identidades de dirigentes políticos y judiciales que habrían víctimas de espionaje ilegal en Santa Fe, ahora se dieron a conocer nombres de empresarios y productores. Para el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe se trata de "un hecho de singular gravedad institucional".

El 2022 arrancó con el avance de una causa judicial que promete profundizar la crisis institucional por la que atraviesa la provincia de Santa Fe. Se trata de la investigación sobre presuntos hechos de espionaje ilegal realizados con recursos e infraestructura del Estado. En primera instancia, se habían filtrado los nombres de dirigentes políticos –tanto del oficialismo como de la oposición- pero en las últimas horas, también trascendieron identidades de empresarios.

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Por eso, desde el sector empresarial y productivo santafesino expresaron su preocupación y reclamaron al poder político y judicial medidas tendientes a esclarecer el hecho.

Mediante un comunicado, el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe sostuvo que “ante denuncias que han tomado estado público sobre posibles investigaciones y/o recopilaciones de información efectuadas de manera ilícita en el ámbito de la provincia de Santa Fe, sobre empresarios, profesionales, organizaciones y entidades productivas, comerciales y de servicios, las instituciones expresan su preocupación e instan a las autoridades competentes a que agoten los medios para investigar los hechos denunciados”.

“La confirmación de estos eventos implicaría un hecho de singular gravedad institucional, que perturba la seguridad de las personas humanas y jurídicas, como así también a los valores y principios básicos de la vida en democracia”, remarcaron.

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Los hechos investigados se habrían producido cuando Marcelo Sain era ministro de Seguridad de Santa Fe.

Los hechos investigados se habrían producido cuando Marcelo Sain era ministro de Seguridad de Santa Fe.

Por la causa, fueron relevadas hasta el momento 661 carpetas con los nombres políticos, fiscales, abogados, policías, empresarios y sus firmas y hasta algunos periodistas.

Dichas carpetas, fueron caratuladas como “perfiles” que eran creados sobre la base del cotejo de redes sociales y de bases de datos de organismos nacionales o provinciales. Según trascendió, los “perfiles” encontrados pudieron haber sido creados entre enero del 2020 hasta por lo menos el 26 de noviembre, fecha en la que se concretó el allanamiento del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) bajo un clima de masivas renuncias en la cartera, ya que en ese entonces renunciaron doce funcionarios que eran parte del equipo de Marcelo Sain.

Políticos, fiscales y policías

Entre los nombres que surgieron de esas carpetas aparecen los nombres como el exgobernador Antonio Bofatti y los diputados provinciales Julio “Paco” Garibaldi, Julián Galdeano y Maximiliano Pullaro. Además, figuran el extitular de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, y quienes lo suplantaron durante la actual gestión actual: Héctor “Pirucho” Acuña; y el posterior reemplazo, Jorge Bortolozzi, quien en la actualidad se desempeña como Secretario de Seguridad Pública.

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En la nómina surgen también el diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, persona cercana al gobernador Omar Perotti; la vice gobernadora Alejandra Rodenas, el actual ministro de Seguridad, Jorge Lagna; Osvaldo Aymo (de Seguridad Víal); y Lautaro Sappietro (del área de Armas del gobierno provincial). De las carpetas relevadas aparecieron otros nombres vinculados a la Justicia, tanto provincial como federal. Es el caso de los fiscales provinciales, ya que hay al menos cinco del Ministerio Público de la Acusación: Matías Edery, Adrián Spelta y Luis Schiappa Pietra, de la jurisdicción de Rosario; Aquiles Balbi de San Lorenzo y Gabriela Lema de Rafaela. Otro de los nombres es del actual juez federal de Santa Fe (N°2) y Rosario (N°4) Marcelo Bailaque. También la exjueza federal de Rosario Laura Inés Cosidoy.

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El viernes 26 de noviembre, agentes del Organismo de Investigaciones irrumpieron en las sedes de Seguridad de Rosario y Santa Fe, para recolectar evidencia sobre la investigación de espionaje ilegal.

El viernes 26 de noviembre, agentes del Organismo de Investigaciones irrumpieron en las sedes de Seguridad de Rosario y Santa Fe, para recolectar evidencia sobre la investigación de espionaje ilegal.

Empresas y universidades

De los “perfiles” secuestrados por los investigadores del caso, surgen cientos de firmas comerciales y entidades públicas de la provincia de Santa Fe como así también de otras jurisdicciones en el país. Por ejemplo, figuran los nombres de las Municipalidades de Rosario o San Lorenzo, en la provincia, como también de la ciudad de José C. Paz, en provincia de Buenos Aires.

De las fuentes relevadas por este medio, surgió también que las carpetas tenían nombres de empresas de Seguridad que operan principalmente en Santa Fe y Rosario, iglesias evangélicas, cooperativas, lecheras, concesionarias, sociedades deportivas y hasta supermercados.

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En lo que respecta a medios de comunicación, surgen los nombres de un empresario de un multimedio de la ciudad de Rosario, el de la empresa en cuestión y hasta el periodista que trabaja en la firma, según fuentes consultadas.

En los perfiles secuestrados surge además un dato muy particular: información sobre entidades situadas en otras provincias, como lo es, a modo de ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, cuya carpeta también fue relevada por la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe.