El Rappi millonario y otros mitos urbanos y burgueses

Una de las razones esenciales por las que resulta más sencillo cuanti-cualificar un pobre es porque gasta todo lo que tiene y no esconde la mitad y hasta dos tercios de lo que gana o acumula, como nos confiara el ex ejecutivo de cuentas del JP Morgan, Hernán Albizu.

Pero mientras esperamos la creación del Observatorio Estatal de la Riqueza, aquí estamos de nuevo con el cuentapropismo de reparto, el que ya fuera motivo de nota en AIRE bajo el título “Trabajadores de reparto: 15 kilómetros, tres empandas y ningún beneficio laboral”.

Básicamente, porque la problemática entró en el tramo final de campaña, cuando el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció que iba a impulsar la creación de paradas seguras o refugios en Amba (ubicadas en 24 puntos estratégicos tales como estaciones de trenes) y la creación de un fondeo para afrontar gastos por accidentes o enfermedades laborales, financiado por el Estado a través de la AFIP y el Banco Nación.

En palabras de Massa se trata de “poner en marcha una protección que garantiza el acceso a ART, cobertura de obra social y derecho a jubilación, a partir de un nuevo sistema que articula desde la AFIP con el Banco Nación el sistema de seguro y protección social (…) pretendemos que ese trabajador que anda en moto o bici, en la calle repartiendo, no tenga un accidente y se quede sin ingreso, que no tenga pérdida del derecho jubilatorio, sino que esté protegido por el Estado”.

Todo comenzará con una prueba piloto que -ultimados los detalles de las paradas y el sistema de cobertura estatal- arrancaría el 15 de diciembre, cuando “el voto Rappi” ya haya hecho su aporte (80.000 en el Amba y más de 500.000 contabilizando el resto del país).

El anuncio se hizo en el marco de un encuentro del candidato de UxP con un grupo de repartidores y repartidoras nucleados en Asimm (Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios), pero no se incluyó en la convocatoria al Sitrarepa (Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto y Aplicaciones), que afilia a 2.800 repartidores y dice no haber sido invitado ni consultado para afinar la propuesta.

Su asesor legal, Ramiro Manini, apuntó a una de las razones por las cuales esto no se produjo, y es que Sitrarepa viene luchando para que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que conduce Kelly Olmos, reconozca legalmente al sindicato.

“Más que paradas o una cobertura por accidentes lo que tendría que hacer el gobierno es reconocernos y darnos personería gremial para defender a nuestros compañeros y compañeras, se paró todo con la campaña y no recibimos ninguna comunicación de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales que conduce Mónica Rissotto”, expresó Manini.

Y agregó: “Si Massa quiere dignificar a los y las trabajadoras de reparto que nos reconozcan y se reúnan con todos los sindicatos representativos, suponemos que se trató de una actividad de campaña, pero se puede hacer mucho mejor”.

Manini aclaró sobre las postas que “nosotros nacimos como sindicato promoviendo y organizando lo que llamamos paradas solidarias, no van a alcanzar las estaciones ferroviarias y las ubicaciones de muchas no contemplan nuestros recorridos y hay que comprometer a las empresas, que por ahora están eximidas de todo, sobre todo de cumplir con la Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo”.

El Estado pone todo, las empresas nada

La propuesta de UxP está en línea con la dignificación de trabajadores y trabajadoras sumamente precarizados, muchos de los cuales ya alimentan las estadísticas de fraude laboral a través de la figura de monotributistas, desde la pandemia y pagan su propia obra social; contra la propuesta de cristalizar la precarización de La Libertad Avanza, consolidando la exclusión social como un punto de llegada, totalmente alineados con los intereses de las principales empresas (Rappi, Glovo, Pedidos Ya).

Pero es cierto que “una solución peronista”, además de más Estado para dignificar a los y las trabajadoras, incluyéndolos en alguna forma de seguridad social, debería primeramente reconocer que “sector que se organiza se defiende mejor” y concretar el reconocimiento sindical pendiente, sumamente resistido por un pool de empresas que incluye a Uber y Cabify.

Relevarlas de regularizar a sus repartidores y hacer las inversiones que deberían o ceder ante el lobby para evitar que el Ministerio de Trabajo oficialice sindicatos en el sector, se parece a una declaración de impotencia regulatoria ante el capital (recordar el amague ante el vaciamiento de Vicentín, los 2.300 despidos de Paolo Rocca en Techint y Caputo en Mirgor en plena pandemia) similar a la que acompañó casi toda la gestión del FDT.

Tampoco parece razonable dormir el proyecto de Ley de regularización para el sector, que fuera presentado por el diputado del FDT y gremialista Omar Plaini o impulsar otro proyecto para hacerse cargo del discurso patronal (ese que dice que hay que respetar “la condición autopercibida de independientes” de les repartidores), y que les permite “optar libremente” por mantenerse como independientes al servicio de las plataformas o ser trabajadores en dependencia y regulados por la Ley de Contrato de Trabajo.

La misma semana que se anunciaron las medidas tendientes a dignificar la condición laboral de los y las trabajadoras de reparto, la AFIP inició causa penal contra Rappi por “casos donde se pudo comprobar que la evasión se presentaba como falta de registración de empleados, relaciones laborales encubiertas bajo el régimen de monotributo y subregistración de jornada y salario”. Las deudas reclamadas por el organismo que dirige Carlos Castagneto ascienden a $7.500 millones.

Hace poco más de un mes la provincia de Buenos Aires multó a las misma empresa por el cobro indebido de “tarifa de servicio” a los usuarios, que no impactaba en las comisiones de les repartidores y que sólo en PBA y en una semana de facturación acumulaba $59 millones. Hay cientos de ejemplos publicados y está claro que el nivel de facturación de las empresas es tal que prefieren seguir pagando multas que hacer las cosas como la ley laboral vigente, esa que Juntos por La Libertad que Avanza hacia un país preperonista milita en una campaña en la que parece ganar votos con amenazas de recortar derechos.

Finalmente y hablando de las comisiones, Ramiro Manini de Sitrarepa aclaró por enésima vez un punto que se oscurece cada vez que hablan novedosos emergentes mediáticos de la precariedad.

“Lo que declara por ejemplo Mayra Arena, eso de trabajadores que facturan medio millón de pesos, no sé de dónde lo saca; laburando 70 horas por semana o más se pueden sacar $350 mil a lo sumo, jornadas de explotación a las que hay que deducirle el costo de reparación de la moto o la bici, el robo de sus elementos de trabajo, el combustible, los gastos de monotributo, sin vacaciones ni aguinaldo y por supuesto que el costo de cualquier enfermedad o accidente”, indicó Manini.

Es cierto que hay una economía informal compuesta por empleados que facturan mucho más que muchos otros registrados a tiempo completo y empresas que ganan mucho más que otras que tienen sus empleados en blanco y cumplen con sus obligaciones impositivas, pero no hay que mirar a les chiques que surcan sin cesar calles y avenidas con las pizzas y empanadas que no poseen el octógono negro que debería rezar “contiene trabajo esclavo” cuando se habla de esto.

En una campaña larga y dura, con diferencias tan ajustadas entre los dos contendores (que hoy rayan el error muestral probable, es decir 2/3 puntos), disputar el “voto precarizado” es admisible. Pero un gobierno que amplía derechos y desafía la concentración del ingreso, debería hacer peronismo en serio, si es que hay algún acuerdo sobre lo que significa tal cosa.