El debate se disparó cuando Narda Lepes dijo que le “parece mal que alguien pedalee rápido 15 kilómetros para que vos te comas dos empanadas”.
Empecemos por la última frase de la bajada, porque aporta una cifra que debe ser contextualizada y porque estamos en un año electoral: “Desde 2020 no paramos de crecer, actualmente tenemos unos 2.500 afiliados y esperamos que el Ministerio de Trabajo nos reconozca para poder organizarnos en todo el país”.
La frase es de Ramiro Manini, asesor legal del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SITRAREPA), que reporteado por AIRE confiesa que “la posibilidad de que nuestro país tenga una verdadera regulación para el trabajo de reparto por plataformas –no un mero registro como el que se debate en Buenos Aires– depende de muchas cosas y también del resultado de este año electoral, porque hay una naturalización de que somos trabajadores de segunda, una normalización de la flexibilidad o la informalidad laboral que afecta a casi todas las expresiones políticas”.
El gremio, que se apresta a cumplir tres años de vida, nació durante la pandemia con un gobierno que fomenta el crecimiento industrial con inclusión social (pero que aún tiene el 47% de la fuerza laboral precarizada y un 35,8% de los trabajadores con salarios bajo la línea de pobreza), sabe que este proceso tiene altas y bajas y que la dirección ideológica y política del Estado cuentan.
“Nosotros sabemos que no da lo mismo cualquier resultado en octubre, por eso le pedimos a la ministra (de Trabajo) Kelly Olmos y a las autoridades de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales que es importante que nos reconozcan como sindicato, para poder organizar mejor al sector de cara a lo que pueda venir”.
La necesidad imperiosa de optimizar el tiempo en el trabajo y en al ámbito doméstico en las grandes urbes, particularmente accesible a clases capaces de costear la intermediación que supone utilizar plataformas de mensajería y reparto de bienes y comidas (Rappi, Glovo y Pedidos Ya ofrecen los tres servicios combinados), ha favorecido una “extraña moral de uso” que combina la conciencia de que los y las trabajadoras que surcan las ciudades sin cobertura de riesgos laborales, de salud ni aportes jubilatorios con frases emparentadas al hashtag “si existe o si sucede, conviene”, es decir que “a mí me resuelven la vida” aunque se expongan a las peores condiciones y exigencias de rendimiento por salarios de pobreza.
Más allá de la polémica desatada por Narda Lepes al decir que “me parece mal que alguien pedalee rápido 15 kilómetros para que vos te comas dos empanadas” y que fuera contestada por los mismos repartidores, Ramiro Manini hace su aporte ofreciendo números actualizados y reales: “Mucha gente razona con el imaginario que construyen las plataformas y las empresas asociadas a ellas, pero la realidad es que cada trabajador gana unos $250 por pedido, por hora y teniendo en cuenta las distancias a recorrer se pueden hacer dos o tres pedidos, aunque las empresas hablen de cinco o siete, esto hace que ganen entre $500 y $700 por hora y que deban trabajar un promedio de ocho a diez horas de lunes a sábado para redondear un sueldo que alcance los 200 o 250 mil pesos (el valor de una Canasta Básica según el INDEC al 17 de mayo); esto sin contar que de ese ingreso tiene que descontar la manutención de su vehículo, la conectividad de su celular, la ropa de trabajo y el costo de atender su salud”.
Es cierto que ofrecen un acceso rápido al mercado laboral (por la puerta chica y precaria) y permiten administrar la distribución del horario (no la duración de la jornada, ni las arbitrarias exigencias de las plataformas, que determinan la carga física y mental del trabajo). Pero hay otro dato de la realidad que hace a la composición del universo de trabajadores y participa de una batalla cultural compleja, que le hace decir a famosos –ex campeones mundiales de fútbol que ofician de panelistas en la tele– e ignotos que “los venezolanos y colombianos consiguen trabajo porque los buscan y tienen ganas de trabajar”, no como los argentinos que –como todos sabemos– “no trabajan porque no quieren”.
La realidad es que el 68% de les repartidores son migrantes de países vecinos (en Chile la cifra alcanza al 84%), que provienen de países con sindicatos débiles, tasas de sindicalización bajas y legislaciones laborales que desprotegen a millones de latinoamericanos. Son compeñeres exiliados y dispuestos a aceptar “encuadramiento ético” macrista de cobrar lo mínimo por lo que hacen, acostumbrados a culturas capitalistas deshumanizantes, donde el sindicato y las leyes que buscan garantizar empleos decentes son “un obstáculo para la rentabilidad empresarial”.
También es cierto que los que no tienen al reparto como único empleo, suelen combinar dos oficios flexibilizados y, por lo tanto, cuesta más sindicalizarlos, convencerlos de que los derechos laborales se conquistan con organización y objetivos claros, mediante la lucha colectiva.
“Cuando existen derechos, también leyes, pero no hay organizaciones, es como si no existieran derechos”, afirma Manini, porque los sindicatos suelen complementar la actividad inspectiva o de policía del trabajo que el gobierno nacional y los estados provinciales cumplen con dificultades, por falta de personal o movilidad suficiente.
En junio de 2022, dos resoluciones de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Santa Fe sancionaron con una multa de más de 100 mil pesos a la plataforma Pedidos Ya por emplear trabajadores sin la registración laboral correspondiente y pese al pedido de la empresa de considerar que no existía relación de dependencia con los trabajadores precarizados, que fueran detectados en operativos del Ministerio de Trabajo provincial.
La empresa llevó los fallos ante la Corte Suprema de Justicia santafesina que el 22 de noviembre del mismo año falló nuevamente a favor de los trabajadores reafirmando “el principio protectorio del derecho del trabajo, frente a cualquier innovación que pretenda vulnerarlo” y el de la “realidad por encima de la apariencia utilizada por la empleadora para eludir sus obligaciones”.
Pero, más allá del precedente jurisprudencial, lo cierto es que en la provincia de Santa Fe la sindicalización es prácticamente nula y las protestas se suceden por denuncias individuales más que colectivas. En ese sentido, el asesor legal de SITRAREPA asume que “hubo varios fallos favorables en otros lugares del país, pero aún nos falta mucho por hacer en las provincias”.
“Nosotros hace poco participamos del primer Congreso Internacional de Trabajadores por Plataforma en Los Ángeles, Estados Unidos, del que participaron compañeres de más de 15 países y donde quedó claro que “sin organización política y sindical que haga que empresas y gobiernos garanticen nuestros derechos, no hay salida ni soluciones. Queremos organizar repartidores de todo el país disputando con los departamentos de recursos humanos de las empresas y la publicidad que enmascara nuestra realidad como emprededurismo”.
La historia y la realidad de las plataformas de reparto en la Argentina está reseñada en el Informe de la Organización Internacional del Trabajo denominado “El trabajo de las plataformas digitales de reparto en Argentina: análisis y recomendaciones de política”, donde se advierte la importancia de que los gobiernos enfrenten la globalización del trabajo “bajo patrón invisible o ausente” y regulen lo que deben regular y de que los trabajadores se organicen para participar del diálogo social institucionalizados.
Visibles, esenciales o necesarios ya son. El siguiente paso es dejar de ser –incluso dentro del segmento de trabajadores autónomos– “mano de obra de segunda”.
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