El MPA y sus falencias: gran parte de la responsabilidad recae sobre la política
Los poderes políticos de turno tuvieron potestades casi absolutas para elegir fiscales, defensores y también jueces en la provincia de Santa Fe.
El MPA y sus falencias: gran parte de la responsabilidad recae sobre la política.
Durante las últimas semanas, el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe (MPA) se convirtió en noticia recurrente por diversas razones: fiscales sancionados, expulsados o imputados judicialmente; víctimas que no fueron escuchadas; causas sin avances o que, literalmente, no aparecen; y hasta un pedido de disculpas público por parte de una de las máximas autoridades del organismo.
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Esta seguidilla de situaciones puede resumirse en el siguiente punteo, seguramente incompleto:
- 7 de agosto: el fiscal regional Jorge Nessier pidió disculpas a una denunciante de abuso sexual, por las demoras en las investigaciones y por el trato recibido en el MPA.
- 24 de agosto: AIRE reveló que dos fiscales del MPA -Roberto Olcese y Manuel Cecchini- habían recibido meses antes denuncias sobre el maltrato que personas mayores sufrían en un asilo clandestino de Santa Fe, pero no avanzaron en las investigaciones.
- 3 de septiembre: la Legislatura destituyó al fiscal de la ciudad de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros, porque inventó roturas y robos de los neumáticos de su automóvil, para que una compañía de seguros cubriera los supuestos daños. Además, se lo acusó por maltratos hacia personas que trabajaron bajo sus órdenes.
- 8 de septiembre: el exfiscal Mariano Ríos Artacho fue imputado en Rosario como jefe de una asociación ilícita, por haber desviado 425 millones de pesos de cuentas judiciales, supuestamente por su adicción al juego. Todo, mientras se desempeñaba en su cargo en el MPA.
- 8 de septiembre: AIRE reveló que, según informes de la Auditoría General de Gestión del MPA, el 77% de las causas que en 2025 seguían abiertas en la Fiscalía Regional 1, no había tenido ningún movimiento durante al menos un año. En la Fiscalía Regional 2, la misma situación alcanza al 66% de los casos que se mantienen abiertos.
El mismo informe reflejó que de 209 legajos solicitados por la Auditoría en la Fiscalía Regional 1, apenas aparecieron 56.
Pero más allá de esta reciente sucesión de noticias negativas sobre el MPA, los problemas no son nuevos. Solo para recordar situaciones anteriores, alcanzan dos datos concretos:
- El próximo 11 de noviembre, la Justicia federal abrirá el juicio a la fiscal Cristina Ferraro, imputada por haber facilitado la desaparición de evidencias en el Caso Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020 en la ciudad de Santa Fe.
- A fines de julio pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario confirmó las condenas contra el exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, y el exempleado judicial Nelson Ugolini, por una red de juego clandestino que operó en la provincia de Santa Fe entre 2017 y 2020.
MPA: cuál fue el rol de la política durante los últimos 12 años
El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe nació en 2014, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia.
Desde entonces, la discrecionalidad de la política en la selección de los integrantes de este organismo fue prácticamente absoluta, disfrazada detrás de un supuesto Consejo de la Magistratura que nunca funcionó como tal, sino que respondió al poder político de cada momento.
Este mismo sistema también operó -y sigue operando- para la selección de jueces y de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa.
Dato al margen: con todas sus falencias, en el MPA al menos existe una Auditoría de Gestión cuyas evaluaciones son públicas, algo que no sucede en el Poder Judicial, donde resulta imposible acceder a información sobre el funcionamiento o rendimiento de las diferentes áreas o funcionarios.
La renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia debería producir urgentes cambios en este sentido, dejando atrás un sistema oscurantista, que solo obstaculiza el acceso a información de manera transparente, esencial para una correcta rendición de cuentas.
Cómo se eligen fiscales, defensores y jueces en Santa Fe
En Santa Fe existe un Consejo de la Magistratura que, en la práctica, es un apéndice del Poder Ejecutivo. Y si bien con la reforma de la Constitución Provincial el sistema fue modificado, por ahora no se aprobó una ley que reglamente y haga efectivos los cambios.
Hasta el momento, cuando existen necesidades de nombrar fiscales, defensores o jueces en la Provincia, el Poder Ejecutivo abre los concursos y el Consejo de la Magistratura -cuyo presidente depende del gobernador- organiza la puesta en marcha del proceso de selección.
Mediante un sorteo, se conforma un jurado integrado por representantes de los Colegios de Magistrados y Abogados y de las universidades.
Los postulantes que cumplen con los requisitos para ocupar cargos de fiscales, jueces o defensores, se someten primero a un examen escrito, evaluado por los integrantes del jurado.
Luego, atraviesan un examen psicotécnico -a cargo de personas especializadas, designadas por el Ejecutivo- y, finalmente, una entrevista personal ante el jurado y el presidente del Consejo.
Y es entonces cuando surgen los mayores indicios de discrecionalidad política en la selección: desde el Consejo de la Magistratura, se eleva al gobernador el listado de todos aquellos que lograron superar con éxito el proceso.
El gobernador de turno puede elegir a cualquiera de ese listado. No existe orden de méritos, más allá de quién haya obtenido mejores calificaciones o se hubiera destacado en las entrevistas. Luego, envía esos nombres a la Legislatura provincial para que sean aprobados, o rechazados.
Si el mismo signo político del Ejecutivo cuenta con mayorías en las Cámaras, las designaciones suelen estar aseguradas. Y si no es así, se inicia un proceso de "negociaciones" políticas para consensuar quiénes deben ocupar esos cargos.
La nueva Constitución modificó este sistema: estableció que el nuevo Consejo de Selección debe ponderar el mérito de los postulantes, confeccionar las listas para cubrir las vacantes y elevar al Ejecutivo una propuesta vinculante con los candidatos seleccionados, limitando así las potestades del gobernador.
Sin embargo, por ahora y en la práctica, los cambios no se aplican.
La reforma constitucional también modificó el sistema de remoción de jueces, fiscales y defensores. El procedimiento deberá ser acusatorio, oral y público, garantizar el debido proceso y contar con una acusación técnica.
Sin embargo, a un año de sancionada la nueva Constitución, tampoco se dictó la ley necesaria para poner en funcionamiento este nuevo sistema.
Históricamente, los distintos sectores del poder político y territorial de Santa Fe pugnaron por colonizar los mayores espacios posibles dentro del MPA, el Ministerio de la Defensa y el Poder Judicial.
Los resultados están a la vista.
Las responsabilidades de la política, son inocultables.
