Hasta el momento, todos los elegidos para ocupar cargos de decisión en el MPA fueron hombres. La única excepción es María Eugenia Iribarre, pero llegó a la Fiscalía Regional de Rosario de manera interina.
Maiquel Torcatt / Aire Digital Segundo semestre de 2022. A partir de ese momento, el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Fe pondrá en marcha los mecanismos tendientes a elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación, que deberán asumir en sus cargos el año que viene.
Nadie habla de esto en público, pero ya comienzan a circular nombres. No solo en los pasillos del MPA, sino también en los ámbitos judiciales, del Derecho y de la política santafesina.
Se trata nada menos que de elegir al fiscal general de la provincia y a los cinco fiscales regionales (Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto), quienes tendrán la enorme responsabilidad de generar las políticas necesarias para la investigación y resolución de los delitos penales, en una provincia atravesada por la violencia y la inseguridad.
A partir de la puesta en práctica del nuevo Código Procesal Penal que creó la estructura del Ministerio Público de la Acusación como un órgano apartado del Poder Judicial, se eligieron autoridades en dos oportunidades: dos fiscales generales y diez fiscales regionales. Con una particularidad: hasta el momento, todos fueron hombres. Y no solo fueron hombres los elegidos para ocupar los principales cargos de decisión en el MPA, sino que, en general, también fueron hombres los integrantes de los jurados que los evaluaron antes de ser elegidos.
Sin embargo, algo parece haber cambiado. Frente al nuevo proceso de selección que se iniciará en pocos meses, ocurrió un hecho novedoso: hace apenas una semana, un importante grupo de mujeres que ocupan diferentes cargos en el MPA, emitió un documento en el que se exige que se respete la paridad de género en los cargos de decisión.
A través de un formulario online comenzaron buscan avales de organizaciones y de personas individuales que acompañen el pedido. En este proceso, ya mantuvieron reuniones con representantes del Poder Legislativo y también de universidades.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA es una de las entidades que decidieron avalar este pedido con su firma. La presidenta de la Asociación, la fiscal Gisela Paolicelli, remarcó ante la consulta de AIRE que no se está pidiendo paridad en la elección de personas para cubrir fiscalías y otros cargos, sino que "el objetivo es romper de una vez por todas ese techo de cristal que impide a las mujeres ocupar los cargos de decisión".
En definitiva, no es una cuestión de números, sino de poder real a la hora adoptar políticas en el funcionamiento del MPA, determinar prioridades y definir de qué manera se utilizan los recursos humanos y económicos.
La única mujer que accedió a un cargo superior en el MPA es María Eugenia Iribarren, quien en estos momentos se desempeña como fiscal regional de Rosario. Sin embargo, lo hace de manera interina -designada por el fiscal general, Jorge Baclini- porque su antecesor en el cargo, Patricio Serjal, terminó preso por cobrar coimas a bandas ligadas con el juego clandestino en el sur de la provincia.
La fiscal Luciana Vallarella, quien se desempeña en la Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público del Acusación en Rosario y preside la subcomisión de Género de la Asociación de Fiscales, fue directa al hablar del espíritu del documento recientemente publicado: "Presentamos este planteo en este preciso momento, antes de que se inicie el proceso de selección de las nuevas autoridades del MPA".
"Pensamos en esto antes de que se abran los concursos. Y no solo pedimos que se respete la paridad de género en la selección de postulantes, sino que también sea respetada a la hora de conformar los jurados que evaluarán a los interesados", insistió.
El proceso que se iniciará durante el segundo semestre de este año para elegir al nuevo fiscal general y a los cinco fiscales regionales de Santa Fe consiste en los siguientes pasos:
- inscripción de los interesados;
- elección de los jurados que los evaluará (un representante del Poder Judicial, uno de las universidades y otro de los Colegios de Abogados);
- determinación de los parámetros a tener en cuenta para evaluar a los incriptos;
- evaluación de antecedentes;
- solicitud de un plan de trabajo y examen psicotécnico;
- entrevista personal con los los tres miembros del jurado, más el presidente del Consejo de la Magistratura, en este caso Gabriel Somaglia;
- se envía una lista de posibles nombres al gobernador;
- el gobernador elige un nombre para ocupar cada uno de los seis cargos (fiscal general y fiscales regionales) y envía la nómina a la Legislatura para la selección final.
Hasta el momento, por lo general cada uno de los funcionarios que accedieron a los principales cargos en el MPA fue evaluado por hombres. En este sentido, la fiscal Vallarella consideró indispensable no solo que los jurados estén integrados por mujeres, sino que también se tenga en cuenta la perspectiva de género al establecer los criterios de evaluación: "La verdad es que las mujeres ocupamos muchos años de nuestras vidas a cumplir roles familiares, y esto suele ir en desmedro de las posibilidades de realizar posgrados, maestrías, formación a nivel internacional. Por lo general, los hombres tienen mejores condiciones para hacerlo porque saben que su mujer se ocupa de la casa y de la familia".
"Históricamente -insistió- las mujeres no se presentan a estos concursos porque son cargos muy masculinizados y porque piensan que no van a ser elegidas, ya que las miradas están puestas en determinados varones".
¿A qué se refiere con el concepto de "determinados varones"?, preguntó AIRE.
"Por lo general sucede que los funcionarios de que dejan sus cargos proponen o incentivan a personas de su confianza para que se presenten en los concursos. Y suelen ser varones. Es una práctica que todos vemos", respondió.
En el último concurso de fiscales regionales y fiscal general, se presentaron 27 postulantes, pero solo 3 fueron mujeres. Y el último jurado estuvo integrado exclusivamente por varones.
Otro dato: tal como sucede con la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, hasta el momento para el MPA se eligió como fiscal general primero a un santafesino -Julio de Olazábal- y luego a un rosarino, Jorge Baclini.
Si se mantuviera esta metodología, en 2023 la Fiscalía General debería recaer en manos de un fiscal de Santa Fe. Sin embargo, esta supuesta norma no está escrita, por lo que las posibilidades deberían estar abiertas a fiscales de cualquier punto de la provincia.
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