El colectivo de mujeres que integra el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Provincia de Santa Fe exigió que se respete la paridad de género en los cargos de decisión. El pedido está fundamentado en la normativa sancionada en octubre de 2020. El año que viene deben renovarse las máximas autoridades de la institución, y el Poder Ejecutivo debe organizar los concursos, en los que intervendrán representantes de la magistratura, colegios profesionales y ámbito académico.
Las mujeres del MPA exigen que se respete la paridad de género en los cargos de decisión.
En un comunicado, denunciaron que desde la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal se renovaron por concurso en dos oportunidades las máximas autoridades del MPA, que fueron ocupados la totalidad de los cargos gerenciales de la institución –fiscal general y cinco fiscalías regionales– a cargo de hombres.
A través de un formulario online buscan avales de organizaciones y de personas individuales que acompañen el pedido que luego será elevado a las autoridades judiciales. "Es indispensable el acceso de mujeres especialmente capacitadas y sensibilizadas en materia de género y violencias contra las mujeres y disidencias", afirmaron.
Para las fiscales y funcionarias del MPA, este acceso a la justicia paritario garantizará una efectiva protección a los derechos de las mujeres y se conforma además con la acreditación de esa idoneidad específica, entendiendo la misma no solo en conocer tratados internacionales y leyes, sino en poder demostrar una trayectoria de compromiso social y de intervenciones respetuosas de los derechos humanos de las mujeres y personas LGTBI en su experiencia profesional y formación.
En 2020 en la Provincia se sancionó la Ley 14.002 que obliga a cubrir los cargos del Poder Judicial garantizando paridad de género, con la obligación estatal de remover obstáculos en el acceso de mujeres a cargos jerárquicos que se deriva de instrumentos y recomendaciones internacionales. En el año 2015, el Comité de CEDAW en la Recomendación General Nº 33 sostuvo que el acceso a la justicia de las mujeres es esencial para la realización de todos los derechos protegidos por la Convención y para garantizar este derecho es necesaria la participación en pie de igualdad de las mujeres en la judicatura y otros mecanismos de aplicación de la ley.
El Comité entiende que el derecho de acceso a la justicia debe garantizarse no solo a las mujeres víctimas de discriminación o violencias, sino que también comprende la participación de las mismas en forma igualitaria en los cargos de administración de justicia, en todos sus niveles.
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"La perspectiva de género tiene una importancia central para los cargos de decisión del MPA", sostuvieron. "La persona designada para ocupar el cargo de la Fiscalía General tendrá como misión la dirección y organización de todas las Fiscalías de la Región, mientras que quienes estén a cargo de las Fiscalías Regionales tendrán como una de sus principales tareas diseñar la política criminal y el plan de persecución penal que se debe ejecutar en los próximos seis años", agregaron. En este sentido, sus decisiones determinarán el efectivo acceso a la justicia y la gestión de los intereses de las víctimas en los procesos judiciales.
Además afirmaron que las bases de los concursos deben realizarse con perspectiva de género, lo que implica, que los antecedentes objetivos deben considerarse teniendo en cuenta las desigualdades, aún existentes, en los roles de cuidados entre las mujeres y hombres; en las instancias de evaluaciones debe incorporarse la perspectiva de género de manera transversal, considerándose no solo la formación teórica sino fundamentalmente que se ponga especial énfasis en trayectoria de intervención y compromiso con la temática de género y con la participación de la sociedad civil en los procesos de selección por ser indispensable para que avancemos hacia un poder judicial más democrático y transparente.
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