Desde que los jefes narco de Rosario fueron detenidos, las cárceles se transformaron en oficinas del crimen organizado. El penal de Piñero ahora es un centro de toma de decisión: a quién matar. Porque desde esa cárcel se ordenan los asesinatos, que se ejecutan en las calles, por sicarios. Este fenómeno lo enfrentan otros países, donde la mafia maneja la calle desde una celda, como ocurre en Brasil, Paraguay y Bolivia, con el Primer Comando Capital.
El penal de Piñero es el más poblado del sur provincial y allí están alojados muchos presos de alto perfil.
Gobierno de Santa FeLos jefes narco no sólo usan teléfonos –celulares y públicos–, sino también a los mensajeros, que muchas veces, como recalcó el nuevo secretario de Seguridad Pública de la provincia, Jorge Bortolozzi, en diálogo con Aire de Santa Fe, son las parejas, que concurren una vez por semana a las llamadas visitas íntimas.
Bortolozzi afirmó que “si se busca que la población deje de sufrir con el crimen el organizado, hay que cambiar las condiciones de detención de las cárceles”.
Según información oficial, en el penal de Piñero, que es el más poblado del sur provincial, se secuestraron de enero a agosto de este año 1.148 teléfonos celulares, casi uno por cada preso en esa unidad con capacidad para 1.426 internos.
En el mismo período, en todas las cárceles de la provincia, se requisaron alrededor de 3.700 equipos celulares, tablets, conversores de televisión y hasta un router inalámbrico. El dato no es menor si se considera que desde las cárceles se ordenan el 95% por ciento de las balaceras que riegan con plomo las calles de Rosario, según información del Ministerio Público de la Acusación.
El intendente de Rosario Pablo Javkin insiste desde hace tiempo que las cárceles se transformaron en uno de los principales problemas de seguridad que impactan en las calles de Rosario. “Necesitamos que las personas que están cumpliendo la condena en las cárceles tengan los controles para evitar que sigan organizando delitos desde esos lugares. Tiene que ver con la inteligencia criminal”, afirmó el funcionario.
Pablo Socca, uno de los fiscales que investiga el crimen organizado en Rosario, fue claro cuando quedó al descubierto que en dos allanamientos realizados en agosto en la celda de Máximo Cantero, alias “Guille”, en la cárcel de Marcos Paz, le secuestraron dos teléfonos fijos dentro del calabozo: “A Cantero lo seguimos investigando y condenando pero lo único que hay que tratar es que no se cometan más delitos desde las cárceles por intermedio de los teléfonos celulares. Lo que hay que hacer es impedir que él y otros tengan acceso a un celular”.
Bortolozzi, quien era subsecretario de Asuntos Penitenciarios hasta la semana pasada, consideró que “sería bueno discutir” si los presos más peligrosos tendrían que tener las mismas condiciones de encierro que, por ejemplo, Joaquín “Chapo” Guzmán, el líder narco mexicano que está detenido en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, para lo cual reconoció que “hace falta una ley nacional”. El funcionario planteó que se debe discutir una reforma a la ley Nº 24.660 (ejecución de la pena privativa de la libertad), sancionada en 1996.
El funcionario planteó que ante esta situación de violencia es necesario endurecer las condiciones de detención. “Nosotros revisamos a los presos todos los días y no hay teléfonos celulares. Por más que pongamos 40 inhibidores de llamadas en la cárcel, ese interno tiene derecho a visitas íntimas una vez por semana en Piñero. No podemos meternos en la visita íntima para saber si ese recluso habla con su pareja y le da instrucciones para cometer delitos”, afirmó Bortolozzi, quien antes de asumir su nuevo puesto tuvo a su cargo el funcionamiento de los penales de la provincia.
Un informe elaborado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), al que tuvo acceso Aire de Santa Fe, advirtió que dentro de las unidades penitenciarias las altas jerarquías de las organizaciones narco continúan, a través del uso de celulares compartidos y los teléfonos públicos, con el tráfico de estupefacientes y también ordenando crímenes. Uno de los focos del informe está puesto en los grupos narco santafesinos, como Los Monos, Funes y Ungaro, pero también de organizaciones que tienen base territorial en otras provincias, como Corrientes, Salta y el conurbano bonaerense.
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La cárcel de Marcos Paz se había producido en una verdadera selección de narcos del país, como publicó Aire de Santa Fe. Allí se encuentran alojados Máximo Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos; Marco Estrada Gonzáles, jefe de la villa 1-11-14; Néstor “Loko” Rojas, capo narco del Primer Comando de Frontera; y Carlos Bareiro, cabecilla de la banda que manejaba el ingreso de la marihuana al país desde Itatí.
El 27 de junio pasado, tras la fuga y el ataque al penal de Piñero, ubicado a 20 kilómetros de Rosario, comenzaron a ser trasladados a los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz junto a otros jefes narco santafesinos, alojados hasta ese momento en Piñero, como Esteban Alvarado, René Ungaro, los hermanos Funes y el peruano Julio Rodríguez Granthon, que está acusado de participar de la ejecución del exconcejal Eduardo Trasante, entre otros.
Ante el temor de que se repita un ataque y otra fuga en Piñero estos presos con causas federales por narcotráfico fueron enviados a estos penales en Buenos Aires. El problema ahora lo tiene el Servicio Penitenciario Federal, que se encuentra intervenido desde el año pasado y cuya titular, María Laura Garrigós de Rébori, está en la cuerda floja desde los episodios que protagonizó Guille Cantero, cuando en menos de 15 días le secuestraron dentro de su celda un teléfono fijo, como si fuera de uso personal, en dos oportunidades.
La situación es delicada e inédita en la Argentina, un país que no ha tenido problemas profundos con el crimen organizado si se lo compara con otros países de la región, como Brasil y Paraguay, donde las cárceles se transformaron en la última década en la gerencia del narcotráfico.
El informe de Procunar pone en evidencia este problema y abre líneas de trabajo para que los fiscales se ocupen de investigar este nuevo escenario que asoma en el país. Cuando el problema había asomado en Santa Fe desde hace casi una década nadie le dio relevancia desde Buenos Aires. Ahora, que los presos santafesinos fueron enviados a Marcos Paz las autoridades reaccionan sobre este fenómeno criminal.
“A partir de la intervención de la Procunar en los casos relevados, se detectó la existencia de personas en niveles jerárquicos de organizaciones o bandas narcocriminales de gran complejidad e influencia en sus territorios interviniendo en estas maniobras desde los establecimientos penitenciarios en los que se encontraban detenidas”, advierte el documento al que tuvo acceso Aire de Santa Fe.
Indica además que “se advirtió la presencia de personas en el exterior de las cárceles, que fueron parte o contribuyeron las actividades ilícitas, al cumplir con las directivas impartidas por los eslabones superiores de la organización, que se encontraban privados de la libertad”.
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En el documento se hace hincapié que “en algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del Servicio Penitenciario, tanto para facilitar, como para permitir el ingreso de dispositivos de telefonía celular a los establecimientos penitenciaros. Al respecto, en uno de los casos analizados se investigó la conformación de una organización integrada por personal penitenciario que habría provisto a los internos de teléfonos celulares”.
Ese es el caso de Rojas, que era hasta hace unas semanas compañero de Cantero en el pabellón de Marcos Paz. El misionero, que había intentado comprar un misil dentro de la cárcel e intentó asesinar a dos magistrados de esa provincia con sicarios brasileños, usaba como método para comunicarse una triangulación que hacía con su pareja, que no estaba detenida.
Él la llamaba con un celular a su esposa y ella con otro teléfono se contactaba con los clientes de Rojas. De esa manera, el “Loko” Rojas hablaba con sus socios sin contactarse con ellos de manera directa. De esa manera evitaba que las autoridades judiciales pudieran escuchar sus voces. Cantero empezó a hacer lo mismo luego de ser compañero de Rojas.
En la investigación que terminó con un megaoperativo de la Policía Federal en Rosario, con la mira en Los Monos, quedó expuesto cómo es la matriz de funcionamiento actual de la banda. La organización se maneja desde las cárceles. En este caso, Guille Cantero daba órdenes desde el penal de Marcos Paz, a través del teléfono fijo o público de la cárcel. Pero las indicaciones no eran de forma directa. El líder de Los Monos llamaba por el teléfono fijo que tenía en su celda en dos horarios: a las 14 y a las 20.
Se contactaba a un celular de otro preso en el penal de Ezeiza. Este recluso llamaba a su vez con otro teléfono móvil a los miembros de Los Monos que están en la cárcel de Piñero, que escuchaban la voz de Cantero que hablaba por el teléfono público de Marcos Paz. Ese teléfono le fue incautado dos veces en las últimas semanas: una el 23 de agosto y otra vez el 3 de setiembre. Sin embargo, seguía hablando por esa vía.
Con ese método, el 17 y 19 de setiembre Guille se comunicó con Leandro Vinardi, miembro de la banda y exjefe de la barra de Newell’s, que está preso en Piñero, para moldear el negocio de la droga en esas zonas. En Godoy el lugarteniente de Guille y Pollo Vinardi era Pablo Caminos.
El recluso en Ezeiza, que hacía de operadora del Clan Cantero, también recibía audios de Whatsapp de los lugartenientes de Guille, como por ejemplo, Marcos Mac Caddon, quien pretendía ser uno de los gerenciadores de Los Monos en San Lorenzo, otro de los puntos en disputa, donde están ubicados los principales puertos que exportan el 80% de los granos que salen de la Argentina.
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