Según la comisión revisora, se pretendió incluir en el pase a planta a personas que eran parte del Plan de Promoción de Derechos y Empoderamiento de Mujeres y Población LGTBIQ+.
Con más 40 organizaciones. Se dan en el marco de la línea de fortalecimiento de las organizaciones que lleva adelante el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad.
Según la comisión revisora, se pretendió incluir en el pase a planta a personas que eran parte del Plan de Promoción de Derechos y Empoderamiento de Mujeres y Población L.G.T.B.I.Q.+.
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La Resolución 079/2020 indica que, para su implementación, se prevé la entrega de becas para la promoción de derechos, consistentes en un aporte económico de carácter no remunerativa a fin de que las personas alcanzadas propongan y ejecuten diversas acciones de promoción de los derechos de las mujeres y personal L.G.T.B.I.Q.+, como así también en el desarrollo de trabajos de investigación sobre políticas públicas en la materia.
“Luce notorio que la relación establecida con los beneficiarios del programa carece de todos los elementos necesarios de un vínculo laboral comprobable con la provincia de Santa Fe. Más aún, no existe constancia de contratos con los agentes que se designaron”, señala el dictamen de la comisión y agrega: “Nos encontramos en el presente caso frente a personas que no tenían ningún tipo de vinculación laboral con la provincia”. Al respecto, precisa que no se considera remuneración a las asignaciones pagadas en concepto de beca.
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Desde ATE informaron a AIRE que mantuvieron reuniones con autoridades del gobierno para intentar evitar que se concrete la revocatoria.
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El documento lleva la firma del fiscal de Estado, Domingo Rondina, la síndica general, Laura Carolina Castets, la secretaria de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Malena Azario, el subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Horacio Coutaz y la secretaria de legal y técnica del Ministerio de Gobierno, Julia Tonero.
“Si se sigue el dictamen, tienen que cerrar la secretaría de Género”
Desde ATE informaron a AIRE que mantuvieron reuniones con autoridades del gobierno para intentar evitar que se concrete la revocatoria. “Si se sigue adelante con el dictamen del fiscal de Estado, tienen que cerrar definitivamente la secretaría de Género”.
“Van a tener que cerrar el Observatorio, la mesa de entrada y no habrá capacitaciones sobre la ley Micaela”, agregaron.