La reforma jubilatoria fue aprobada solo con los votos del oficialismo. Graves incidentes en la Legislatura y judicialización en puerta.
El fuerte operativo policial dispuesto por el gobierno provincial no impidió que se registren desmanes en la Legislatura durante la sesión por la reforma jubilatoria.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El fuerte operativo policial dispuesto por el gobierno provincial no impidió que se registren desmanes en la Legislatura durante la sesión por la reforma jubilatoria.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Después de cinco meses de debate, el gobierno de Santa Fe logró la sanción definitiva de la reforma jubilatoria y avanzó de inmediato con la promulgación de la normativa, que implica nuevos porcentajes de descuentos sobre los salarios, establece un aporte solidario para trabajadores activos y pasivos y modifica el sistema de pensiones, entre otros puntos.
Para el gobierno de Maximiliano Pullaro es una victoria, pero para conseguirlo debió pagar –por primera vez en lo que va de gestión– un alto costo político. La reforma se aprobó en tiempo récord en ambas cámaras legislativas solo con los votos del oficialismo, un dato que da cuenta de que el consenso alrededor del tema es más bien laxo. Como condimento extra: un bloque opositor adelantó que llevará el tema a la Justicia para pedir la nulidad de la ley.
Los graves incidentes que se registraron este jueves en la explanada de la Legislatura, con enfrentamientos entre los gremios y la Policía, mientras la Cámara de Diputados votaba la ley, recuerdan a otros procesos traumáticos que atravesó la política de Santa Fe en épocas recientes.
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En 1996, durante su primer mandato, el entonces gobernador Jorge Obeid logró la sanción de la ley para la venta del viejo Banco Provincial, un proceso que se terminó de concretar en 1998 y a partir del cual el agente financiero de la provincia es el Nuevo Banco de Santa Fe, una empresa de capitales privados que aún hoy opera bajo esas condiciones.
En diciembre de 1999, apenas asumió su segundo gobierno, Carlos Reutemann aceleró el debate legislativo para la privatización de la EPE, confiado en que lograría el mismo resultado que Obeid. La férrea resistencia del Sindicato de Luz y Fuerza y de la oposición política en la Legislatura hicieron caer el proyecto de Reutemann y la EPE siguió en manos del Estado.
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En ambos casos, la discusión legislativa en torno a las privatizaciones estuvo signada por masivas protestas de trabajadores que fueron reprimidas por la Policía. Algo similar a lo que se vivió este jueves durante el debate por la reforma jubilatoria, aunque se debe consignar –y así lo muestran los registros logrados por los móviles de AIRE – que en esta ocasión los incidentes fueron provocados por un grupo minúsculo de manifestantes que rompieron la puerta de ingreso a la Legislatura y arrojaron piedras –y hasta una bomba molotov– hacia el interior del edificio.
La respuesta policial, con gases lacrimógenos y un fuerte operativo de refuerzo dispuesto cuando ya arreciaban los desmanes, dejaron imágenes que recuerdan con nitidez aquellas protestas de fines de los 90. El gobierno justificó la intervención policial porque “el objetivo era restituir la normalidad en la Legislatura”, según explicó el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, quien responsabilizó por los incidentes a “un pequeño grupo de inadaptados”.
El debate de fondo comenzó en marzo cuando el presidente Javier Milei firmó el decreto 280/2024 a través del cual se formaliza la decisión de eliminar del presupuesto nacional las partidas destinadas transferencias no directas hacia las provincias. Entro otros ítems, la motosierra presidencial recortó a cero los recursos que Nación destinaba a cubrir el déficit de las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la órbita nacional, entre ellas Santa Fe.
Entre el momento en que el ministro de Economía, Pablo Olivares, planteó la necesidad de “repensar” el régimen jubilatorio en Santa Fe, para tratar de achicar el creciente déficit que ya se observaba –y que ahora se cubre con recursos del Tesoro provincial–, y la sanción definitiva de la ley pasaron cinco meses y medio.
Para muchos sectores de la oposición, fue una reforma entre gallos y medianoche; para el oficialismo, el proceso se ajustó a los estándares democráticos ya que hubo una instancia de consulta –en el marco de la comisión legislativa creada a los fines de estudiar el déficit del sistema previsional– y luego un debate de cara a la sociedad en ambas cámaras legislativas.
En todo caso, más importante que el procedimiento son los fines específicos de la norma aprobada en la Legislatura, por la cual se aumentan los descuentos –es cierto: con un criterio progresivo a partir del cual los salarios más altos tendrán un mayor porcentaje de deducción– y además se impone un aporte solidario que alcanza a trabajadores activos y a los jubilados provinciales que cobran más de tres haberes mínimos.
Ese fue el centro del debate y en ese punto quedaron expuestas las distintas miradas de cada sector político. “La reforma previsional baja el déficit y termina con los privilegios”, celebró el ministro de Gobierno, Fabián Bastía. “No es una reforma, es ajuste”, retrucó la diputada del PJ y ex vicegobernadora, Alejandra Rodenas.
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El gobierno ha dejado en claro, desde el inicio del proceso, que el argumento central de la reforma es achicar el déficit con aportes de los propios beneficiarios del sistema previsional provincial: sus trabajadores activos y pasivos. En esa línea, a lo largo de los últimos cinco meses, desde el oficialismo apelaron una y otra vez a la figura del “kiosquero” que sostiene con sus impuestos el gasto público del Estado provincial, como una forma de subrayar la idea de que el esfuerzo, esta vez, debían hacerlo solamente los beneficiarios directos de la Caja.
No hubo margen para discutir otras fuentes de financiamiento, aunque distintos sectores del arco político santafesino señalaron alternativas. Desde la centro-izquierda, los diputados del Frente Amplio por la Soberanía marcaron la necesidad de revisar el sistema tributario –sobre todo, las exenciones vigentes–, mientras que la jefa del bloque Somos Vida, Amalia Granata, puso la mirada sobre las partidas destinadas a la publicidad oficial y de la Lotería: “Plata para pagar el déficit de la Caja, a la provincia le sobra”.
Los gremios del sector público hicieron sus propios análisis sobre las cuentas de la provincia para tratar de imponer la idea de que el déficit previsional no es tan grande ni tan grave. Algunos pudieron expresarlo durante el debate en la comisión especial creada al inicio del proceso, pero en líneas generales todos los sindicatos se quedaron con la sensación de no haber sido escuchados por la política, al menos en los lugares de decisión.
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Con los recursos que surgirán de la nueva ley de jubilaciones, el gobierno provincial apunta a reducir el déficit de la Caja entre un 20 y un 30%, según estimó el ministro de Pablo Olivares al momento de enviar el proyecto a la Legislatura. Un resultado menor en comparación al costo político que pagará el gobierno entre los trabajadores y los jubilados provinciales.
Tras la sanción de la ley y su inmediata promulgación por parte del Poder Ejecutivo, queda flotando una pregunta que solo se podrá responder cuando haya transcurrido el tiempo necesario para observar el impacto real del nuevo sistema: ¿es reforma o es ajuste?
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