El ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, dispuso una "asistencia financiera excepcional de casi 32 millones de pesos" para la atención de menores y familias contenidas bajo programas de protección de derechos provinciales, según un punteo de medidas elaborado por la cartera, al cumplirse un mes de aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus.
Además, de acuerdo con el balance oficial conocido este martes, el ministerio estableció un incremento de las partidas presupuestarias "en 2 mil millones de pesos para la asistencia a comedores escolares y comunitarios y para merenderos", como parte de las medidas sociales elaboradas para "proteger a los sectores más vulnerables" en el marco de la cuarentena.
Para esto, "se organizó un sistema de viandas o módulos alimentarios que se entregan en esas instituciones, respetando las indicaciones de prevención y el distanciamiento social a través de medidas de higiene y seguridad".
Además, se conformó un comité de seguimiento semanal de la situación general de comedores y merenderos en todo el país y se hicieron compras de guantes descartables, lavandina, kits de limpieza y bandejas desechables para la elaboración de viandas, según el texto oficial.
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Se incorporaron también "refuerzos y complementos a las dietas escolares" y fueron entregados "alimentos a granel y leche entera en polvo para asistir situaciones de extrema vulnerabilidad infantil".
En otro orden, Desarrollo Social estableció "excepciones" para el traslado de niños, niñas y adolescentes por parte de sus progenitores o tutores, con la correspondiente presentación de una declaración jurada que justifique los motivos del viaje.
El ministerio envió material sobre prevención a las líneas telefónicas 102 provinciales para alertar sobre posibles situaciones de violencia contra menores de edad durante el aislamiento.
Elaboró también una serie de guías con protocolos de actuación para residencias de larga estadía de personas adultas mayores, centros de desarrollo infantil y de protección del coronavirus en el sistema de protección de menores.
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De todas formas, el gobierno nacional restringió las visitas a las residencias de adultos mayores y conformó un Comité de Emergencias para la resolución de eventuales gestiones urgentes.
Por otra parte, la cartera que conduce Arroyo profundizó programas de inclusión socio productiva y desarrollo local, entre los que se destaca el "Potenciar Trabajo", que tiene por objeto "generar nuevas propuestas productivas mediante recursos como la terminación de los estudios secundarios, la formación laboral y el fortalecimiento de unidades productivas a cargo de personas en situación de vulnerabilidad social y económica.
Según el balance oficial, en el marco de ese programa, casi 600 mil personas percibieron un bono extraordinario de 3 mil pesos, con el objetivo de colaborar en su inclusión socio laboral.
En otro orden, se inició el acompañamiento integral a las instituciones dependientes de la cartera, como los Centros de Desarrollo Infantil, Centros de Referencia (CDR), Centros de Integración Comunitaria (CIC) y residencias de personas, adultos mayores y comedores.
También el gobierno entregó 55 módulos alimentarios y de higiene a familias de personas no videntes en situación de vulnerabilidad.
En conjunto con UNICEF, el ministerio elaboró un documento para que las provincias utilicen el Registro Único Nominal (RUN), con el objetivo de mejorar las acciones en materia de restitución de derechos de niños y adolescentes.
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Como consecuencia de las restricciones vigentes para contener el avance de la Covid-19, la cartera debió suspender el Encuentro Nacional para la Integración Social y Participación Comunitarias, el lanzamiento del tren sanitario, la realización de mesas de gestión territoriales, la apertura de CDR en varias localidades del país, y el Encuentro de Fortalecimiento de la Economía Social y Popular.
A su vez, fueron dadas de baja ferias itinerantes y de la economía social, actividades en espacios de Derechos Humanos, y visitas a cooperativas de trabajadores.
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