A la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel y a sus mentores intelectuales y operativos, los genocidas Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, al actual procurador del Tesoro e histórica pluma al servicio de la “reconciliación nacional”, Rodolfo Barra, y al inefable Juan Bautista “Tata” Yofre, les parece que sí.
Para ellos, es posible que el “relato” validado en juicios históricos, que los 7.000 testimonios recopilados en el Nunca Más y la memoria dolida y bajo asedio de decenas de miles que desaparecidos y familiares que elevan el número a más de 30.000, pueden ser reducidos a su mínima expresión, cambiando lo de “dictadura cívico-clerical y militar con un plan sistemático de desaparición y muerte” por “purga patriótica para salvar al país occidental, cristiano, derecho y humano, de las garras del comunismo ateo y antipatria”.
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A más de 40 años de la recuperación de una democracia sujetada, el grupo menos visible del plan y que denominamos Genocidas S.A. (dado que sus socios aspiraban y aspiran a no responder personalmente por sus deudas) no va por “memoria completa”, sino por “amnesia completa”. El pacto democrático de 1983 nació con el condicionamiento que 40 años después iba a costar una economía reprimarizada, endeudada por decenas de años, excluyente y un gobierno negacionista: se juzga a un puñado de militares, policías y personal civil de inteligencia, pero la complicidad civil, empresaria, la política, la judicial, la periodística, no se toca.
Salvados los civiles que fueron cómplices y beneficiarios, ahora se trata de invocar la “Teoría del Demonio Único” (Ernesto Sábato y Raúl Alfonsín vuelven a quedar a la izquierda) y la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores. Éste último recurso es que sustenta el hábeas corpus que impulsan los abogados de la ONG por la impunidad “Justicia y Concordia”, en la Justicia Nacional Ordinaria con sede en la ciudad de Buenos Aires.
Ahora mismo se trata de mandar a sus casas a 128 ancianos que, cuando jóvenes, mataron y enterraron decenas de miles de personas sin juicio previo, robaron sus bienes y sus bebés; también de paralizar las 336 causas que están en juicio, instrucción o con elevación a juicio y las 188 que aún tienen instancias apelables y representan el 57% de las condenas obtenidas desde 2006 a la fecha.
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Esto es mucho más que cerrar la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro Cultural Haroldo Conti, el Archivo de la Memoria o la desfinanciación y vaciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. También es muchísimo más que la viralizada provocación canalla de Ramiro Marra, tapando un grafiti conmemorativo de la recuperación del nieto 138.
Lectura sugerida: La frase “138. Venceremos. Los seguiremos buscando” que Marra se tomó el trabajo de blanquear, estaba estampada sobre uno de los muros perimetrales del Jockey Club de San Isidro en CABA. El Jockey tuvo y tiene como socios a militares y apellidos civiles ilustres que fueron protagonistas y socios de la última dictadura. De hecho, inscribieron a nombre de Emilio Massera, los 20 caballos de carrera que el almirante del terror le arrancó al contador Conrado Gómez sobre una mesa de tortura en la ESMA. Al igual que muchos otros cómplices desde 1976, Marra le hace el trabajo a asesinos y ladrones comprobados.
Hoy se trata de aprovechar una oportunidad histórica, única. Es la revancha sin justicia de quienes fueron judicialmente condenados y de los que se transformaron en millonarios gracias a ese proceso y la colaboración, las tibiezas y contradicciones de muchos de los gobiernos democráticos que le sucedieron.
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Como pueden verse en el último Informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la modalidad de arresto domiciliario es la predominante (81%). Los jóvenes violentos (hoy ancianos pacíficos pero que no declaran dónde están los hijos de los desaparecidos) en condiciones de acogerse al beneficio de arresto domiciliario por haber cumplido más de 70 años son menos del 10% del total de los detenidos y poseen condiciones habitacionales de privilegio, comprobado y dicho por el juez Martín Yadarola, a instancias del Servicio Penitenciario Federal.
El botín de guerra que financia a los militantes de la impunidad
Es la historia menos escrita y periodísticamente expuesta de los abusos cometidos por la última dictadura. Como se trata de robos, que aportaron al capital societario de una red de empresas de variados rubros, no existe un número cierto y consolidado. Pero se estima que entre 1976 y 1980 (luego el asedio internacional complicó el negocio), el grupo de genocidas liderados por Emilio Massera, el Tigre Acosta, Jorge Rádice y su esposa Norma Berta, Rubén Chamorro, Jorge Vildoza y Alfredo Astiz, robaron a sus víctimas unos USD 200 millones. Que están repartidos en cuentas radicadas en paraísos fiscales como Ginebra, República Dominicana, Panamá y también el paisito que funge como guarida fiscal y laverap de centenas de millonarios argentinos: Uruguay.
Esta es la base del capital que financia a las organizaciones por la impunidad de genocidas probados, tales como la mencionada Justicia y Concordia, el Foro de Generales Retirados, el Foro de Almirantes, la Asociación de Veteranos de la Guerra contra el Terrorismo, la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina y la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina.
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La deriva del radicalismo según Luis Petri, de impulsar los Juicios a las Juntas a contratar a una militante de la impunidad como asesora del Ministerio de Defensa de la Nación.
La vicepresidenta de ésta última Asociación es Silvia Ibarzábal, a quien el actual Ministro de Defensa y performer Luis Petri, tiene nombrada como asesora. El mismo Petri que desmanteló el Equipo de Relevamiento y Análisis documental que durante 14 años buscó y analizó los archivos de las FFAA (los que no escondieron ni extranjerizaron), para instruir los juicios por delitos de lesa humanidad. Quedaron tres de 13 y se incorporaron dos hijos de militares acusados y condenados: Jorge Ibarzábal y Arturo Larrabure.
Si bien es cierto que las reyertas casi diarias entre Milei y Villaruel terminan produciendo un cotillón distractivo –mientras por ejemplo el gobierno de ambos endeudó a la Argentina por USD 90 mil millones en 11 meses–, la promesa inicial de la vicepresidenta a Genocidas S.A -y gracias a la cual se hicieron también aportes de campaña- sigue incumplida. Y el presidente se aleja paulatinamente del acuerdo que tenían y sobre el que publicamos nota en AIRE en agosto de 2024.
Si Villarruel no garantiza en el Senado la agenda presidencial e insiste en mostrarse como un potencial relevo con partido propio, nada le será concedido y el proyecto de Decreto que hoy está sepultado bajo una pila de papeles sobre su escritorio, no será impulsado.
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Ese proyecto está siendo incesantemente reclamado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi, responsable de la coordinación general (de Brigada) para lograr la libertad de los genocidas presos. Ravasi también cultiva el vicio de fundar empresas offshore, ligadas a la Orden de San Elías, una asociación religiosa trucha o “de hecho” pues no figura en el Registro de Cultos. No hay registros de memorias ni balances, no se conoce el Directorio constitutivo, pero está radicada en Georgia (Estados Unidos), como “orden religiosa y empresarial”, un recurrido paraíso fiscal donde acumular aportes sin pagar impuestos ni dar explicaciones sobre sus integrantes.
Hace un par de notas consultamos al Fiscal Federal Félix Crous, una autoridad en materia de la investigación y condena de delitos de lesa humanidad. “Es mentira que el amor le gana al odio” decía por entonces, pero para esta nota aportamos otro concepto polémico sobre la forma en que las organizaciones de derechos humanos deberían enfrentar al gobierno libertario: “Yo creo que en este momento hay una actitud general, limitarse a la indignación lógica con la consecuente exposición de la condición de víctimas (que lo son); pero esa debería ser sólo la primera reacción, luego hay que trazar un plan de acción. Lo del cierre del Conti fue una reacción estimulante pero los discursos demuestran una peligrosa ingenuidad. No puede impugnarse moralmente al gobierno de Milei, es la trampa de reclamarle a tu adversario que se comporte con tus criterios morales, nada más inútil que eso, es un error repetido en varios campos y sobre todo durante la experiencia fallida del Frente de Todos”.