El plan para liberar represores está en marcha desde febrero y cuenta con el aval del presidente Javier Milei. Prevé la excarcelación de los mayores de 70 años y la caducidad de las causas de derechos humanos en curso.
Sin fisuras contra “la subversión”, Martín Menem es el designado por el presidente para entenderse con Victoria Villarruel. La impunidad tiene quienes le escriban.
El gobierno nacional impulsa la excarcelación de los represores de la última dictadura. El plan está en marcha desde febrero y cuenta con el aval del presidente Javier Milei. Prevé la excarcelación de los condenados mayores de 70 años y el cierre de las causas en curso por delitos de lesa humanidad. En ese marco se inscribe la visita de un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza a los represores presos en Ezeiza.
En una nota que publicamos en AIRE y que cumple un mes en éstos días, dijimos algo que siempre se relega a un segundo plano (hasta que el gobierno pulveriza una conquista histórica nacional y popular) y citando textualmente al presidente: “A mí me dicen, cómo va a hablar así de sus adversarios políticos, usted es presidente, a ellos les digo que la batalla cultural no es algo que uno toma o abandona por conveniencia, es un compromiso inalienable”.
Las reservas del Banco Central pueden oscilar (siempre negativas) y el dólar puede plancharse o volarse de pronto, el presidente puede gastar más o menos millones en viajes sin utilidad práctica ni volumen institucional, puede renunciar un funcionario cada dos o tres días, pero lo que nunca va a cambiar es la campaña cultural del gobierno nacional para pulverizar –no algunas– sino todos los legados simbólicos construidos durante 41 años de democracia.
Y la que está en la base del contrato social que fundó la modernidad post dictadura, es esto de “hubo un plan de exterminio cívico-militar y clerical” y no una “purga patriótica de agentes del marxismo internacional que ponían en riesgo al país que fundaron el campo, la iglesia y el ejército”. Fue una masacre planificada por una dictadura ilegal y salvaje, esto está probado y parcialmente documentado en el legendario “Nunca Más”.
Y una más, que el corpus internacional y nacional que promueve los derechos humanos, no protege a los que en nombre del Estado torturan y asesinan a civiles por sus ideas políticas, sino que protege a los últimos contra el Leviatán, contra los estados totalitarios.
Y lo decimos de nuevo, parcialmente porque no todas las víctimas denunciaron en los albores de la democracia, ni el conteo de desaparecidos fue exhaustivo entonces, es una contabilidad incompleta de la se sirven un puñado de canallas, cómplices civiles ayer, hoy y siempre de una dictadura criminal y que tiene quienes la defiendan: políticos, abogados, periodistas, clérigos y todos aquellos que siguen revoleando frases como: “con los milicos esto no pasaba” o “estábamos mejor”.
Es cierto, primero el Papa y luego el Episcopado (que agrupa a los obispos activos del país) se despegaron del cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un represor condenado a tres cadenas perpetuas por 40 secuestros, más de 50 torturas y homicidios doblemente agravados.
Pero es preciso recordar que la Iglesia Católica –que tuvo 23 sacerdotes desaparecidos y muchos asesinados durante la dictadura– nunca impulsó causas para esclarecer ninguno de ésos casos (porque la data la recibían de primera mano en las reuniones entre el Episcopado y las Juntas Militares), tampoco pidió institucionalmente disculpas por haber sabido y acompañado con silencio cómplice y que las misas de FAMUS (en la que comulgaban represores y familiares) se prolongaron hasta 1991, meses después del último de los diez decretos con los que Carlos Menem indultó a los genocidas.
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Justamente, el mismo año en que Zulema Yoma, por entonces su esposa y co-habitante de la Residencia de Olivos, iniciaba el divorcio por “injurias graves e infidelidad” (con Yuyito González en uno de los casos, la historia tiene esas persistencias y olvidos), pero dejando constancia en los expedientes de que el riojano “me dejaba marcas en todo el cuerpo, desde que nos casamos prácticamente”.
Fue el secretario privado, Jorge Mazuccheli, quien declaró que ella le confió: “Estoy muy mal, me pegó toda la noche, estoy llena de moretones, está loco, me va a matar” y que incluso una vez Carlitos Junior “puso una pistola en la sien de su padre para advertirle que iba a matarlo si le seguía pegando a su madre”.
Menem, como Alberto Fernández, también fue presidente, acosador sexual e infiel compulsivo y golpeador. ¡También fue peronista! Grita la tribuna gorila (de izquierda y derecha), de lleno en la campaña que despliega sobre un silogismo para opas: “Menem y Fernández golpearon mujeres, ambos son peronistas, ergo el peronismo es misógino y femicida”.
Algunas diferencias: las agendas de género no tenían ninguna trascendencia y no había Ministerios de la Mujer ni leyes específicas para prevenir y castigar los abusos patriarcales; Menem fue presidente por dos períodos sin problemas de conducción unificada del PJ y según Milei, fue el mejor presidente de la historia y Alberto el peor; habla de economía porque eso de azotar mujeres es un problemita menor, la convertibilidad y los superávits gemelos no se manchan.
Pero volvamos al título, que la agenda hegemónica no lo empañe. El proyecto de ley fue confeccionado por los abogados de los genocidas, asesorados por Rodolfo Barra. Este último (¡otra coincidencia!) fue ministro de Justicia de Menem y hoy es Procurador del Tesoro de Milei y publicó hace un mes y medio una nota denominada “30 años después” (de la Reforma Constitucional de 1994), que cierra con un párrafo que pasó inadvertido y sintetiza el espíritu de los considerandos del proyecto que en pocos días más estará a consideración del presidente:
(…) nuestro país no se caracteriza por la constancia en el respeto de las políticas de Estado, volvimos atrás con las grietas, los culpables de un solo lado y las penas mortificantes para quienes deberían pasar sus últimos años de vida en la paz y el amor de sus familias, en grave olvido de lo dispuesto en el art. 18 de la misma Constitución. ¡Hasta se ha ignorado la fuerza de la cosa juzgada para sostener que el indulto presidencial es violatorio del derecho de gentes, cuando, con las variantes propias de las distintas confesiones, la humanidad, desde siempre, hace un culto del perdón de las ofensas! Para ser perdonados porque perdonamos.
Hay quienes dicen -tratando de explicar el comportamiento de los inversores durante la última burbuja especulativa que explotase en Japón- que la memoria de los cracs financieros es de 10 años hacia atrás, luego se resetea todo y vuelta a especular y destrozar la economía real. En tiempos en donde millones se sienten disculpados por no conocer ni saber nada que hubiese ocurrido antes de su nacimiento (como la milenial libertaria Lourdes Arrieta, la del patito): cuánto se sostiene la memoria histórica de los crímenes estatales y el horror? Los leo en los comentarios.
El subtítulo parafrasea la canción con que los pioneros del hip hop argento Illya Kuryaki & The Valderramas abrían su primer disco, lanzado en 1991. Siguen las persistencias, en pleno menemismo, por cierto.
Hablaban de Norma Plá y otros jubilados que padecían miseria y hambre, que se movilizaban contra Menem y Cavallo exagerando su poder desestabilizador: “Jubilados, pensionados, ya no pueden más, rezagados con sus manos, al gobierno tirarán”.
Nosotros hablamos de otros abuelitos, realmente violentos y juzgados por tribunales ejemplares; condenados por secuestrar, torturar y asesinar, robarse sus pertenencias e hijos y escamotear hasta el día de hoy los cuerpos de decenas de miles de personas y las familias que inscribieron a sus hijos como propios.
El proyecto que Javier Olivera Ravasi (su compilador) dice tener listo contempla que ninguno de los represores y asesinos –que hoy parecen amables y sufrientes abuelitos– que hayan cumplido 70 años o más continúen en los penales donde cumplen condena. Que puedan acogerse al beneficio de la domiciliaria. Y que prescriban las causas sin importar el tipo ni la gravedad del delito, a los 20 años de que la Justicia tomase conocimiento del hecho, un plazo que deja a la totalidad de los condenados e imputados libres de culpa y cargo.
No hay encuestas para respaldar el embate, pero ya se encargaron y hay confianza en los resultados, con que pueda mostrarse que la mitad o poco menos de les argentines están de acuerdo con la “reconciliación nacional”, es más que suficiente.
Pero hay algunos problemas que sortear y por eso lo que se impulsa como una ley, bien podría ser materia de un decreto como el que consagró el indulto de Menem. Que contravenga legislación vigente no es problema, nunca lo fue.
Lo decisivo es que no están los números en diputados (en senadores hay mejores chances) para garantizar dictámenes de comisión ni mucho menos las sanciones de semejante asunto. No por el apego de radicales y peronistas amigables por el pacto democrático de 1983, sino porque maltratar mujeres y defender asesinos no dan bien a plena luz del día.
Veamos algunos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (creada por Cristina Kirchner y superviviente de la revancha ideológica del gobierno). Hay 326 sentencias a junio 2024, con 1.187 condenados y condenadas desde la reapertura de procesos en 2006, después de que Néstor Kirchner le ordenase a Alberto Fernández y José Pampuro que dejen de explicarle por qué era imposible y se dedicaran a conseguir las mayorías políticas para legislar la inconstitucionalidad de la obediencia debida y el punto final que Alfonsín negociara con las cúpulas militares. La cantidad de absueltos (que los hay, porque tuvieron el derecho a defensa que no se les concedieron a los fusilados y sepultados) asciende al 3 de junio a 190 personas.
Además, existen 391 personas procesadas y 482 imputadas; a otras 157 se les dictó falta de mérito, 102 fueron sobreseídas y 76 esperan que se defina su situación procesal luego de haber sido indagadas. Sobre la cantidad de causas, la Procuraduría contabiliza 281 en etapa de instrucción y 70 a la espera del inicio de los debates, con 13 juicios orales y públicos en pleno desarrollo y en distintos lugares del país. 37 de esas causas se tramitan en la provincia de Santa Fe, las últimas tres con sentencia fueron la Causa Ramos, que condenó a Luis Abelardo Ramos, la Causa Elías residual donde fue condenado Alberto José Jaime por homicidio y la Causa Requena, donde fueron condenados tres imputados por hechos que damnificaron a seis víctimas.
Tan afectos como ustedes a los latiguillos populares: que no les parezcan muchos o muchas, la complicidad civil con la dictadura militar apenas ha sido investigada y muchos políticos, jueces y fiscales, empresarios, periodistas, abogados, clérigos y médicos se han reciclado en democracia y gozan de total impunidad.
Veamos ahora la serie clave, la que fundamenta el proyecto de injusticia y amnistía política y social, la condición de arresto de ésos y esas presas, con la línea de evolución de las prisiones domiciliarias.
Si bien la progresión tiene todo que ver con el avance de los juicios y las sentencias (lento y engorroso en general), se observa que la cantidad de detenidos en el servicio penitenciario o Campo de Mayo ha ido disminuyendo, contando con el fallecimiento de muchos de ellos. También fallecen madres y abuelas de Plaza de Mayo, con una particular desventaja: sin saber cómo fueron asesinados o dónde están sus hijes y nietes (aún faltan 300, hoy adultos sin derecho a la identidad).
Dato no menor y a colación de Zulema, Fabiola, y de todas las víctimas de la violencia patriarcal, que es ambidiestra (pega y mata con derecha e izquierda): de las 21 sentencias emitidas en 2023, sólo cinco reconocieron el agravamiento de las torturas por la condición de género. Porque a les indignades del impresentable de Alberto Fernández, al vocero despectivo del gobierno, a los diputados y diputadas que visitan criminales como si fuesen boys scouts en un geriátrico, a los que quieren culpar al feminismo de cualquier cosa, hay que recordarles que a las mujeres las picanearon y lastimaron de varias formas en sus genitales, las abusaron sexualmente, las disfrazaron para sacarlas a pasear como “damas de compañía” (el Tigre Acosta a Miriam Lewin, a los que Mirtha Legrand llamó “novios), las obligaron a parir y amamantar en condiciones horribles y les robaron a sus hijos e hijas. Otro pendiente.
Hemos intentado reseñar hechos indisolublemente relacionados y datos verificables para sustentar opiniones. Para todo lo demás están la SIDE, sus $100.000 millones de gastos reservados y las redes sociales.
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