El peronismo –el que le gusta a Alberto Fernández cuando diferencia transformadores de revolucionarios- no suele tirar por la borda lo realmente existente, sino que opera sobre el tablero en el que le toca jugar, sobre esas correlaciones de fuerzas siempre preexistentes para obtener mayores grados de control estatal sobre la economía, para mejorar la distribución de los excedentes económicos y en su caja de herramientas –mal que le pese a Duhalde, Moreno y Massa, entre muches otres- hay de todo, incluso la expropiación no estatizante (el caso de la cervecería Quilmes del Grupo Bemberg al Sindicato de Cerveceros y afines por caso). Y expropia para afectar la correlación de fuerzas, no midiéndolas para expropiar o hacer molde. Ejemplifiquemos algunas expropiaciones peronistas de los años felices y más peronistas, cuando se estrenaba una herramienta política para forjar un país que no existía:
- Se expropiaron campos a familias oligárquicas Patrón Costas, Estragamou, Unzué de Alvear, Pereyra Iraola y Álzaga, que se destinarían a pequeños y medianos productores bajo el precepto de que “la tierra es para el que la trabaja”, plasmado en el artículo 39 de la Constitución del 49.
- Se expropió la Estancia Chapadmalal de la familia Martínez de Hoz para construir un complejo de 24 chalets veraniegos en la Playa de los Ingleses de Mar del Plata, destinados a los sindicatos y sus afiliados.
- En el marco de la compra de ferrocarriles británicos y franceses, el Estado se quedó con muchas empresas vinculadas como Villalonga y Furlong, el puerto de Dock Sud, Ingeniero White, Entre Ríos y Bahía Blanca.
- Sobre las expropiaciones de Fama, Zonda, Alfa y Aeroposta se creó en 1950 Aerolíneas Argentinas y gracias a la expropiación de la Unión Telefónica creó Antel y luego Entel.
Hay muchos otros casos memorables, pero servimos un puñado para refrendar que la pragmática heterodoxa peronista no desecha ninguna herramienta y sostener que no es cierto lo que se dijo cuando hubo que resolver qué papel asumía el Frente de Todos ante el vaciamiento con fines de remate fraudulento del Grupo Vicentín: “Que el peronismo no tiene vocación expropiadora”. En el caso de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el problema parece ser un cierto tipo de peronismo que ajusta sus promesas electorales o asume que puede fabricar satélites y vacunas pero no dragar ni balizar un corredor fluvial, pero ése es otro asunto.
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Enrique Pescarmona, referente de la familia que era la dueña de la empresa, fue aportante en la campaña del expresidente Mauricio Macri.
Capitalización mata expropiación, el modelo Impsa
Recogiendo algunas de las enseñanzas que dejó el fallido Vicentín y como es de esperarse de un gobierno que –al igual que sus dos máximos exponentes- expresa una experiencia inédita de conducción política, aprende de sus errores y corrige en acto en plena pandemia, la nota de Impsa con un pedido de salvataje que ingresó en agosto del año pasado al Ministerio de Producción, circuló con sigilo y casi no hubo filtraciones en los ocho meses al cabo de los cuales el Estado Nacional aportó U$S 15 millones (equivalentes al 63% de las acciones) y el gobierno de la Provincia de Mendoza otros U$S 5 millones por el 21% adicional; lo que consuma un ingreso ordenado y sustentable de dos administraciones gubernamentales a la gestión directa de una empresa tecnológica de origen nacional y escala internacional, vinculada con la generación de energías limpias alternativas, líder en la construcción integral de centrales hidroeléctricas y parques eólicos bajo modalidad “llave en mano” y en la fabricación de reactores y equipos para la industria nuclear.
Impsa es un modelo de estatización que abre un abanico de posibilidades para integrar agencias y empresas nacionales estratégicas.
En el caso Vicentín no pudieron conjugarse los esfuerzos de dos gobiernos de igual signo político. No pudo ser con Santa Fe lo que pudo resolverse con Mendoza porque correspondía (es una empresa de base “menduca” y más que centenaria), porque en plena pandemia se jugaban 700 empleos directos y casi 3.000 indirectos, se evitaba el agrietamiento entre unitarios y federales, comunistas estatizantes y neoliberales o libertarios, alguna que otra pueblada sobre expuesta fogoneada por los medios opositores y muchísimo más importante: porque de la evaluación de la importancia y la oportunidad surgió claramente que había que cambiar el modus para concretarlo sin margen para fisuras ni goles en contra.
De Perón a Fernández, se trata de salvar al capitalismo del capitalismo
En julio de 2020, a pedido del Banco Nación y con el gobierno cajoneando el proyecto para declarar de utilidad pública sujeta a expropiación al Grupo Vicentín SAIC, Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti elaboraron un informe denominado “Análisis de la evolución reciente del Grupo Vicentín en relación a la fuga de capitales y precios de transferencia”.
En él describen la estructura real con su despliegue offshore, las maniobras conque sobrefacturaron, subfacturaron, evadieron y fugaron divisas. Uno de los tantos puntos flojos del arrojo estatizador conque el presidente quiso marcar agenda, fue que no se sabía -con precisión de tamaño, deuda y operatorias encubiertas- lo que se estaba “comprando”. Error enmendado en el caso Impsa por el ministerio conducido por Matías Kulfas, al conformar dos equipos ad hoc compuestos por contadores, economistas y abogados. El informe final de 200 páginas no sólo cuantificó el pasivo actualizado y real de la empresa, los riesgos de acreencias en manos de tenedores extranjeros, los vencimientos de intereses pactados por la deuda reestructurada y las alternativas de venta surgidas en pleno macrismo (que hizo de la barata de empresas para solaz de empresarios amigos y asociados una marca de gestión), sino también la proyección de utilidades sobre un plan de negocios expansivo potencial.
Al igual que el caso Vicentín –y hablando de peronismos diverses- el gobierno detectó el sobrevuelo rapaz sobre Impsa de un especialista en hacer negocios con dinero ajeno, el también menduca y cuadro privatizador menemista José Luis Manzano. En este caso las decisiones fueron tomadas y el Estado diseñó un programa de tres etapas sucesivas: operar una reestructuración y reperfilamiento de deudas para capital e intereses; asumir el pago del 75% de los salarios en la cuenta sueldo de los trabajadores; finalmente capitalizar –estatizar es un término excluido del glosario operativo del FDT- sin esperar una quiebra inducida que dejaría la suerte de la empresa en manos de un proceso judicial largo y potencialmente incontrolable, como el que conduce el Juez civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini.
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Las etapas se cumplieron con prolijidad más que sigilo y el gobierno finalmente participa de una conducción que tiene algunas similitudes con el modelo virtuoso de Invap, una empresa con gerencias técnicas calificadas y una conducción estatal que le permite participar en el diseño de sus planes de negocios, ajustados a una estrategia de desarrollo tecnológico de punta y que permita ahorrar divisas o generarlas a partir de desarrollos con patente local.
Impsa es, al igual que todas las multinacionales que forman parte de la patria contratista como Socma o Techint, una empresa que creció al calor de promociones, subsidios y contratos con el Estado.
La burguesía nacional que ayer se me perdió…
Tan mitológica como el unicornio de Silvio, la burguesía que desenganchó su suerte de la del país y cualquier proyecto de desarrollo con igualdad, es muchas cosas menos nacional (por fines o composición de capitales) pero muy consistente. Sus mañas y yerros presentan algunas buenas oportunidades para un Estado ávido de recuperar herramientas para ganar autonomía política y económica.
Aportante de campaña de Cornejo (a quien le regaló una casa) y Macri, Pescarmona padeció los perjuicios de un modelo que destruyó el valor de las empresas argentinas.
Impsa es, al igual que todas las multinacionales que forman parte de la patria contratista como Socma o Techint, una empresa que creció al calor de promociones, subsidios y contratos con el Estado, fue cómplice civil de la última dictadura militar y estatizó las deudas contraídas para ampliaciones y equipamiento en noviembre de 1982, impulsó la privatización del Banco de Mendoza en los 90 para licuar sus deudas, defaulteó su deuda y se puso al borde de la quiebra durante el kirchnerismo para hacerse de subsidios y gestiones de negocios internacionales y se sirvió –al igual que Vicentín- de sus relaciones con el macrismo para reestructurar pasivos con préstamos del Banco Nación.
Enrique Pescarmona, apartado en 2018 de la conducción de la empresa creada por su padre y cuya familia conserva el 5% de las acciones, detesta el populismo; dice que Néstor y Cristina lo arruinaron (pese a que en 2015 disfrutaba de un patrimonio personal de U$S 320 millones, entre las 40 fortunas más importantes del país); se arrepintió ante el binomio Bonadío-Stornelli asegurando el pago de coimas al Ministerio de Planificación conducido por De Vido, pero sin aportar pruebas consistentes en la causa de las fotocopias de cuadernos; cree que las niñas “se preñan por la AUH” y que los trabajadores argentinos “son casi normales”. Fue aportante de campaña del mismo gobierno que propició que Impsa perdiera en cuatro años un 53% de su valoración bursátil en dólares. Lo de siempre, ya lo dijo Eduardo Basualdo al hilo de Michal Kelecki, no les importa tanto perder plata como poder, así son y así les gusta.
Pero hoy Impsa es un modelo de estatización que abre un abanico de posibilidades para integrar agencias y empresas nacionales estratégicas, merece ser destacado y corrige –sin batalla cultural mediatizada ni lluvia de memes - un traspié histórico que el gobierno debe dejar atrás con más gestos como éste.
