Según pudo saber AIRE, la presentación -que la hará el diputado por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y ex intendente de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver- está relacionada a una polémica suscitada en las elecciones provinciales de 2023 en la que dos sectores políticos se disputaron una banca en la Cámara baja santafesina.
Dicho diferendo se dio por la inclusión en el proceso electoral del voto de jóvenes de 16 y 17 años. Un año después de esos comicios, la Corte ratificó lo actuado por la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, al otorgar la banca a Palo Oliver.
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Según pudo saber AIRE, la presentación - que la hará el diputado por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y ex intendente de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver - está relacionada a una polémica suscitada en las elecciones provinciales de 2023.
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Qué dice el juez Daniel Erbetta
Al respecto, en diálogo con AIRE, el magistrado rechazó la iniciativa del legislador provincial, sostuvo que no hay argumentos válidos para que prospere y advirtió sobre una amenaza a la independencia del Poder Judicial.
“Nunca procede el juicio político contra un juez por el contenido de sus decisiones y mucho menos si son fundamentadas. No habría ninguna causal. El concepto de independencia judicial deja mucho que desear”, señaló el integrante del máximo tribunal santafesino.
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En cuanto a las críticas por lo actuado por el Tribunal Electoral, Erbetta diferenció lo relacionado con el voto joven con lo vinculado al decreto de la dictadura N° 9280. “Una cosa es el voto joven que rige en toda la República Argentina y otra es la discusión por la banca, que tiene que ver con la vigencia de un decreto del terrorismo de Estado. Ese decreto, que en su momento perjudicó a Carlos Del Frade y se quejó, está derogado porque en la democracia hubo una reforma orgánica del régimen electoral que estableció un primer piso y dejó sin efecto el decreto de la dictadura”, explicó. Al respecto, agregó: “Lo paradojal es que cuando a Del Frade lo perjudicaba, así lo categorizó, y cuando lo benefició, lo reivindicó. Hay un problema de coherencia”.
Por otro lado, en cuanto al pedido concreto de juicio político, Erbetta aclaró que “se tiene que encuadrar el pedido de juicio político en una causal. No creo que sea ignorancia del derecho, porque la ignorancia tiene que ser reiterada”. Sobre este punto, graficó que “si el Tribunal de enjuiciamiento dice que no hay causal y la Legislatura dice que sí, sería un escándalo”.
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En 2021, hubo un recurso de amparo presentado por Rubén Giustiniani y Agustina Donnet para incorporar el voto joven y el Tribunal Electoral lo rechazó.
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En la misma dirección, sobre el voto joven, el integrante de la Corte explicó que “se hizo una interpretación fundamentada y se saldó una cuestión de construcción de ciudadanía y preservación de derechos de la que estaban privados solo los jóvenes de la provincia de Santa Fe. Era paradojal que un joven de 16 años pudiera elegir presidente y no al presidente comunal del pueblo donde vive”.
“Desgaste institucional inaceptable y una irresponsabilidad institucional injustificada”
Por otro lado, el magistrado aseguró que sus opiniones esgrimidas en los fallos “merecieron críticas académicas extraordinarias y fueron reconocidas por todos los constitucionalistas del país”. “Además- sostuvo- va contra la opinión jurídica dominante”.
De forma irónica, Erbetta hizo referencia a los comicios del 2023. “Los chicos votaron. Deberían anular la elección de Pullaro. Si mi decisión fuera tan grave, ¿cuál sería la validez de esos votos”, y advirtió: “Con este criterio, quedan todos los jueces prácticamente pendientes de un hilo. Es un verdadero disparate. Genera un desgaste institucional inaceptable y una irresponsabilidad institucional injustificada”.
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A fines de esta semana, ingresará a la Cámara de Diputados de Santa Fe un pedido de juicio político contra el juez de la Corte Suprema de Justicia provincial y expresidente del Tribunal Electoral, Daniel Erbetta.
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“Esto no puede ser tomado más que como ataque a la independencia judicial. No hay duda que la amenaza de destitución a un juez no puede ser interpretado como otra cosa que una pretensión de querer contar con jueces no independientes”, concluyó.
