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Política opinión | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina | Cumbre de la CELAC

Cumbre de la CELAC y juicio político a la Corte: arranca una semana de alto voltaje en la Argentina

La cumbre de la CELAC, con la visita de los presidentes de Cuba y Venezuela, y el inicio del proceso de enjuiciamiento a la Corte Suprema ponen en marcha el año político en la Argentina que se extenderá hasta las elecciones presidenciales.

Se avecina una semana agitada en el escenario político. Arrancará este martes con la cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) a realizarse en la ciudad de Buenos Aires y en la cual participarán presidentes y representantes latinoamericanos militantes del “eje bolivariano”, como el venezolano Nicolás Maduro y el cubano Miguel Díaz Canel, sobre quienes recaen denuncias internacionales sobre violaciones de derechos humanos en sus países. La oposición de Juntos por el Cambio, lejos de darles la bienvenida, los recibirá con una denuncia penal y un pedido expreso de que se vayan del país.

Este clima de tensión se replicará el próximo jueves cuando el oficialismo, a instancias del presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores del PJ, dé inicio al proceso de enjuiciamiento a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. La oposición anticipó su rechazo a la embestida oficialista contra el máximo tribunal, aunque el oficialismo aprovechará su mayoría en la comisión para dar curso a la investigación. Se estima que el proceso perdurará durante al menos dos meses.

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La visita de los presidentes de Venezuela y Cuba a Buenos Aires, para participar de la cumbre de la CELAC, ya levantó polvareda. Desde Juntos por el Cambio anticiparon que realizarán una denuncia penal por supuestas violaciones a los derechos humanos y harán un pedido expreso para que se los expulse del país.

La visita de los presidentes de Venezuela y Cuba a Buenos Aires, para participar de la cumbre de la CELAC, ya levantó polvareda. Desde Juntos por el Cambio anticiparon que realizarán una denuncia penal por supuestas violaciones a los derechos humanos y harán un pedido expreso para que se los expulse del país.

“El 26 de enero será la primera reunión de trabajo, el 2 de febrero se recibirá a los autores de los proyectos de juicio político contra la Corte y el 9 sale el informe de admisibilidad sobre si las denuncias tienen sustento. A partir de entonces, comienza la investigación y la apertura del sumario”, precisó la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard.

Además del pedido de juicio político a la Corte, impulsado por el Frente de Todos, hay otros 11 proyectos que van en el mismo sentido. Entre ellos, el que presentó la Coalición Cívica contra el juez Ricardo Lorenzetti por supuestos desmanejos administrativos en el máximo tribunal mientras ejerció la presidencia. “Por ser el más antiguo, será el primero que se pondrá a consideración de la comisión”, anticipan los oficialistas.

El presidente Fernández y su tropa legislativa sostienen, en su pedido de juicio político, que los cuatro magistrados violaron la división de poderes y avasallaron facultades constitucionales propias del Poder Ejecutivo y del Congreso en dos fallos. Uno de ellos es el referido al Consejo de la Magistratura, en el cual los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda declararon la inconstitucionalidad de la ley que impulsó el kirchnerismo en 2006 para regular el funcionamiento de ese cuerpo. Dispuso que hasta tanto el Congreso sancione una nueva norma, el Consejo se integraría según el régimen legal anterior. Acto seguido, Rosatti, como titular de la Corte, asumió la presidencia del Consejo.

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En la Cámara de Diputados de la Nación se discuten una docena de proyectos referidos a la Corte Suprema de Justicia.

En la Cámara de Diputados de la Nación se discuten una docena de proyectos referidos a la Corte Suprema de Justicia.

El otro fallo, firmado por los cuatro jueces de la Corte, es el que restituye fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. El oficialismo sostiene que esta resolución no solo perjudica a las provincias y a la Nación –que se ve obligada a reasignar partidas presupuestarias para cumplir con el pago– sino que, además, hubo connivencia entre el máximo tribunal y el gobierno porteño en esta sentencia; para ello se fundan en la filtración de chats que cruzaron Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño.

Este punto promete desatar una fuerte controversia dentro de la comisión: el oficialismo insistirá en utilizar esos chats obtenidos de manera ilegal para citar a Robles y a D’Alessandro a la comisión. La oposición rechazará el planteo: sostendrá que una acusación no se puede fundamentar en elementos obtenidos de manera ilegal y que, además, esas supuestas escuchas entre Robles y D’Alessandro no involucran directamente a los jueces de la Corte.

“El pedido de juicio político del oficialismo está flojo de papeles, es muy endeble”, enfatizó Mario Negri, jefe del bloque radical y miembro de la Comisión de Juicio Político. Desde PRO, Pablo Tonelli, también integrante de la comisión, insiste en que no se puede juzgar a los magistrados por el contenido de sus sentencias, salvo que se trate de decisiones contrarias a la ley (por ejemplo, si se incurre en prevaricato) o casos extremos que atentan contra el debido derecho. “Este no es el caso”, sostiene el legislador macrista.