El 19 de octubre del año pasado, la fiscal Cristina Ferraro se presentó con su abogado, Sebastián Oroño, ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial.
Si bien la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial está citada para este jueves a las 9.30 para definir la situación de la fiscal santafesina Cristina Ferraro -procesada en la Justicia federal por su desempeño en las investigaciones sobre el homicidio del empresario Hugo Oldani-, se plantean dudas de que se produzcan decisiones definitivas en este sentido.
Hasta el mediodía de este miércoles, la situación era la siguiente: nueve de los doce miembros de la Comisión consensuaron verbalmente un dictamen que apunta a destituir a Ferraro del Ministerio Público de la Acusación, mientras que los otros tres integrantes plantean la alternativa de suspenderla de manera indefinida hasta que la Justicia federal establezca si cometió algún delito.
Hasta hoy, ninguno de los miembros de la comisión había informado sobre posible ausencias a esta reunión prevista para las 9.30 de este jueves.
De todos modos, dos fuentes consultadas por AIRE -el senador Lisandro Enrico y el diputado Leandro Busatto- coincidieron en afirmar que el presidente de la Comisión de Acuerdos, el senador Raúl Gramajo, sugirió que antes de avanzar con las firmas de los dictámenes se notifique a Ferraro de la situación y se le brinde la posibilidad de que ejerza su derecho a defensa.
El 19 de octubre del año pasado, Ferraro ya se presentó ante la Comisión de Acuerdos. Aquel día, la fiscal explicó que Virginia Oldani -hija del empresario asesinado- le pidió autorización para ingresar a las oficinas para retirar el DNI de su padre, ya que lo iba a necesitar para los trámites posteriores. Dijo que por una cuestión humanitaria decidió autorizar su ingreso a la escena del crimen, pero que jamás autorizó a los familiares a retirar otra cosa que no fuera el DNI.
Ferraro afirmó que no se percató que la hija de Oldani y el resto de estas personas salían de las oficinas con mochilas, bolsos y una caja, sino que se dio cuenta de lo que había sucedido poco después, al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la galería.
En definitiva, habrá que esperar hasta mañana jueves para saber si los miembros de la Comisión de Acuerdos deciden firmar los dictámenes propuestos hasta el momento y ponerlos a disposición de diputados y senadores que, desde las 12.30, se reunirán en sesión conjunta.
Otra alternativa es que se opte por aguardar, notificar a Ferraro de la situación y dejar abierta la posibilidad de que se vuelva a presentar ante los miembros de la comisión.
Mientras tanto, transcendió que la fiscal Ferraro presentará un amparo en la Justicia Laboral por su caso. Hasta el mediodía de este miércoles, no se había recibido ninguna notificación en este sentido en el Poder Ejecutivo de la Provincia -Ferraro es empleada pública, por trabajar en el MPA-, ni en la Legislatura.
Desde la Legislatura de Santa Fe, Cristina Ferraro fue investigada y suspendida durante cinco meses en sus funciones. Mientras tanto, la Justicia federal la procesó por el supuesto delito de encubrimiento de una supuesta "cueva financiera" en Oldani Turismo.
Pocas horas después del homicidio de Hugo Oldani, la fiscal llegó a la Galería Rivadavia -donde funcionaba la empresa- y permitió que familiares de la víctima ingresaran a estas oficinas de turismo.
Según su versión de los hechos, los familiares pidieron autorización para recoger documentación de Oldani, quien acababa de fallecer en el hospital Cullen. Sin embargo, lo que hicieron fue otra cosa: se llevaron más de un millón de dólares y más de tres millones de pesos que se encontraban en un estante; también desaparecieron pagarés y listados con nombres de personas que estaban sobre un escritorio.
Los familiares -junto a una abogada y una empleada de la empresa- abandonaron la escena del crimen portando cajas, bolsos y mochilas, sin que nadie se percatara de lo que estaba ocurriendo.
Pero eso no fue todo. Mientras Ferraro se encontraba en el lugar, policías desconectaron la cámara de seguridad que apuntaba específicamente hacia Oldani Turismo -la número 6- y la volvieron a conectar a las 9 de la mañana del día siguiente. Estos policías también están procesados por la Justicia federal.
Las imágenes registradas por el resto de las cámaras de seguridad de la Galería Rivadavia, llamativamente terminaron apareciendo en el domicilio particular de un policía en San José del Rincón.
Además, Ferraro no dispuso durante esa noche que efectivos policiales preservaran la escena del crimen. Solo colocaron una faja y recién al día siguiente -cuando el dinero y la documentación ya habían desaparecido- ordenó una custodia que tampoco se cumplió. Por ese motivo, otro policía está procesado.
La fiscal Ferraro, a pedido de los familiares de Oldani, aceptó que durante el procedimiento no hubiese ningún ciudadano imparcial como testigo. Paradójicamente, esos mismos familiares terminaron siendo procesados en la Justicia federal por la supuesta participación en el posible funcionamiento de una "cueva financiera".
Ferraro autorizó que estos familiares -los mismos que se llevaron dinero y documentación de la escena del crimen- ingresaran días después de manera remota a las computadoras de la empresa. Nunca se sabrá si borraron información que pudo resultar de valor para la investigación del homicidio o del posible funcionamiento de la "cueva".
Existe otro dato que llamó particularmente la atención de los investigadores de la Justicia federal: el sábado siguiente al homicidio de Oldani, cuatro días después de que familiares del empresario se llevaran el dinero e impidieran la apertura de una caja fuerte, la fiscal Ferraro mandó un oficio al Ministerio de Seguridad de la Provincia para enviara a policías a observar en qué situación se encontraba el interior de esas oficinas.
Este pedido no se cumplió y nunca quedó claro con qué objetivo Ferraro envió este oficio (la situación aparece descripta en las investigaciones del fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez).
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