El próximo jueves 18 de mayo, se espera que la Legislatura defina la situación de la fiscal Crisina Ferraro, actualmente procesada en la Justicia federal.
La Comisión de Acuerdos de la Legislatura de la Provincia se reunió este miércoles y la mayoría de sus integrantes se mostró a favor de avalar el pedido de remoción de la fiscal de Santa Fe Cristina Ferraro, a raíz de las irregularidades cometidas en la investigación del homicidio del empresario Hugo Oldani -cometido el 11 de febrero de 2020-.
Por su desempeño en dicho caso, la Justicia federal procesó a Ferraro por el posible delito de encubrimiento de la supuesta existencia de una "cueva financiera" en esas oficinas y el fiscal Walter Rodríguez ya solicitó que la causa sea elevada a juicio.
En este contexto, el diputado Leandro Busatto, miembro de la Comisión y encargado de investigar en su momento a esta fiscal, presentó ayer un dictamen en el que propone que la Legislatura desplace a Ferraro y la inhabilite por diez años a ocupar cargos en la Justicia.
Distintas fuentes consultadas por AIRE coincidieron en que al menos nueve de los doce miembros de la Comisión de Acuerdos apoyaron la propuesta de Busatto, por lo que la situación de Ferraro se terminará decidiendo en asamblea conjunta de diputados y senadores provinciales el próximo 18 de mayo.
Entre los que avalan el dictamen de Busatto aparecen los diputados Julián Galdeano (UCR), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia), Lionela Catalini (PS), Clara García (PS) y Gabriel Real (Partido Demócrata Progresista); y los senadores Alcides Calvo (PJ), Joaquín Gramajo (PJ) y Rubén Pirola (PJ).
En cambio, los diputados radicales Fabián Bastía (diputado), Jesús Cándido (diputado) y Lisandro Enrico (senador) trabajan en la elaboración de un dictamen diferente al presentado por Busatto.
Enrico explicó a AIRE que este dictamen planteará la suspensión indefinida de Ferraro de su cargo de fiscal -mientras tanto cobraría el 50% de su sueldo-, hasta tanto conocer la decisión definitiva de la Justicia federal.
"¿Qué haremos en el futuro si la Justicia no condena a Ferraro, pero la Legislatura ya la removió de su cargo?", advirtió el radical. Y agregó: "Diferente será tomar una decisión cuando exista sentencia firme".
Durante la noche del crimen de Oldani, la fiscal Ferraro permitió que familiares del empresario ingresaran a las oficinas de la empresa y se llevaran, al menos, algo más de 1 millón de dólares y más de 3 millones de pesos.
El año pasado y en la Legislatura, la fiscal reconoció que fue ella quien autorizó a los familiares de Oldani a ingresar a la escena del crimen. Sin embargo, afirmó que nunca los autorizó a llevarse el dinero o documentos y que ellos lo hicieron sin que se percatara de lo que estaba sucediendo.
Pero eso no fue todo lo que sucedió esa noche. Mientras los allegados al empresario estaban en las oficinas -y Ferraro permanecía a pocos metros en la misma Galería Rivadavia-, hubo policías que desconectaron las cámaras de seguridad que apuntaban hacia Oldani Turismo. Las cámaras volvieron a funcionar durante la mañana siguiente.
El 24 de noviembre del año pasado y en sesión conjunta, ambas cámaras legislativas suspendieron a Ferraro durante 150 días por su sospechoso desempeño durante los primeros tramos de las investigaciones que este caso.
En ese momento, los legisladores dejaron expresamente aclarado que el caso sería reabierto si se producían avances en la causa judicial. Ahora, esta funcionaria ya no solo se encuentra procesada, sino que además un fiscal federal solicitó formalmente que sea llevada a juicio.
Aquellos 150 días de suspensión se completaron el domingo 23 de abril. Al día siguiente, Ferraro no se reintegró a sus funciones en el MPA porque presentó un certificado médico, que venció el lunes 8 de mayo.
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