Este miércoles, la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe tiene previsto evaluar la posibilidad de proponer la expulsión de a la fiscal Cristina Ferraro del Ministerio Público de la Acusación, a raíz de su irregular desempeño en la investigación del homicidio del empresario Hugo Oldani -ocurrido el 11 de febrero de 2020- y luego de que el fiscal federal Walter Rodríguez solicitara formalmente que se eleve a juicio la causa en que aparece procesada por el posible delito de encubrimiento.
Si la Comisión de Acuerdos avala el pedido de remoción de Cristina Ferraro del MPA, la decisión final quedará en manos de la Asamblea Legislativa.
El diputado provincial Leandro Busatto presentó el dictamen de remoción de esta fiscal ante la Comisión de Acuerdos durante los últimos días. Y por estas horas, diputados y senadores de dicha comisión deberán resolver sobre este pedido.
En caso de que se avale el planteo de Busatto, todo indica que la decisión final estará en manos de la Asamblea Legislativa que se reunirá el próximo 18 de mayo, cuando se deben tratar los pliegos para designar al nuevo defensor regional de Rosario y al fiscal regional de Reconquista.
Mientras esto sucede en el plano Legislativo, a principios de mayo se solicitó en la Justicia federal la elevación a juicio del caso en que la fiscal aparece como procesada por el posible delito de encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública en concurso real con abuso de autoridad.
Durante la noche del crimen de Oldani, la fiscal Ferraro permitió que familiares del empresario ingresaran a las oficinas de la empresa y se llevaran, al menos, algo más de 1 millón de dólares y más de 3 millones de pesos. Además, mientras ella estaba presente en la Galería Rivadavia, hubo policías que desconectaron las cámaras de seguridad que apuntaban hacia Oldani Turismo y volvieron a funcionar durante la mañana siguiente.
El 24 de noviembre del año pasado y en sesión conjunta, ambas cámaras legislativas suspendieron a Ferraro durante 150 días por su sospechoso desempeño durante los primeros tramos de las investigaciones que este caso.
En ese momento, los legisladores dejaron expresamente aclarado que el caso sería reabierto si se producían avances en la causa judicial. Ahora, esta funcionaria ya no solo se encuentra procesada, sino que además un fiscal federal solicitó formalmente que sea llevada a juicio.
Aquellos 150 días de suspensión se completaron el domingo 23 de abril. Al día siguiente, Ferraro no se reintegró a sus funciones en el MPA porque presentó un certificado médico, que venció el lunes 8 de mayo -hace apenas 48 horas-.
Otros procesados en la Justicia federal
El fiscal federal Walter Rodríguez también procesó por esta causa a tres allegados al círculo íntimo de Oldani, entre los que aparecen Diego Marcos Medera, José Luis Hernández y Virginia Venetucci, por entonces también empleada de la Asesoría Letrada de la Policía de la Policía de Santa Fe, quienes fueron señalados como coautores de encubrimiento por favorecimiento real agravado por el ánimo de lucro por su participación en la desaparición del lugar de dinero en efectivo (al menos 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares estadounidenses) y documentación de valor indiciario que constituían rastros, pruebas e instrumentos del delito de intermediación financiera no autorizada por el que se estaba investigando a la firma Turismo Oldani S.R.L.
Paralelamente, el fiscal le atribuyó a José Julián Nizzo la posible autoría del delito de desobediencia a un funcionario público ya que, según la acusación, en ejercicio de su función como jefe de la Primera Zona de Inspección de la Policía, desestimó la orden impartida por Ferraro sobre implantar una custodia permanente en la sede donde funcionaba Turismo Oldani entre el 12 y el 17 de febrero de 2020.
En su defensa, Nizzo remarca que no contaba con personal suficiente y que, si hubiese mantenido esta custodia, las irregularidades investigadas ya se habían cometido durante la noche del 11 de febrero y en presencia de la fiscal.
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