Mientras Santa Fe atraviesa un perturbador período de violencia e inseguridad, el Ministerio Público de la Acusación -que reúne a los fiscales encargados de investigar los delitos penales- se encamina hacia una situación inédita en sus casi diez años de existencia: si en los próximos diecisiete días la Legislatura no toma una decisión sobre el futuro de Cristina Ferraro, esta provincia podría contar con una fiscal en funciones a pesar de que está procesada en la Justicia federal por distintos delitos.
Dicho en otros términos: si diputados y senadores de Santa Fe no avanzan en una posible destitución de esta fiscal en poco más de dos semanas, Cristina Ferraro será una de las encargadas de perseguir el delito penal en esta provincia, mientras sobre ella pesan sospechas firmes de haber violado la ley.
El 24 de noviembre del año pasado y en sesión conjunta, ambas cámaras legislativas suspendieron a Ferraro durante 150 días por su sospechoso desempeño durante los primeros tramos de las investigaciones que ella condujo luego del asesinato del empresario Hugo Oldani, dueño de una agencia de turismo que fue ejecutado en pleno centro de la ciudad de Santa Fe el 11 de febrero de 2020.
Esos 150 días de suspensión se cumplen el próximo domingo 23 de abril. Al día siguiente, si la Legislatura no dispone lo contrario, Ferraro estará en condiciones de retornar a su trabajo como fiscal.
Procesada y rumbo a un juicio
Mientras esto sucede en ámbitos de la provincia de Santa Fe, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ratificó el procesamiento sobre Ferraro por los posibles delitos de encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública, y abuso de autoridad; dado que -de acuerdo con la investigación- facilitó la desaparición de elementos probatorios de la escena del crimen de Oldani.
Entre ellos, 3.050.000 pesos y 1,1 millón de dólares que se encontraban en esta agencia de turismo, donde se sospecha que funcionaba una cueva financiera. Aquella misma noche y a pocos metros de Ferraro, la familia Oldani se llevaba de la escena del crimen estas evidencias, mientras un grupo de policías apagaba las cámaras de seguridad que apuntaban hacia las oficinas -las volvieron a conectar durante la mañana siguiente-.
A fines del año pasado, el diputado provincial Leandro Busatto, -encargado de investigar a Ferraro desde la Comisión de Acuerdos de la Legislatura- pidió la expulsión de la fiscal del MPA luego de evaluar su proceder en el caso Oldani. Sin embargo, se terminó votando por una suspensión de 150 días, sin goce de sueldos, con un apartado específico que planteaba que el caso podía ser retomado en la medida en que modificara la situación procesal de esta funcionaria en la Justicia federal.
Esto fue lo que sucedió desde el preciso momento en que la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento contra Ferraro. El próximo acto procesal que se aguarda en este caso es que el fiscal federal, Walter Rodríguez, pida la elevación a juicio de la causa.
En estos momentos, Walter Rodríguez trabaja en este y en otros casos relacionados. Y no se descarta -aunque tampoco puede confirmarse- que el pedido de elevación a juicio de la causa de Ferraro se produzca antes del 24 de abril, fecha en que se termina la suspensión impuesta a la fiscal.
Los tiempos corren y la situación no se define
Esta semana, la Comisión de Acuerdos de la Legislatura pidió a la Cámara Federal de Rosario que envíe copias de la sentencia de confirmación del procesamiento sobre Ferraro.
Sin embargo y frente a este escenario, parece poco probable que en apenas 17 días dicha Comisión reciba la documentación solicitada, se reúna para analizarla, decida abrir el caso de Ferraro, avale una posible destitución de la fiscal y esta medida sea votada en sesión conjunta de ambas Cámaras.
Sobre todo si se tiene en cuenta que estos 17 días incluyen un feriado -Viernes Santo-, tres fines de semana -8 y 9; 15 y 16; 22 y 23 de abril- y nada menos que la Asamblea Legislativa prevista para el próximo jueves 13, en la que los legisladores de esta provincia deberán votar los nombramientos de las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa para los próximos seis años.
A estas alturas de las circunstancias no se puede asegurar que Cristina Ferraro sea culpable de uno o más delitos. Sin embargo, de lo que no existe ninguna duda es que sobre ella pesan fuertes sospechas, un procesamiento firme por al menos tres delitos federales y un próximo pedido de elevación a juicio de su caso.
A fines de 2017 y luego de que algunos políticos de renombre fueran investigados por miembros del MPA, la Legislatura de Santa Fe actuó con premura y sancionó -a libro cerrado y de manera casi unánime- una ley que desde entonces otorga a diputados y senadores la potestad de investigar, sancionar y expulsar a fiscales de esta provincia.
Esta vez, el poder político no parece actuar con los mismos reflejos.
A tres años del homicidio de Oldani, a más de dos años de que los sospechosos detalles del accionar de Ferraro llegaran a manos del fiscal regional Carlos Arietti -y fueran revelados periodísticamente- y a nueve meses de que esta funcionaria judicial terminara siendo procesada por la Justicia federal, la Legislatura de Santa Fe aún no define esta situación.
Así las cosas y salvo que se adopte alguna decisión interna en el MPA, todo indica que a partir del próximo 24 de abril Cristina Ferraro estará en condiciones de retornar a sus funciones como una de las encargadas de perseguir el delito penal en esta provincia, a pesar de que sobre ella pesan sospechas firmes de haber violado la ley.
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