Cristina Ferraro, la fiscal a cargo del caso Oldani, asegura que no cometió ningún delito y que es víctima de una persecución laboral, política y mediática.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
Tres años después de que comenzara a trascender públicamente una serie de sugestivos hechos que se produjeron a partir del asesinato del empresario santafesino Hugo Oldani -ocurrido el 11 de febrero de 2020-, la primera fiscal responsable del caso rompió el silencio.
Se trata de Cristina Ferraro, quien tomó la decisión de hablar públicamente a pocos días de que la Legislatura de la Provincia de Santa Fe determine si debe ser expulsada del Ministerio Público de la Acusación -existe la posibilidad de que su desempeño sea evaluado este jueves en sesión conjunta de diputados y senadores- y mientras ya se encuentra procesada en la Justicia federal por delito de encubrimiento del supuesto funcionamiento de una "cueva financiera" en Oldani Turismo.
En distintos medios de comunicación, Cristina Ferraro dijo que no cometió ningún delito y planteó que es víctima de una persecución política, mediática y laboral.
A fines del año pasado -luego de que Ferraro fuera suspendida en sus funciones durante cinco meses por la Legislatura- AIRE ofreció a los abogados defensores de la fiscal la posibilidad de realizarle una entrevista para que pudiera expresar su versión de los hechos. El pasado martes 9 de mayo, AIRE reiteró el ofrecimiento. Y lo mismo sucedió este lunes 15 de mayo. En cada una de estas ocasiones, la respuesta fue negativa.
Sin embargo, durante los últimos días la fiscal brindó una serie de entrevistas en otros medios locales, donde habló de "hostigamiento constante, mediático e incluso ante las propias autoridades del MPA". Además, apuntó sus críticas hacia el diputado Leandro Busatto, encargado de investigarla desde la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial.
Por decisión propia o por recomendación de sus abogados, Cristina Ferraro está en todo su derecho de elegir en qué momento hablar, de qué manera hacerlo y a través de qué medios expresarse sobre su actuación en esta causa.
Aquella noche del 11 de febrero de 2020 y pocas horas después del homicidio de Hugo Oldani, la fiscal llegó a la Galería Rivadavia -donde funcionaba la empresa- y permitió que familiares de la víctima ingresaran a estas oficinas de turismo.
Según su versión de los hechos, los familiares pidieron autorización para recoger documentación de Oldani, quien acababa de fallecer en el hospital Cullen. Sin embargo, lo que hicieron fue otra cosa: se llevaron más de un millón de dólares y más de tres millones de pesos que se encontraban en un estante; también desaparecieron pagarés y listados con nombres de personas que estaban sobre un escritorio.
Los familiares -junto a una abogada y una empleada de la empresa- abandonaron la escena del crimen portando cajas, bolsos y mochilas, sin que nadie se percatara de lo que estaba ocurriendo.
Pero eso no fue todo. Mientras Ferraro se encontraba en el lugar, policías desconectaron la cámara de seguridad que apuntaba específicamente hacia Oldani Turismo -la número 6- y la volvieron a conectar a las 9 de la mañana del día siguiente. Estos policías también están procesados por la Justicia federal.
Las imágenes registradas por el resto de las cámaras de seguridad de la Galería Rivadavia, llamativamente terminaron apareciendo en el domicilio particular de un policía en San José del Rincón.
Además, Ferraro no dispuso durante esa noche que efectivos policiales preservaran la escena del crimen. Solo colocaron una faja y recién al día siguiente -cuando el dinero y la documentación ya habían desaparecido- ordenó una custodia que tampoco se cumplió. Por ese motivo, otro policía está procesado.
La fiscal Ferraro, a pedido de los familiares de Oldani, aceptó que durante el procedimiento no hubiese ningún ciudadano imparcial como testigo. Paradójicamente, esos mismos familiares terminaron siendo procesados en la Justicia federal por la supuesta participación en el posible funcionamiento de una "cueva financiera".
Y hay más: Ferraro autorizó que estos familiares -los mismos que se llevaron dinero y documentación de la escena del crimen- ingresaran días después de manera remota a las computadoras de la empresa. Nunca se sabrá si borraron información que pudo resultar de valor para la investigación del homicidio o del posible funcionamiento de la "cueva".
Existe otro dato que llamó particularmente la atención de los investigadores de la Justicia federal: el sábado siguiente al homicidio de Oldani, cuatro días después de que familiares del empresario se llevaran el dinero e impidieran la apertura de una caja fuerte, la fiscal Ferraro mandó un oficio al Ministerio de Seguridad de la Provincia para enviara a policías a observar en qué situación se encontraba el interior de esas oficinas.
Este pedido no se cumplió y nunca quedó claro con qué objetivo Ferraro envió este oficio (la situación aparece descrita en las investigaciones del fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez).
A estas alturas de las circunstancias, nadie puede asegurar que Cristina Ferraro haya cometido un delito. Tampoco existen certezas de que la Justicia federal logre probar las imputaciones en su contra ante el tribunal que llevará adelante el juicio.
De todos modos, a partir de los hechos descritos y de la negativa de la fiscal Cristina Ferraro a ser entrevistada por AIRE, a continuación se transcriben 10 preguntas que -entre tantas otras- siguen sin respuesta.
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