Este viernes vuelve a sesionar la Convención del 25, en la que se abordarán cuestiones relacionadas con derechos digitales, ciencia e innovación, protección del ambiente, derecho de consumidores y usuarios y el reconocimiento de desigualdades estructurales.
Este viernes se llevará a cabo una nueva sesión de la Convención del 25, donde se lleva adelante el proceso de reforma constitucional de Santa Fe.
Este viernes por la tarde se lleva a cabo una nueva sesión de la Convención del 25, que tiene a su cargo el proceso de reforma constitucional de Santa Fe. Se espera que sea una sesión maratónica que comenzará durante la siesta, y podría continuar hasta el sábado a la noche.
En el temario para esta sesión, están incluidos tópicos abordados en la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. En ese ámbito, se discutió la reforma de los artículos 2, 3, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 22, 29, 30, 109, 110, 111, 112 y 113 y sobre los siguientes temas habilitados para su incorporación: derechos digitales, ciencia e innovación, protección del ambiente, derecho al agua, consumidores y usuarios y medidas de acción positiva, en las que se reconocen las desigualdades estructurales en la provincia de Santa Fe.
Otros de los temas que serán debatidos y que promete ser intenso y extenso tiene que ver con la relación entre el Estado y los cultos religiosos.
La Convención del 25 introducirá cambios políticos e institucionales, pero también modificaciones en el orden social. Uno de los principales cambios impulsados respecto a la redacción de la Constitución de 1962 está relacionado con la religiosidad en el territorio santafesino.
La actual redacción de la Carta Magna dispone, en su artículo 3° que “la religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes”.
En tal sentido y según surge del dictamen de mayoría firmado en la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, Santa Fe no tendrá religión oficial y garantizará la separación de la cuestión religiosa de la civil. “La Provincia no establece religión oficial, asegura la distinción entre el orden civil y el religioso. La relación entre el Estado, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos, se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”, será la nueva redacción. El dictamen de mayoría fue firmado por los convencionales de Unidos para Cambiar Santa Fe, Somos Vida y Familia y Frente de la Esperanza.
Sin embargo, ante gestiones realizadas desde diferentes sectores políticos y otros relacionados con la Iglesia Católica, el dictamen podría ser modificado nuevamente y, al menos, admitir la historicidad de la Iglesia en Santa Fe.
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Sobre este punto, el convencional de Unidos para Cambiar Santa Fe, Walter Ghione, sostuvo que “nosotros hemos logrado una redacción que vamos a tratar de defenderla en la comisión Redactora. Es una redacción que consensuamos en la comisión, pero entendemos los reclamos. No estamos encerrados, sino que entendemos que puede haber reclamo”.
Sobre los reclamos recibidos, Ghione admitió que “puede haber algún tipo de cambio no sustancial, alguna palabra ahí que se tenga que agregar o que le dé una forma de algo que nos están solicitando. Veremos qué se incorpora o de qué manera podemos tratar de incluir a todos”.
“Es un artículo que, primero por quitarle la confesión del Estado, ya estamos tocando una fibra muy sensible. Y en segundo lugar, lo que es ordenar y establecer las reglas en cuanto a cuál va a ser la relación del Estado con las iglesias. Ahí también hay otro libro sensible porque tenemos esta discusión muy de base que lleva un par de siglos en nuestro país y principalmente en nuestra provincia, donde tenemos por un lado la iglesia católica y después el resto de los cultos”, agregó.
Al respecto, el convencional de Somos Vida y Libertad, Juan Argañaraz, explicó que su sector había propuesto en el artículo “la idea de que haya un reconocimiento más amplio hacia todas las congregaciones, hacia todas las religiones, porque hacen un trabajo social impresionante, tanto la Iglesia católica, como la Iglesia evangélica y también los adventistas y la Iglesia de Mormones”. “Hablábamos de más reconocimiento de la dimensión espiritual. Entonces, es como que, por así decirlo, en el artículo nos faltaron esos puntos que hubiera sido bueno también agregarlos”, opinó.
Desde la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) manifestaron que "la propuesta de la Convención es un texto humano en tanto garantiza que cada persona pueda desarrollarse plenamente, en concordancia con su proyecto de vida. En este sentido se alinea con las garantías constitucionales nacionales a partir de la reforma de 1994, porque significa afianzar la garantía de la efectivizacion y tutela de los derechos humanos, en tanto éstos prohíben toda forma de discriminación, principalmente por religión, raza, sexo, etc".
"Ahora estará constitucionalmente garantizado en nuestra provincia que todas las religiones son iguales", valoraron en diálogo con AIRE.
En tanto, desde la Iglesia Católica, a través de las cinco diócesis de la provincia, presentaron un proyecto de reforma hace algunas semanas, que proponía "una provincia no confesional". Sobre ello, advirtieron que “no puede ser una Constitución laicista la nuestra”, y propusieron “autonomía y cooperación entre los dos órdenes”, sin privilegios, pero reconociendo “el rol que ha tenido la Iglesia Católica en la conformación cultural y política de la provincia”.
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En ese marco, las diferencias entre propuestas no son menores. Mientras el nuevo artículo 3 marca un corte histórico con cualquier vestigio de confesionalidad estatal, la propuesta de la Iglesia Católica buscaba preservar un lugar simbólico y diferenciado para el catolicismo en la identidad santafesina, bajo el concepto de “laicidad positiva”.
El abogado constitucionalista, Mariano Bär, esclarece que “la laicidad es una ideología que adopta el Estado, cuya esencia está en el desconocimiento de las religiones”, mientras que la secularidad es que el Estado no tome decisiones en base a una religión”. En esa línea, sostiene que, con la reforma de la constitución, donde Santa Fe podrá eliminar la confesionalidad religiosa, se pasaría a una secularidad donde no existirá relación entre ninguna religión específica y el Estado provincial.
“Lo que se va a hacer es que no exista preferencia por ninguna religión. Pero puede ocurrir que el Estado sostenga trabajos de distintos credos –por ejemplo– dentro de una institución carcelaria, o que no sostenga ninguno. Lo importante es que no está obligado y, en todo caso, sería un convenio entre instituciones”. “Es algo simbólico, pero también moderno porque deja en claro que una cosa es el gobierno de los hombres y otra cosa es el gobierno de los dioses", agregó.
Además de esas modificaciones, en la reforma constitucional habrá inclusiones de artículos novedosos. Entre las principales innovaciones aparece el reconocimiento por parte del Estrado provincial de desigualdades sociales y el compromiso de tomar medidas para reducir esa situación. Expresiones similares figuran en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y en la reforma de la Constitución de La Rioja, realizada en 2024.
En la Comisión de Derechos y Garantías se firmó un dictamen de mayoría referido al tema. Fue impulsado por el interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe y acompañado por Más para Santa Fe y Activemos. Además, el espacio Somos Vida presentó su propio proyecto.
El dictamen de mayoría establece que “la Provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas. Se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad”. La encargada de presentar este artículo fue la convencional de Unidos y ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda.
Además, en la comisión también se firmó un dictamen de mayoría en el que establece que la Constitución santafesina reformada reconocerá nuevos derechos, como el derecho digital, derecho a la ciencia e innovación, a la protección del ambiente, al agua y derechos de consumidores y usuarios.
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Respecto a los derechos digitales, la redacción del nuevo artículo establecerá que “todos los derechos previstos en esta Constitución son aplicables en entornos digitales. La Provincia impulsa el desarrollo y uso ético de las tecnologías de manera segura y orientadas al bien común, preservando la centralidad y la dignidad de la persona humana”.
En el mismo sentido, se destaca que toda persona tiene derecho al acceso universal, equitativo, asequible, sin discriminación, continuo y de calidad a la tecnología, a la conectividad y a la infraestructura tecnológica y determina que “el Estado adoptará medidas para lograr progresivamente la efectividad de este derecho, reconociéndose como condición para ejercer una ciudadanía plena e igualitaria y procurando la eliminación de las brechas digitales”.
Luego, se resalta que “la Provincia promueve la construcción de una ciudadanía digital inclusiva, garantizando la alfabetización digital crítica, el respeto a la privacidad, la autonomía mental y la no manipulación de pensamientos, emociones o decisiones mediante el uso de tecnologías, asegurando siempre el consentimiento libre, expreso, informado y revocable”. En esa línea, manda a adoptar políticas integrales de ciberseguridad y procurar un espacio digital libre de violencia, con especial protección de niños, niñas y adolescentes.
Otro artículo sobre derechos digitales advierte que toda persona “tiene derecho a la protección de sus datos personales que se encuentren en entornos digitales ejerciendo sobre ellos el control en el uso, gestión, circulación y conservación de su información personal, con especial protección sobre datos sensibles”.
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Luego, en otro párrafo, se determina que toda persona tiene derecho a conocer de forma clara, accesible y comprensible los criterios, parámetros y lógicas utilizadas en los sistemas automatizados o algorítmicos de toma de decisiones y a que intervenga una persona humana cuando esa decisión pueda afectar sus derechos, especialmente en los que se implemente inteligencia artificial u otras tecnologías emergentes.
Otro artículo novedoso tiene que ver con el reconocimiento a la ciencia y a la innovación y lo enmarca como “un bien común de la sociedad, un derecho de las personas y una herramienta estratégica para el desarrollo socio productivo, sustentable e inclusivo”. En tal sentido, se impulsa el fortalecimiento de un sistema de innovación, con el desarrollo de una institucionalidad, políticas públicas y recursos que aseguren el acceso equitativo a sus beneficios, el impulso a la investigación original, la transferencia tecnológica y la difusión del conocimiento, propiciando la articulación entre actores públicos y privados vinculados a la generación de conocimiento.
La comisión de Derechos y Garantías también firmó un dictamen en el que se incluye el derecho de toda persona a gozar “de un ambiente sano, equilibrado, sostenible y apto para el desarrollo humano, así como el deber de cuidarlo y protegerlo con enfoque intergeneracional y de colaborar con la acción climática”. Coloca al ambiente como “bien colectivo” y destaca que la Provincia establecerá políticas públicas y mecanismos especiales de protección con base en los principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad y no regresividad, responsabilidad, solidaridad y en los derechos de acceso a la información pública ambiental, participación ciudadana, acceso a la justicia y educación ambiental. Además, se deberán establecer sistemas de protección de la naturaleza, de las especies nativas y de los ecosistemas y adoptar medidas en defensa de los animales para asegurar su bienestar y protección, conforme lo establezca la ley.
Según el dictamen de mayoría firmado este miércoles, el agua es un “bien colectivo de uso común e indivisible, esencial para la vida humana, de los ecosistemas y para el desarrollo productivo. Tiene una función social y ambiental y goza de especial protección desde una perspectiva sistémica” y destaca que “toda persona tiene derecho de acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento”. Asimismo, ordena que el Estado estructurará la política pública de gestión integrada, sostenible y planificada de los recursos hídricos con base en la seguridad hídrica, la equidad intergeneracional, el ordenamiento territorial, el establecimiento de cuencas hidrográficas, la preservación del ciclo hidrológico y de los humedales, la interpretación más favorable a la protección de los recursos de agua y ecosistemas conexos, la información pública y la participación ciudadana.
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Por último, señala que la Provincia protege los derechos de consumidores y usuarios y gozan en sus relaciones de consumo de los siguientes derechos: a la dignidad; a la educación; al acceso al consumo sustentable, seguro y de calidad; a la salud; a la protección de su privacidad; a la indemnidad personal y patrimonial, conforme los principios de prevención, precaución y de reparación integral; a la información; al acceso gratuito a la justicia y tutela judicial efectiva; a asociarse para la defensa de estos derechos.
En la redacción del artículo, se indica que la Provincia garantiza la protección de estos derechos mediante un sistema administrativo de defensa del consumidor, su normativa de implementación, y las acciones judiciales individuales y colectivas. Adopta medidas, en coordinación con los municipios, de promoción del consumo sustentable, de prevención de conflictos y de riesgos, tanto en el entorno físico como digital, en particular: la protección de los consumidores y usuarios hipervulnerables; la educación para el consumo; el asociativismo consumeril; y la protección contra los riesgos, la publicidad, el marketing, el sobreendeudamiento de las personas consumidoras, las cláusulas contractuales abusivas y las prácticas abusivas.
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