Luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara este jueves por la mañana el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el gobierno nacional emitió un comunicado de prensa en el que amplía la información y explica cómo reemplazará las funciones que cumplía el organismo.
El gobierno anunció el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, aseguró que "es una prioridad" de su Ministerio "cuidar de manera muy eficiente a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia y/o racismo".
En ese sentido, enfatizó: "Respetaremos y ordenaremos todo lo concerniente a un derecho tan importante como es la no discriminación, ya elaboramos un protocolo de actuación e investigación y el régimen de educación general y capacitación que establecen las normas".
Desde el Ejecutivo, informaron que el Inadi contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente. Por ejemplo, "tenía 7000 expedientes sin trámite ni resolución, que en los últimos dos meses ya se resolvieron 2000", destacaron.
Ahora, las funciones que cumplía el Inadi se llevarán a cabo a través del Ministerio de Justicia que cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea.
"El personal idóneo que trabaja en el organismo y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad", ratificaron desde el Gobierno.
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Por otra parte, indicaron que, como el Inadi fue creado por ley y conforme a convenciones internacionales, su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente.
En relación con el recorte de gastos en el organismo, la cartera de Justicia ya redujo el personal (de 430 a 355) y los sueldos, además se pidió la renuncia a todos los delegados.
También se redujo la cantidad de alquileres (pesos 8.000.000 + gastos por mes), algo que desde el Ministerio de Justicia consideraron como "inútiles, concebidos con fines políticos, ajenos a la tarea del organismo".
"Todo esto redundará en un ahorro para el Estado y la sociedad", concluyeron.
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