Desde que el 10 de febrero de 2020 el juez Fabián Lorenzini decidió habilitar el concurso preventivo de acreedores de Vicentin, su vida como apacible juez civil y comercial de Reconquista cambió rotundamente. En sus manos cayó el default más grande de la historia de la provincia y uno de los mayores del país, y desde entonces estuvo en el epicentro de tironeos políticos y comerciales de dimensiones colosales. Desde la expropiación fallida que anunció el presidente de la Nación en pleno proceso concursal, hasta las recusaciones de los acreedores que querían sacar de Reconquista el concurso porque ven a Lorenzini como el hombre que Vicentin puso en ese juzgado a cuidarle sus intereses para momentos como estos.
Entre esos eventos que lo tienen en el ojo de la tormenta, en junio pasado se sumó una denuncia ante la Corte por su actuación al frente del concurso de Vicentin. La ingresó el abogado rosarino Gustavo Feldman “por derecho propio”, pero es de público conocimiento que es abogado de Commodities SA, empresa propiedad del grupo Grassi, acreedor comercial muy importante de Vicentin que no solo rechazó la oferta de pago, sino que trabaja activamente junto con otros acreedores para llegar al cramdown.
Desde febrero de 2020 Commodities impulsó el traslado de la causa a Rosario, recusó al magistrado y motorizó denuncias penales por estafa en un caso que hoy tiene imputados por ese delito a las 14 personas que ocupaban el directorio el 5 de diciembre de 2019, día que anunció que no podía pagar.
La denuncia, basada en la ley provincial 7050 de enjuiciamiento de magistrados, solicita que se verifique si el Lorenzini “incurrió en las causales de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”, más precisamente en “Ignorancia manifiesta del derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada” y el “Incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas”. Ambas cuestiones están indicadas como causales de remoción en la 7050.
De todos los cuestionamientos que recibió Lorenzini resalta haber habilitado el concurso sin exigirle a la empresa su último balance, que es un documento elemental para permitir ese trámite. En este caso lo autorizó y le concedió a la empresa prórrogas para que lo presentara. Cuando lo hicieron, recién en septiembre de 2021, acreedores comerciales y financieros cuestionaron los datos, que en teoría debían explicar por qué la empresa cayó en default y señalaron la notoria contradicción con los balances anteriores y fue motivo de denuncias penales por confección de balances falsos. A todo esto por primera vez el balance no estaba acompañado por KPMG, histórica auditora de la agroexportadora.
El trámite de enjuiciamiento
El pedido de jury ahora está en manos del tribunal de enjuiciamiento de magistrados de la provincia, que tiene que definir si le da trámite, lo manda a archivo o lo deja en manos de la Corte para que instruya un sumario administrativo, que en el peor de los casos puede llegar a una sanción, pero lo mantendría al margen de la destitución.
Ese tribunal, una vez que el presidente de la Corte le corra vistas, definirá “prima facie” su fundamento, la admisión o rechazo de la denuncia. Como la propia ley exige reserva de la denuncia y el trámite, no trascendieron los plazos y fechas posibles en los que el Tribunal pueda definir la suerte de la denuncia.
Sin embargo, los últimos acontecimientos en el marco del concurso de Vicentin dan pistas bastante concretas sobre cuál puede ser la suerte de la denuncia y de Lorenzini.
El 29 de noviembre pasado la Corte rechazó la avocación que Commodities SA le había solicitado, argumentando una situación de gravedad institucional ante el inminente vencimiento del plazo de exclusividad e intuyendo que Lorenzini se disponía a homologar esa oferta.
Por unanimidad la Corte optó por devolverle el concurso al cuestionado juez Lorenzini y reanudar los plazos procesales. Y si bien le marcó la cancha con recomendaciones y recordatorios en el voto de la mayoría de cuatro, y con consideraciones muy concretas y puntuales para que tenga en cuenta en los votos particulares de Daniel Erbetta y Rafael Gutiérrez, lo cierto es que Lorenzini recibió un espaldarazo para seguir al frente, aunque no necesariamente esto deba leerse como un premio o resultado de la satisfacción del máximo tribunal. La Corte puso en la balanza los costos de las distintas opciones y terminó considerando que el más gravoso para todas las partes era que Lorenzini termine lo que empezó, pero con correcciones de fondo, porque es imposible que Lorenzini homologue la oferta actual como se disponía hacerlo, después de las “consideraciones” que le hizo la Corte al mismo tiempo que lo ratifica al frente del concurso.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte es mayoría en el tribunal de enjuiciamiento, con 6 de los 10 integrantes, y que los 6 lo acaban de ratificar al frente del concurso, sería un contrasentido manifiesto que le den luz verde al enjuiciamiento.
Sobre por qué la Corte ratificó a Lorenzini hay distintas miradas. Algunos afirman que es un apoyo del que sale fortalecido el juez. Otros creen que la Corte se lo devolvió para que arregle las cosas y desactive el conflicto institucional que se avecinaba si finalmente homologaba una oferta de pago condicionada a la venta de bienes que la empresa no puede vender porque están caucionados por diferentes jueces penales de la órbita provincial y federal.
Un proceso con pocas chances
Así las cosas, la devolución del expediente parece indicar que el enjuiciamiento no tiene demasiadas chances de prosperar. Sin embargo, los problemas no terminan allí, porque el tribunal podría desestimar el enjuiciamiento, pero nada le impide que los planteos sean analizados en una instancia administrativa, lo que técnicamente se denomina “remanente administrativo”. El caso más reciente es el del juez penal de Rosario Postma, que se salvó de la destitución, pero el caso sigue vía sumario administrativo y difícilmente zafe de ser de una sanción que puede ser una especie de amonestación, económica o la suspensión temporal sin goce de haberes.
Una tercera posibilidad es que el tribunal de enjuicimiento desestime la denuncia del abogado Feldman y la mande directamente al archivo.
Para algunos, Lorenzini es lisa y llanamente un esbirro de los intereses de Vicentin, el lobo puesto a cuidar las ovejas. Para otros es un juez de ciudad chica que de un día para el otro le tocó lidiar con un monstruo sin estructura ni herramientas necesarias y que en el momento tuvo que elegir entre abrir el concurso y encender el respirador artificial para que Vicentin siga medianamente funcionando, o apegarse a la letra de la ley con el riesgo de que (esta es la parte contrafáctica) Vicentin se paralice y por el propio peso se hunda en el fango al que lo llevaron sus dueños y directivos, después de años de vaciamiento y maniobras que están bajo investigación penal
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