La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe resolvió devolverle el trámite del concurso preventivo de acreedores de Vicentin al juez de Reconquista Fabián Lorenzini y no avocarse al caso. La votación fue por unanimidad.
Antes de la intervención de la Corte, el concurso ya estaba en su etapa final y Vicentin había alcanzado los porcentajes que manda la ley para homologar la oferta, tanto en cantidad de acreedores como porcentaje de capital.
Los detalles de la resolución se conocerán recién este miércoles a la mañana, cuando está previsto que la oficina de prensa de la Corte difunda los términos de la acordada de la que participaron los ministros del tribunal.
Al cierre de la reunión semanal de acuerdos de la Corte Suprema, en la que fue elegido Daniel Erbetta como presidente a partir del 1° de enero próximo, los seis jueces supremos convinieron no hacer comentario alguno a medios periodísticos hasta que se cumpla con la notificación formal a las partes, es decir Commodities SA, Vicentin, el Juzgado Civil y Comercial N°2 de Reconquista y el Banco Nación, entre otros.
Fuentes consultadas por AIRE que conocen el expediente indicaron que los ministros dejaron advertencias y recomendaciones que el juez Lorenzini deberá tener en cuenta. La principal es cuidar que la oferta a los acreedores no sea abusiva, recordando que es importante sostener el funcionamiento de la empresa pero también resguardar los intereses de los acreedores, entre ellos el Banco Nación.
También se pidió especial atención en que el concurso preventivo no afecte ni genere dificultades en el trámite del proceso penal que se lleva adelante en Rosario, por el cual están imputados todos los miembros del directorio de Vicentin a diciembre de 2019 por el delito de estafa (entre otros) y embargados varios de los bienes más valiosos de Vicentin.
Uno de los votos refirió la necesidad de que la salida que tenga el concurso cuide la competencia en el mercado de granos y derivados, en línea con los aportes que hizo la Comisión Nacional de la Competencia (el juez deberá poner atención en las ofertas que se reciban para posible adquisición de bienes y si estas no afectan la libre competencia).
Otras recomendaciones son relativas al especial cuidado y preservación de las fuentes de trabajo, lo que implícitamente refiere a uno de los aspectos más cuestionados de la oferta vigente, que prácticamente no contempla lo que conoce como el nodo norte, es decir todo el polo industrial radicado en la zona Reconquista-Avellaneda.
El pedido de avocación
En junio pasado el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, había dado trámite al pedido de avocación que hizo el acreedor comercial Commodities SA. El decreto de presidencia ordenó al juez Lorenzini suspender todos los plazos del proceso concursal y remitir el expediente al máximo tribunal para que estudie si las irregularidades que el acreedor catalogaba como de “gravedad institucional” merecían una medida extraordinaria como la avocación.
Avocarse implica que la Corte intervenga en un caso que no llegó a ella por el camino ordinario. Por lo tanto, lo toma salteándose instancias inferiores. En este caso, Lorenzini es un juez de primera instancia y la intervención de la Corte saltearía a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, que es la instancia intermedia. Es el equivalente al per saltum que en muy pocas ocasiones admitió la Corte nacional.
Desde julio hasta septiembre, la Corte pidió la opinión de todas las partes sobre si correspondía avocarse al caso. El 21 de septiembre cerró esa ronda de opiniones el dictamen del procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre.
En ese momento, Barraguirre opinó que no correspondía la avocación de la Corte Suprema, pero a la vez hizo una serie de sugerencias que evidentemente marcaron un camino dentro de la Corte en relación a las recomendaciones que incluyeron en su resolución.
El más importante es que ese dictamen cuestionó la propuesta de pago que Vicentin le hizo a sus acreedores por estar condicionada a la concreción de la venta de activos de la empresa que están cautelados por jueces penales. Por otra parte, propuso incorporar al trámite del concurso nuevos actores para que sigan de cerca los pasos del cuestionado juez Lorenzini: un fiscal extrapenal y la comisión investigadora especial que se conformó en la Cámara de Diputados de la provincia bajo la figura de amiga del tribunal. Cuando se conozca la letra fina de la acordada de la Corte este miércoles se sabrá si hicieron lugar a algún nuevo actor en el proceso concursal.
El concurso ya estaba en su etapa final. Vicentin había alcanzado los porcentajes que manda la ley para homologar la oferta, tanto en cantidad de acreedores como porcentaje de capital.
El fallo de la Corte parece darle luz verde al juez para que avance en esta línea, pero queda por ver cómo hace a esta altura del proceso para salvaguardar los requerimientos que le hizo el máximo tribunal.
Lo que parece despejado del horizonte es la posibilidad del cram down que empujaban Commodities SA y el Banco Nación, entre otros, que es una instancia que la ley prevé en el caso de que no haya acuerdo en el concurso, y antes de declarar la quiebra. El cram down abre el juego para que los acreedores definan el futuro de la empresa.
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