El Tribunal Oral Federal 7 vuelve a poner en marcha el juicio por la causa de los Cuadernos, que tiene como imputados a Cristina Kirchner, ex funcionarios de peso y decenas de empresarios. Desde este martes, el debate retomará la actividad con dos audiencias semanales para avanzar en la lectura de las acusaciones.
El tribunal —integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel— reanudará este martes a las 13 la lectura del requerimiento de elevación a juicio, un tramo que se extenderá hasta el 2 de diciembre. Durante las dos audiencias previstas para esta semana se repasarán los elementos de prueba que llevaron al fiscal Carlos Stornelli a formular las acusaciones.
La decisión de sumar una segunda audiencia semanal surgió ante la magnitud del proceso. Los jueces también reiteraron a tribunales superiores y a la Corte Suprema los pedidos de más personal y mejoras edilicias para sostener el ritmo del debate.
juicio causa cuadernos
El juicio por la causa Cuadernos retoma este martes con dos audiencias por semana
Un sobreseimiento en la antesala de la reanudación
La semana pasada, el TOF 7 resolvió apartar del juicio y sobreseer a Enrique Pescarmona (83), titular de IMPSA, debido a una incapacidad mental sobreviniente diagnosticada por el Cuerpo Médico Forense. El empresario no continuará en el proceso por padecer una enfermedad neurodegenerativa progresiva.
Quiénes son los acusados y qué delitos se investigan
En total, son 86 imputados. Además de Cristina Kirchner, llegan a juicio:
Julio De Vido, ex ministro de Planificación
José López, ex secretario de Obras Públicas
Roberto Baratta, ex funcionario de Planificación
Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ex secretarios de Transporte
La acusación abarca 540 hechos de supuestos pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contratos de obra pública. Entre los 65 ejecutivos señalados aparecen:
También se juzga a los choferes involucrados en los registros de los cuadernos, incluido Oscar Centeno, imputado colaborador en el expediente.
La investigación apunta a una asociación ilícita que habría operado entre 2003 y 2015 desde el Poder Ejecutivo para recolectar fondos de empresas de construcción, energía y transporte a cambio de contratos estatales.
