La lista de magistrados federales que se excusan de intervenir en el Caso Vaudagna sigue creciendo. Deberá resolver la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
La lista de jueces federales que se inhiben en participar del Caso Vaudagna sigue creciendo.
La lista de jueces federales que se excusan de actuar en el Caso Vaudagna -el exjefe de Afip que declaró como arrepentido y reconoció la autoría de diversos delitos mientras ejercía su función- sigue creciendo. En este contexto, la conjueza Virginia Daniela Cassinese acaba de rechazar las inhibiciones presentadas por los magistrados Aldo Alurralde y Carlos Villafuerte Ruzo.
La causa principal contra Vaudagna derivó en numerosos casos conexos, que investigan distintos fiscales en diferentes puntos del país y que generó un verdadero temblor por los nombres que aparecen bajo sospecha.
El primero en excusarse fue el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque. Motivos para tomar esta decisión sobran: en estos momentos, es uno de los investigados e, incluso, pesa sobre él una orden de detención que no se hace efectiva porque, al menos por ahora, cuenta con fueros.
También se excusó el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, por "decoro y violencia moral". En otras palabras, por conocer a Bailaque.
Otro que se inhibió de intervenir fue el exjuez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, hasta que decidió acogerse a la jubilación.
Los casos que debía llevar Rodríguez terminaron en manos de la jueza Sylvia Raquel Aramberri, quien también se jubiló.
En este devenir de excusaciones, hubo una excepción: el juez federal Gastón Salmain sí estaba dispuesto a llevar adelante estas investigaciones e, incluso, llegó a pedir la unificación en sus manos de todas las causas relacionadas con Vaudagna.
Lo hizo a pesar de que su nombre aparece en los chats de Whatsapp de los teléfonos secuestrados al exjefe de la Afip, lo que provocó la inmediata reacción de los fiscales que recusaron al magistrado. Finalmente, Salmain debió dar un paso al costado.
Las causas que en Santa Fe debían conducir Reinaldo Rodríguez, primero, y Aramberri, después, pasaron a manos del juez de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo. Pero este magistrado también se excusó.
Entonces, derivaron en el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, que tomó la misma decisión porque conocía a Bailaque y por haber trabajado en la Afip.
En este contexto, la conjueza Virginia Daniela Cassinese, a cargo del Juzgado Federal 1 de Santa Fe, acaba de rechazar las excusaciones de Villafuerte Ruzo y de Alurralde, al considerar que en ninguno de los dos casos existen razones fundadas para no intervenir en estas causas.
En el caso de Alurralde, se excusa por "cuestiones de decoro y delicadeza" debido al trato que tuvo en cumplimiento de sus funciones con el juez Bailaque -que no está investigado en las causas de la ciudad de Santa Fe-, "la participación conjunta en jornadas y congresos organizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional" y la buena relación desde hace tiempo como colegas.
Incluso, Alurralde refiere a que ambos integran el Colegio de Jueces de Garantías del Distrito Federal Rosario y que esto lo coloca en una "situación de violencia moral".
Además, indica que desarrolló una carrera administrativa y jurídica en la Afip Regional Santa Fe durante más de veinte años, lo que a su entender puede generar "situaciones fácticas que podrían llevar a las partes a dudar sobre su imparcialidad".
Por su parte, Carlos Villafuerte Ruzo aduce tener una relación personal y de cercanía con Marcelo Bailaque, debido "al trato derivado del desempeño de idénticas funciones en el mismo fuero y, en especial, por el desempeño de su colega como subrogante del Juzgado Federal de San Nicolás, invocando una situación de violencia moral respecto del denunciado y excusándose por motivos de decoro y delicadeza".
La conjueza Cassinese, en su fallo, afirma: "No encuentro en los argumentos de los magistrados inhibidos, Villafuerte Ruzo y Alurralde, razones suficientes que justifiquen sus apartamientos". En este sentido, sostiene no existe "suficiente sustento objetivo de violencia moral" por el hecho de que comparten la labor de jueces federales.
En su escrito, Cassinese brinda una extensa serie de argumentos y antecedentes jurídicos para sostener su postura de desestimar las inhibiciones de estos dos jueces.
A partir de ahora, la decisión está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
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