Ambos temas serán ahora revisados por la Cámara Federal de Casación Penal.
La revisión estará a cargo de la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, que ya había fijado audiencia para el lunes 7 de julio por otra apelación vinculada al régimen de visitas limitado a la ex presidenta.
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Qué reclaman Luciani y la defensa de Cristina Kirchner
Por un lado, el fiscal Diego Luciani insiste en que Cristina Kirchner debe cumplir su condena de seis años en una cárcel común, sin el beneficio de la prisión domiciliaria.
En sentido contrario, el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex mandataria, plantea que la colocación de la tobillera electrónica fue inadecuada y que se interpretó erróneamente la Ley de Ejecución Penal, en especial el artículo 33, que regula el uso de dispositivos de monitoreo electrónico.
Desde la defensa se sostiene que la resolución “debe ser revisada por un tribunal superior” para garantizar el principio del doble conforme, fundamental en procesos penales.
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Los fiscales Luciani y Mola apelaron el arresto domiciliario de la ex presidenta y reclaman que cumpla su condena en una unidad carcelaria, como cualquier otro preso.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del TOF2, habilitaron la vía de apelación para ambas partes, lo que deja a Casación como el tribunal que decidirá si Cristina continúa detenida en su domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución, o si debe ser trasladada a una prisión común.
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Lula Da Silva pidió visitarla y aún no hay respuesta
En paralelo, el TOF2 debe resolver otro pedido sensible: si autoriza al presidente de Brasil, Lula Da Silva, a visitar a Cristina Kirchner en su lugar de detención. La solicitud fue presentada por su defensa, pero todavía no fue resuelta.
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El Tribunal Oral Federal 2 debe decidir si autoriza que el presidente de Brasil Lula Da Silva visite a la ex mandataria.
La causa Vialidad, que culminó con una condena firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sigue generando repercusiones políticas y judiciales. Y ahora, con la intervención de Casación, podría haber un nuevo giro en la situación procesal de la ex presidenta.
