Causa Vialidad: un juez federal pidió el decomiso a Cristina Kirchner por $86.000 millones
El juez Gorini solicitó a la Corte Suprema calcular el monto final del resarcimiento por la corrupción en obras viales. La cifra inicial deberá ser actualizada.
La suma es por el daño estimado por la maniobra sistemática de corrupción en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz.
El juez federal Jorge Gorini presentó ante la Corte Suprema un pedido de decomiso contra Cristina Fernández de Kirchner, con una base de $86.000 millones, en el marco de la causa Vialidad, en la que se investigó una maniobra sistemática de corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
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La cifra, que corresponde al daño económico causado al Estado nacional entre 2003 y 2015, será revisada y actualizada por el cuerpo de peritos contables del máximo tribunal. La solicitud apunta no solo a la ex presidenta, sino también a otros ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti, quienes deberán responder por el perjuicio.
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Según el fallo judicial que fue ratificado por la Corte semanas atrás, el 86% de las obras viales financiadas por el Estado en Santa Cruz fue adjudicado al Grupo Austral, propiedad de Báez. Los mecanismos utilizados incluyeron licitaciones direccionadas, competencia simulada, pagos preferenciales y falta de controles.
El Tribunal Oral Federal N°2 calificó el esquema como “una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia del país”, y ordenó avanzar con el decomiso como forma de resarcimiento.
La estimación inicial de $86.000 millones se basó en peritajes sobre cinco obras clave, entre ellas tres tramos de la Ruta Nacional 3. El análisis reveló sobreprecios, colusiones y otros indicadores de fraude. A partir de estos datos, se proyectó el daño general sobre la totalidad de los contratos.
Una vez actualizado el monto, Gorini ordenará a los condenados abonar sus partes proporcionales en un plazo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, se avanzará con la ejecución de bienes registrados a nombre de los implicados.
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En paralelo, el fiscal Diego Luciani presentó un informe patrimonial de 40 páginas, donde detalla propiedades, empresas y activos de cada uno de los condenados, según informó el medio Nuevo Día de Santa Cruz.
El avance del pedido de decomiso marca una nueva etapa judicial en la causa que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque la sentencia aún no está firme.