AMIA: el Memorándum de Entendimiento con Irán, uno de los puntos más polémicos de los 25 años de impunidad

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Desde su publicación, el Memorándum generó una amplia polémica: desde el gobierno nacional del Frente para la Victoria defendían su firma, argumentando que serviría para avanzar con la investigación del atentado; desde la comunidad judía y la oposición política denunciaron que el documento era, en realidad, un instrumento que buscaba garantizar la impunidad de los acusados por el hecho y así “saldar” la discusión con el gobierno teocrático de Irán, que habría exigido el acuerdo para acceder a firmar importantes tratados comerciales y que es también un socio estratégico del gobierno de Venezuela, principal aliado del kirchnerismo en Sudamérica.

Esta segunda postura se vio fogoneada cuando, pocos días después de ratificado el acuerdo por los parlamentos de ambos países, Irán solicitó a Interpol que levantara las alertas rojas que pesan sobre los cinco iraníes acusados por el atentado. Las alertas rojas disponen la captura internacional de los sujetos en cuestión, considerados “de alta peligrosidad” por la organización. Por ello, los cinco -entre los que se encuentra un actual asesor del gobierno persa- permanecen confinados en Irán, ya que si salen del país y son detectados en el exterior serán detenidos inmediatamente y trasladados a la Argentina para declarar en la causa AMIA original, de la que era fiscal Alberto Nisman.

La solicitud de Irán se fundamentó en una interpretación forzada del punto 7 del Memorándum. Ante esta actitud, Interpol emitió un comunicado el 12 de marzo de ese mismo año, aclarando que de ninguna manera la firma del acuerdo hacía caer las alertas rojas, que fueron emitidas en 2007 y que permanecen vigentes desde entonces. Desde ese momento, Irán perdió todo interés en el acuerdo y tres días después suspendió el tratamiento interno de ratificación, retirándolo del parlamento y difiriendo en forma indefinida su implementación.

A pesar de esto, permaneció el manto de sospechas sobre cuáles habían sido las reales intenciones del gobierno nacional al suscribir el documento con Irán. La DAIA y la AMIA interpusieron judicialmente una acción de amparo para suspender la aplicación del acuerdo. En primera instancia, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral no hizo lugar a la presentación de los organismos, que apelaron su decisión, y el 15 de mayo de 2014 la Sala I de la Cámara Federal admitió el reclamo y declaró la inconstitucionalidad del Memorándum.

Al revocar el fallo de Canicoba Corral, la Cámara ordenó al Ejecutivo que no realice “ningún acto de ejecución” del convenio bilateral mientras transiten los recursos de apelación.

“En el marco de un proceso en curso se encuentra el Poder Judicial de la Nación, como lógica consecuencia del sistema republicano de gobierno, la división de poderes y la previsión del artículo 109 de la Constitución Nacional, que prohíben toda posibilidad de intervención al Poder Ejecutivo en causas pendientes“, sentenció el tribunal.

Además, la Cámara subrayó en sus fundamentos que “el Memorándum se presenta como un tratado bilateral que, de entrar en vigencia, generará derechos y obligaciones recíprocas entre la Argentina e Irán respecto de una materia que atañe de forma exclusiva a la competencia constitucionalmente asignada al Poder Judicial, condicionando de un modo relevante el ejercicio independiente de la función jurisdiccional, la autonomía del Ministerio Público y el derecho a la jurisdicción de las víctimas, con múltiples conflictos e inconvenientes adicionales”.

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Esto permitió que el fiscal federal a cargo de la investigación de la causa AMIA, Alberto Nisman, efectuara en enero de 2015 una denuncia contra todas las personas que intervinieron en la elaboración, negociación y firma del acuerdo con Irán, entre las que se encontraba la mismísima presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y el líder piquetero Luis D’Elía, entre otros funcionarios. En su presentación, Nisman denunciaba “la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina, con competencia en el caso”.

“Esta confabulación ha sido orquestada y puesta en funcionamiento por altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo, a priori, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, continuaba el escrito firmado por el hoy fallecido fiscal.

Cuatro días después de presentar la denuncia, Alberto Nisman fue hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero. Las circunstancias de su muerte son imprecisas aún hoy, cuatro años y medio después. El fallecimiento abrió una nueva polémica y arrojó otra ola de sospechas sobre la naturaleza del memorándum y el supuesto interés que podría tener el gobierno nacional en que no se investiguen las circunstancias de su firma.

El 22 de noviembre de 2015, Mauricio Macri venció en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a Daniel Scioli, el candidato que pretendía continuar el gobierno del Frente para la Victoria. Macri asumió el 10 de diciembre y el 22 de ese mismo mes la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal de mayo de 2014, que declaraba la inconstitucionalidad del Memorándum.

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En 2016, la causa por supuesto encubrimiento de los iraníes responsables del atentado recayó en el Juzgado Federal a cargo de Claudio Bonadio, en el que se desempeña el fiscal federal Eduardo Taiano. En septiembre de 2017, un nuevo escándalo estalló cuando trascendieron mediáticamente escuchas entre Luis D’Elía y Jorge “Yussuf” Khalil -quien se presentaba como referente de la comunidad islámica en la Argentina pero sería, en realidad, un espía iraní infiltrado en Argentina-. Los audios databan de diciembre de 2012 y enero de 2013 y revelaban la estrecha relación entre funcionarios del gobierno y representantes iraníes. En el audio más contundente, ambos celebran la firma del acuerdo, tildan de “piripipí” al trabajo de la comisión internacional de expertos que debía conformarse a partir del tratado y revelan que seis años atrás -cuando Néstor Kirchner aún vivía- desde el gobierno nacional les habían dicho que el acuerdo era “inviable”, por lo que califican a la firma del mismo como “un éxito político increíble”: “Lo que te fustigaron durante siete años y van a tener que hacer fila para chuparte la p…”, le dice Khalil a D’Elía en un momento de la charla.

A partir de la difusión de estos audios, Taiano pidió la citación a indagatoria de varios funcionarios del gobierno anterior, entre ellos Cristina Kirchner y Héctor Timmerman, petición a la que Bonadio hizo lugar. Las declaraciones se sucedieron del 17 al 26 de octubre de 2017, y todos los involucrados coincidieron en defender la decisión de haber firmado el Memorándum. La expresidenta, incluso, fue más allá y acusó a Bonadio de ser “parte del encubrimiento que durante años había paralizado la investigación judicial del atentado: “El Memorándum de Entendimiento con Irán fue la solución diplomática y pacífica por la que ambos países optaron para resolver la controversia y permitir que el poder judicial argentino pudiese llevar adelante las indagatorias requeridas para el necesario avance de la causa”, dijo la exmandataria en el escrito que presentó ese día. Además, remarcó que Interpol “fue consecuente con la posición Argentina en cuanto a que las alertas rojas no resultaban afectadas por la suscripción del Memorándum”. En las consideraciones finales de su presentación, CFK dirigió durísimas críticas hacia Bonadio: “Usted fue imputado por ser parte del encubrimiento al atentado a la AMIA y apartado de la investigación de dicha causa por tal motivo. Usted paralizó la investigación de dicha causa por tal motivo”, subrayó.

Sin embargo, los argumentos presentados por la expresidenta y los demás imputados no fueron suficientes para convencer a Bonadio. El 7 de diciembre de ese mismo año, decidió procesar a Cristina Kirchner y pedir su prisión preventiva por el presunto delito de encubrimiento en la causa AMIA. Cristina Kirchner había sido elegida senadora el 25 de octubre y los fueros que el cargo le otorgó impidieron que su arresto se concretara, pero sí quedaron detenidos “Yussuf” Khalil, Luis D’Elía y el exsecretario Legal y Técnico Carlos Zannini.

El magistrado también dictó prisión preventiva para el excanciller Héctor Timerman bajo el régimen de arresto domiciliario por su delicado estado de salud. También fueron procesados, sin prisión preventiva y con prohibición para salir del país, al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y el diputado Andrés “Cuervo” Larroque.

En la resolución difundida por el juez, se indicaba que “a partir del 2010, el gobierno que presidió Cristina Elisabet Fernández exteriorizó un cambio de postura política frente al caso AMIA, diametralmente opuesto al adoptado desde que ocurrió el atentado. La expresidente aceptó el ofrecimiento del gobierno de Irán, siendo que los pedidos realizados anteriormente habían sido rechazados por tener como fin buscar una salida política a la causa AMIA y lograr desincriminar a ese Estado y a los acusados por el atentado”, argumentó Bonadio y agregó que “las constancias incorporadas a la causa reflejan que la imputada impartía personalmente las instrucciones al resto de los imputados y, principalmente, al canciller Héctor Marcos Timerman”.

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El 5 de marzo de 2018, Bonadio dio por cerrada la etapa de instrucción de la causa y envió a juicio oral a la exmandataria y a otras 11 personas, entre ellas Timerman -que falleció el pasado 30 de diciembre- y Zannini, quien aún permanece detenido. Un día después, por sorteo, se definió que sería el Tribunal Oral Federal N° 8 quien llevaría adelante el proceso.

El 4 de febrero de este año, el exsecretario de Interpol, Ronald Noble, pidió a la Corte Suprema de Argentina ser citado a declarar como testigo en la causa, y publicó un hilo de 18 tuits en el que manifestó -como ya lo había hecho en otras oportunidades- que “ni Héctor Timerman ni ninguna persona del Gobierno de Argentina, solicitó nunca que las notificaciones rojas de INTERPOL AMIA fuesen retiradas o suspendidas. En la causa del atentado contra la AMIA, hay 5 alertas rojas contra 5 iraníes sospechados de ser los autores. He twitteado una y otra vez para refutar las conclusiones erróneas y sesgadas dadas por el juez Bonadio en su informe acusatorio y para criticar los falsos y engañosos informes de Clarín sobre las notificaciones rojas de AMIA”, agregó Noble, disparando puntualmente contra el histórico matutino.

El 7 de marzo, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de queja presentado por Cristina Fernández para que se desestimara el dictado de prisión preventiva en su contra en la causa por el Memorándum. La orden de detención emitida por Bonadio en diciembre de 2017 sigue firme, y únicamente los fueros que CFK ostenta como senadora impiden que el arresto se concrete. El juicio oral y público aún no tiene fecha.

En febrero de 2015 -, el actual candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, participó de una entrevista en el programa El juego limpio, conducido por el periodista Nelson Castro, en la que criticó la firma del acuerdo entre Argentina e Irán.

“Cristina intentó la impunidad de Irán, por razones que, según dice el fiscal Nisman, eran más comerciales que otra cosa”, dijo Fernández y agregó: “No tengo ninguna duda que ese acuerdo tenía un solo propósito que era torcer el rumbo de la investigación y favorecer la impunidad de los acusados”.

“La ley que Cristina hizo dictar al Congreso fue casi una autoamnistía para cubrirse. Y esto lo digo con mucho dolor porque hay 85 familias que hace 21 años esperan que alguien les diga quién fue el responsable del atentado a la AMIA. Los encubrimientos se suceden y cuando parece que alguien avanza en la investigación, termina muerto”, había expresado Fernández algunos días después del fallecimiento de Nisman y en épocas en que aún estaba enemistado con quien hoy es su compañera de fórmula presidencial.

Días atrás, en la víspera del 25 aniversario del atentado terrorista, Fernández fue citado por Bonadio para que explicara sus dichos de 2015. En esta ocasión, el candidato obvio todas las graves acusaciones que había vertido en torno a Cristina Kirchner en 2015, y se limitó a decir que el Memorándum con Irán fue “un error de política exterior” y no “un delito” y que declaraciones de cuatro años atrás solo constituían “una opinión”.

A esta altura de los acontecimientos, poder determinar cuál fue la real intención del gobierno kirchnerista con la firma del tratado parece casi tan imposible como poder establecer quiénes fueron los autores del atentado terrorista -tanto intelectuales como materiales-. Por el bien de la democracia y la institucionalidad argentinas, sería bueno que en ambas causas se llegue al fondo de la verdad.