Además, desde el Ministerio de Capital Humano reconocieron que hubo mal desempeño de funcionarios que no realizaron los controles correspondientes.
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Desde el Ministerio de Capital Humano reconocieron que hubo mal desempeño de funcionarios que no realizaron los controles correspondientes.
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Mediante un comunicado dado a conocer por las redes sociales, la cartera encabezada por Sandra Petovello informó que “a raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo de la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”.
Asimismo, adelantaron que se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes y anunciaron que “se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente”.
El gobierno nacional informó que apelará la decisión judicial del juez Sebastián Casanello, luego de que le ordenara al Ministerio de Capital Humano que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.
Desde la cartera que coordina Sandra Pettovello anunciaron que apelarán la resolución de la Justicia al argumentar que “no es una cuestión judicial sino que es una cuestión de política pública”.
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Desde el Ministerio de Capital Humano reconocieron que hubo mal desempeño de funcionarios que no realizaron los controles correspondientes.
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“De las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría”, explicaron. En la misma línea, puntualizaron que la yerba, a la que calificaron de mala calidad, fue adquirida a través de “procesos poco transparentes” durante la administración del Alberto Fernández.
"El pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes”, calificaron desde el Ministerio. Asimismo, aclararon que “no se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas”. Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó en la habitual conferencia de prensa que “la Justicia no se puede entrometer en la política pública”. “Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Esto no es una cuestión que solo ocurre en Argentina, esto pasa en el resto de los países del mundo”, remarcó. Por su parte, prometió que "no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura”, y diferenció los alimentos que se entregan a comedores de los que se destinan a reserva para catástrofes.
“Vamos a presentarnos para mostrar que lo nuestro es un trabajo serio y que nosotros no hacemos populismo. Nosotros, por un lado, tenemos la política de asistencia y, por el otro lado, la política de mercadería para futuras catástrofes, que por supuesto esperamos que no ocurran jamás”, concluyó el funcionario nacional.
Casanello ordenó a Capital Humano que informe cuántos alimentos tiene y que los distribuya de inmediato
El juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución. Lo hizo ante un planteo formulado por el dirigente social Juan Grabois, al que se adhirieron comedores sociales que denuncian la falta de provisión de alimentos. La existencia de toneladas de alimentos sin distribuir fue denunciada por una investigación periodística del sitio web El Destape y recogida por el Poder Judicial a través de la denuncia de Grabois.
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A raíz de un planteo de Juan Grabois, el juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales.
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El juez le encomendó al Ministerio de Capital Humano a que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”.
Casanello dispuso “librar una orden de presentación” (el aporte voluntario de documentación e información) “el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán”.
Ese informe “deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”. Además, el juez pidió “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada”. La orden tendrá efecto inmediato: “deberá diligenciarse por el personal del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina el lunes 27 de mayo del año en curso a las 9:00 horas en la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, ubicada en Av. 9 de Julio 1925 de esta ciudad”.
Casanello dispuso que “una vez cumplida, deberá remitirse a esta dependencia la totalidad de la documentación recabada en formato digital al correo electrónico del juzgado”. “Dado que las existencias fueron reconocidas por todas las partes, como medida de acción positiva, encomendaré al citado Ministerio de Capital Humano que, en el marco de sus competencias (que incluyen asistir en todo lo concerniente a “la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores”) elabore un plan de distribución de dichos alimentos”, subrayó el fallo. Ello –aclaró- “en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”. “Tal plan deberá ser informado de manera precisa al tribunal, en el plazo de 72 horas, urgió el juez.
Patricia Bullrich le respondió a la Iglesia por la comida retenida
La respuesta del Gobierno Nacional a la Iglesia por el conflicto de las 5 mil toneladas de comida confiscadas no se hizo esperar y llegó a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las principales funcionarias del Gobierno de Javier Milei. Bullrich respondió a los dichos del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, quien le reclamó al Ministerio de Capital Humano -en su mensaje por la solemnidad de la Santísima Trinidad- entregar “rápidamente” las 5.000 toneladas de alimentos que mantiene acopiado en depósitos.
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Bullrich respondió a los dichos del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea.
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“El Ministerio de Capital Humano no se guarda nada. Todo lo contrario. Lo que hace es impedir que se roben la comida", aseguró la Bullrich, a la vez que agregó que “Monseñor tiene que saber lo que está pasando”. “Es bueno poder decírselo de frente, charlar con él. Es una persona muy abierta, muy amable, sostuvo la ministra durante una entrevista en vivo en el programa La Cornisa de Luis Majul el domingo por la noche.
“Yo tuve el gusto de charlar con Ojea. Es cuestión de mostrarle la realidad de lo que está pasando”, añadió y señaló: “Hay un curro que todos conocemos desde hace 20 años. Estamos rompiendo con el poder de organizaciones sociales que manejaban el dinero como si fuera propio, el poder de sindicatos que han destruido gran parte del empleo en la Argentina, el poder de empresarios que hacían las cosas a su manera, todo esto con un poder político que durante muchos años generó un modelo de pobreza. El kirchnerismo, en nombre de los pobres, empobreció a la Argentina”.
En un comunicado dado a conocer por CEA este fin de semana, Ojea había denunciado: “Nos hemos enterado de que existen dos depósitos de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social (por el Ministerio de Capital Humano) que tienen 5.000 toneladas de alimentos guardados. No entro en las razones por las que están guardados, pero en un tiempo de emergencia alimentaria, esto debe llamarnos a la reflexión. Rápidamente, tienen que ser entregados”.
