En un comunicado firmado por el presidente de la institución, Andrés Abramovich, y el secretario, Emanuel Chiabo, el Colegio plantea que "para designar a los jueces, y especialmente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se requiere el acuerdo del Senado de la Nación, con una mayoría calificada de dos terceras partes de los presentes (art. 99, inciso 4)".
"Fundar el nombramiento en lo dispuesto por la Carta Magna en el artículo 99, inciso 19, además de no constituir una lectura integral de las normas constitucionales, resulta contrario al espíritu y al sentido de la norma, por cuanto la mención a 'empleos' que de allí surge, representa una subordinación al Poder Ejecutivo, como podrían ser los supuestos de designación de Embajadores, ascensos militares, entre otros", remarcan.
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Las autoridades del Colegio de Abogados de Santa Fe advierten sobre la fragilidad de los nuevos integrantes de la Corte y el avance sobre la independencia judicial.
En las últimas horas, el Gobierno nacional oficializó las designaciones mediante la publicación del decreto respectivo, para que Lijo y García-Mansilla reemplacen a Elena Highton de Nolasco y a Juan Carlos Maqueda. El decreto establece que los jueces deberán prestar juramento y asumir sus funciones, mientras en el Senado sigue pendiente el tratamiento de sus pliegos.
Los efectos de la "ilegitimidad" en los nombramientos de Lijo y García-Mansilla
"La Corte Suprema de Justicia puede funcionar con tres miembros. Incluso, en supuestos de posiciones diversas entre ministros, se pueden designar conjueces. La ilegitimidad en el origen y la transitoriedad de la designación -expirarán al fin de la próxima Legislatura, si no obtienen el acuerdo del Senado- expone a Lijo y García-Mansilla a ser frágiles frente a las presiones externas, lo cual quebranta la indispensable independencia judicial", agregan los abogados.
Ante la falta de definición del Senado, el Gobierno argumentó que la Constitución habilita al Presidente a realizar nombramientos en comisión para cubrir vacantes durante el receso legislativo, hasta que la próxima legislatura se expida sobre el tema.
La Casa Rosada justificó la medida señalando que “el Máximo Tribunal no puede funcionar con normalidad con solo tres ministros” y ratificó que continuará el trámite legislativo para que el Senado ejerza su atribución de prestar acuerdo a los pliegos.
