Cualquier empleado público o privado sabe que cuenta con un régimen de licencias en casos especiales, como por ejemplo enfermedades invalidantes, accidentes, embarazo o maternidad. Sin embargo, no sucede lo mismo con los profesionales de la Abogacía de la provincia de Santa Fe.
El Senado de Santa Fe debe tratar dos leyes fundamentales para regular la actividad de los abogados de la provincia.
El presidente del Colegio de Abogados, Andrés Abramovich, remarcó que "en estos casos, que son circunstancias de la vida, los abogados estamos igualmente compelidos a cumplir con plazos judiciales, como contestar una demanda, presentar un escrito o acudir a una audiencia".
Por eso, reclaman que exista un régimen de licencias también para este sector profesional, cuestión que depende de una ley de la Legislatura. En estos momentos, existe un proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados de Santa Fe, pero se aguarda que sea tratado en el Senado.
"Cuando los abogados nos vemos imposibilitados de cumplir con nuestro trabajo y al no gozar de un régimen de licencias, también terminamos perjudicando a nuestros clientes. Porque si nosotros no presentamos una demanda en término, o no podemos presentar un escrito dentro de los plazos que impone la normativa, o no podemos acudir a una audiencia por estas circunstancias invalidantes, les hacemos perder sus derechos a nuestros representados", insistió Abramovich en el programa Creo, que conduce José Curiotto cada mañana en Aire de Santa Fe.
Otra ley que espera en la Legislatura
Pero este no es el único aspecto de la actividad de la Abogacía en la provincia que depende de una ley. "Otro punto que depende de la Legislatura y es una cuestión básica para los profesionales, es el derecho a recibir la retribución justa por nuestro trabajo. Estamos hablando de los honorarios profesionales. Es otro proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados y tiene que ver con algo básico y que sucede con el resto de los trabajadores públicos o privados: que el empleador no puede pagar por debajo de lo que establece la ley", planteó Abramovich.
"Este orden público para los profesionales de la abogacía tiene que ver con eso, con prestigiar y amparar a los profesionales para que no se les pague menos de lo que impone la ley de aranceles profesionales. Parece de sentido común y equidad. Tiende a resguardar a los abogados y custodiar su dignidad", resaltó.
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