El domingo pasado sicarios acribillaron a César Pucheta y a Gregorio Benítez en Bajo Ayolas de Rosario. Ambos murieron por las heridas que le provocaron 14 balazos. También resultó herida Erica P., pareja del segundo fallecido. La hipótesis que afloró tras este doble crimen es que podría tratarse de una venganza contra la banda de Los Monos. Esta familia se mueve en un terreno fangoso, donde conviven la asistencia social a través de ONG de dudoso origen con el narcotráfico.
Los Pucheta desde hace décadas dominan ese sector de la zona del sur de Rosario, cercano al puerto, que como hace casi 30 años, sigue sumergido en una marginalidad intensa. Esta familia, transformada en un clan criminal, fue una aliada histórica de la primera generación de Los Monos, liderada por Máximo Cantero, alias el Viejo. Esa afinidad y negocios compartidos aún subsisten.
Leonardo Pucheta, hermano de César, está preso en el penal de Piñero desde mayo pasado, acusado de integrar una asociación ilícita junto al Viejo Cantero, también detenido en esa cárcel. La relación más fluida siempre fue con El Viejo, que maneja muy cerca de donde viven los Pucheta el bufet del club de pescadores. En ese lugar, en octubre del año pasado se fotografió con el músico L-Gante, en cuyo recital en el estadio cubierto de Newell’s estaba la plana mayor de Los Monos.
José Pucheta, otro miembro del clan, está condenado a prisión perpetua por un doble homicidio ocurrido el 1º de enero de 2018 y Joel Pucheta carga con una sentencia a seis años de prisión por integrar la asociación ilícita que conducía desde la cárcel Ariel Guille Cantero.
Detrás del crimen de César Pucheta y Benítez aparece otra vez la sombra de los Funes, que actúan en el negocio de la droga y de la violencia en alianza con René Ungaro. Una fuente del barrio señaló que el doble crimen podría ser una respuesta de los Funes a la expansión en el barrio La Tablada de soldaditos que tributan para los Cantero.
Narcotráfico y asistencia social
El Viejo Cantero retornó a prisión en mayo pasado, luego de que quedara en el centro de la escena de una causa en la que se entremezclaba asistencia social y narcotráfico, con el agregado de otros negocios paralelos vinculados a la violencia. Y en esa trama aparecían los Pucheta como gerentes del manejo de la asistencia pública, que después terminaba en manos del Viejo Cantero.
En la investigación judicial que llevaron adelante los fiscales Valeria Haurigot, Franco Carbone y Gastón Ávila se comprobó que los alimentos y las cajas del plan Cuidar que fueron secuestradas en la casa de Cantero en Vía Honda estaban destinados a la asociación civil "El Ceibo-Manos que trabajan", cuyo presidente es Leonardo Pucheta y su tesorera es Cintia Macarena Berón, pareja del llamado “comegatos”. Una semana después del allanamiento se incendió de manera intencional la sede de la secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad.
Con ese apodo se los conoce en la zona sur de Rosario, que quedó inscripto a fuego tras la nota de Julio Bazán en 1996. Algunos alfiles de Los Comegatos se habían aliado a Ariel Segovia, conocido como Tubi, pariente de los Cantero, que fue asesinado en la cárcel de Coronda en 2018 por cuatro internos que le dieron decenas de puñaladas y lo ahorcaron con un cable dentro de un calabozo.
En el municipio de Rosario señalan que es probable que la asistencia que estaba dirigida a la asociación civil "El Ceibo-Manos que trabajan" terminara en la casa del fundador de Los Monos. Leonardo Pucheta y su mujer manejan además una huerta comunitaria en Bajo Ayolas, y tras la sucesión de hechos que ocurrieron, en el municipio empezaron a recordar movimientos extraños que protagonizó esta familia a fin de año de 2021 para reclamar alimentos, cuando realizaron piquetes con quema de cubiertas para reclamar alimentos.
Lo llamativo es que si los Pucheta están identificados como un clan familiar ligado al narcotráfico tengan una asociación civil que recibe alimentos del Estado municipal y provincial.
En la audiencia de junio pasado, luego de que los imputados escucharan y vieran las pruebas que habían recolectado los fiscales, el abogado de Pucheta David Villada hizo visible su indignación al preguntarles a los fiscales si alguna vez habían tenido hambre. “Cuestionan la integridad de personas que hace nueve años que ayudan a la gente. Hay diez comedores detrás de la asociación civil El Ceibo”, afirmó. El problema que aflora ahora es cuando Los Monos usan instrumentos del Estado, como en este caso el plan Cuidar, para generar sus propios lazos de confianza en el barrio.
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