Más de trece horas, con un recreo para el almuerzo, duró la audiencia preliminar en la causa por estafas reiteradas de la agencia de turismo Maros. El acto en el que se anticipan las evidencias que se expondrán en el juicio oral se desarrolló en la sala 6 de los tribunales santafesinos ante la jueza Rosana Carrara.
El 2 de enero de 2017 un grupo de clientes se enteró que no iban a poder viajar
Archivo/ Aire DigitalLos fiscales Omar De Pedro y María Lucila Nuzzo, y las abogadas querellantes Celeste Roa Hertelendi y Balbina Cavallieri sostuvieron la acusación contra las cuatro imputadas, y anticiparon la declaración de casi 300 testigos en esta primera parte de la causa.
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En tanto, las acusadas Marcela Arévalo y su madre Ana Felice son representadas por el abogado particular Marcos Barceló, la idónea Ivana Álvarez Flores cuenta con la defensa de Andrea Alberto, del SPDP, y el abogado particular Eduardo Jauchen representa a la empleada del local, Lucila García.
Los defensores realizaron varios pedidos de nulidad por cuestiones formales de la acusación, y solicitaron que se investigue a los querellantes por firmar la acusación sin figurar en el enunciado.
Además, se planteó una incongruencia entre la imputación y la acusación, por “vaga e imprecisa” en la descripción de los hechos, cuestión que ya fue analizada por la cámara de apelaciones, que confirmó la atribución acusadora.
Estas cuestiones deberán ser resueltas por la jueza Carrara, quien dispondrá la apertura del debate.
En comunicación con Será Justicia, con Ignacio Mendoza y Andrea Viñuela, la querellante Roa Hertelendi se refirió a la audiencia y remarcó que en esta primera etapa se analizarán 160 estafas y al menos 20 de adulteración de firmas en autorización tarjetas de crédito.
Las letradas representan a los damnificados que se presentarán a declarar en el juicio. Entre víctimas, peritos y personal policial se espera que 259 personas presten declaración en los estrados de tribunales. Roa Hertelendi remarcó que a pesar del paso del tiempo y de la imposibilidad de recuperar el dinero perdido, los damnificados están interesados en el desarrollo del juicio y en lograr una condena, ya que no sólo se quedaron sin poder realizar sus viajes sino que además fueron defraudados en sus datos personales, aportados en confianza a la empresa para el pago de sus compromisos.
Roa Hertelendi recordó que se esperan penas de 9 años de prisión para Arévalo y García, 6 años de prisión para Felice y Álvarez Flores por los delitos de estafas reiteradas y falsificación de documentos.
Audio ► La entrevista con Roa Hertelendi en Será Justicia
El inicio de la causa
El 2 de enero de 2017 un nutrido grupo de santafesinos se congregó en la puerta de la empresa de Turismo Maros, ubicada en 1ro de Mayo al 6900 de la ciudad de Santa Fe. Desde hacía algunos días había empezado a circular la versión que no se iba a poder concretar el viaje a Cancún que habían contratado con la agencia.
En el interior del local, Marcela Arévalo, la propietaria, recibía de a una a las personas para intentar resolver la situación. Pero el ánimo no era el mejor, la paciencia de quienes esperaban su turno en la vereda se iba agotando y para evitar que la situación se tornara incontrolable, personal policial arribó al lugar y trasladó a Arévalo a sede policial.
En tanto, la fiscal en turno María Lucila Nuzzo comenzaba a tomar conocimiento de lo que ocurría y dispuso entonces que Arévalo quedara detenida por el delito de estafas reiteradas. Al poco tiempo quedaron involucrados en la causa su madre Ana Felice como titular del negocio, los empleados Lucila García y Miguel Ángel Correa, y quien oficiaba como idónea ante la Secretaría de Turismo, Ivana Álvarez Flores.
Comenzó una investigación titánica que permitió la individualización de más de un centenar de víctimas que, con la esperanza de recuperar el dinero invertido en viajes que nunca se concretaron (ni se iban a concretar, sostienen los acusadores), se presentaron como querellantes en la causa.
Al trabajo de Nuzzo se sumó el fiscal Omar De Pedro, y presentaron la acusación para los imputados a mediados de 2017 junto a los abogados querellantes Celeste Roa, Balbina Cavallieri, César Andrés Rojas y Marcelino Lago. En la acusación, los fiscales adelantaron pedidos de pena de entre 6 y 9 años de prisión por los delitos de estafas reiteradas y falsificación de documentos.
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