Los hechos que se investigan ocurrieron en enero de 2023 en Santa Fe, y se sospecha que los integrantes de Grávida obstaculizaron la práctica de interrupción legal del embarazo de una niña en el marco de delitos de abuso sexual, "impidiendo su derecho de asistencia y servicios de salud", precisa el parte enviado por los abogados querellantes.
El pedido para asegurar las pruebas fue presentado por la Asociación Civil Palabras, junto a TRAMAS - derecho en movimiento, el pasado 8 de marzo al fiscal Matías Broggi. Los allanamientos fueron autorizados por el juez Sergio Carraro.
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Los allanamientos fueron autorizados por el juez Sergio Carraro
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Allanamientos
El parte de prensa precisa que "el operativo se llevó a cabo el 14 de marzo en la ciudad de Santa Fe, y consistió en el allanamiento de tres domicilios: Casa Betania, lugar en el que habría estado la niña en el momento de la obstaculización de su derecho a la interrupción legal del embarazo, el domicilio utilizado por la ONG el cual coincide con el del presidente de la misma, Sr Emilio Perizzotti, y una clínica privada donde le habían practicado estudios a la niña. En los dos primeros lugares se secuestraron dispositivos electrónicos, teléfonos y computadoras; en el tercero, la historia clínica de la niña y demás documentación relevante. Participaron del operativo los apoderados de la querella, la Dra. Sabrina Muñoz Denis y el Dr. Guillermo Munné".
El parte agrega que todo el proceso se realizó acorde a lo estipulado, contando con la cooperación de las personas que estaban presentes en Casa Betania y con la completa disposición de las autoridades de la clínica. En el caso del domicilio de Perizzotti, el mismo no se encontraba presente en el momento del allanamiento por lo que se autorizó el ingreso con el uso de la fuerza a los fines de efectivizar las medidas. Tiempo después, se presentó el Sr. Perizzotti mostrándose colaborativo.
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Al comienzo de la causa los policías de la AIC allanaron la sede de Grávida en donde permaneció la menor embarazada.
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Al día siguiente, el 15 de marzo, se completó el operativo con el secuestro de los celulares del Dr. Raúl Dalla Fontana, médico que había expuesto en los medios de comunicación el haber tenido comunicación con la niña, y de la Sra. Leurino, quien conducía el automóvil en el que se trasladó a la niña el 3 de enero de 2023.
"La querella evalúa que esta instancia de aseguramiento de pruebas es muy importante para el avance de la causa, con medidas efectivas de investigación, que posibilitan el análisis de necesarios materiales probatorios. Tras estos operativos, el importante material probatorio obtenido será peritado. A partir de allí, se dispondrán nuevas medidas de prueba", precisa el parte.
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"Estos allanamientos confirman lo que las organizaciones sostenemos desde el inicio: la constitución como querellante es una herramienta que posibilita el impulso del proceso por parte de la Asociación Civil Palabras con su representación, mediante el trabajo conjunto con la Asociación Civil Tramas- derecho en movimiento y el equipo jurídico. Y permite de esta forma el monitoreo de este caso por parte de más de 70 organizaciones sociales e instituciones del movimiento feministas, quienes adhirieron a la presentación de la querella, todas ellas reclamando conocer qué ocurrió, cuál fue el accionar de los integrantes de la ONG Grávida y su eventual responsabilidad en los hechos mencionados respecto al obstáculo sobre el ejercicio del derecho al aborto legal, seguro y gratuito", concluye.
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La intervención de Grávida en la causa por abuso infantil generó el repudio de varios sectores
Transfemicidio Alejandra Ironici Juicio
Alejandra Del Río Ayala, la fiscal que investiga los abusos sexuales a una niña de 12 años en Garibaldi
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La causa de abuso infantil
El trasfondo de la denuncia y la investigación a Grávida es el abuso a una niña de 12 años en Garibaldi, que se descubrió tras el embarazo detectado en un control médico. La niña había expresado "fue papi", y revelado una serie de situaciones violentas y abusivas perpetradas por su progenitor.
En este contexto se solicitó la Interrupción Legal del Embarazo para la pequeña, y cuando no llegó al turno comenzó su búsqueda. Finalmente, la medida fue llevada a cabo mientras el abusador era imputado en tribunales.
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Con el avance de la investigación, se realizó un examen de ADN, que precisó que el responsable del abuso que devino en el embarazo fue un hermano menor de edad de la niña. Sin embargo, si bien este análisis desvinculó al acusado de los hechos como progenitor, la fiscal Alejandra Del Río Ayala presentó la acusación para que G.A. sea sometido a juicio por los demás hechos de abusos sexuales reiterados, cometidos entre el 2020 y junio de 2022. El sospechoso se encuentra en prisión preventiva desde enero de 2023 por decisión del juez Martín Torres.
Los hechos atribuidos a G.A. ocurrieron entre el año 2020 y el 30 de junio de 2022, en el domicilio familiar de la localidad de Garibaldi. La acusación precisa que cuando el acusado se quedaba solo con su hija, nacida en 2010, abusaba sexualmente de ella.
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El caso salió a la luz en la pequeña comuna ubicada a 120 kilómetros de Santa Fe.
La investigación comenzó el 19 de diciembre de 2022 con una denuncia de la mamá de la niña, quien ya había denunciado a G.A. seis meses antes por violencia de género. La mujer y sus hijos buscaron refugio en un hogar para mujeres víctimas de violencia de género.
Luego de unos meses volvieron a vivir en Garibaldi, donde comenzó a advertir cambios físicos en la niña, por lo que la llevó a una consulta médica donde se enteraron que la niña estaba embarazada. “Fue papi”, dijo la pequeña.
La investigación permitió constatar la historia de violencia sufrida con el imputado, los momentos en que el imputado quedaba a solas con la niña, y las diferentes situaciones a las que eran sometidos todos los hijos de la pareja.
La menor fue internada en el hospital Iturraspe para ser sometida a una interrupción legal del embarazo, donde fue asistida por profesionales en psicología y trabajo social. Allí la menor ratifica que había sido abusada por su papá de forma reiterada durante un año y que no lo contó antes porque estaba amenazada por el imputado.
La niña fue entrevistada en Cámara Gesell y pudo referir a la violencia sufrida tanto por ella como por sus hermanos y dio detalles de los abusos a los que la sometió su padre.
La Fiscalía acusó a G.A. como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo, la guarda y la convivencia en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por la edad, el vínculo, la guarda y la convivencia (arts. 119 tercer y cuarto párrafo incisos B y F, 54 y 125 segundo y tercer párrafo del CP). La pena que requerirá al momento del juicio es de 16 años de prisión, con accesorias legales y costas.
