La investigación que lleva adelante el fiscal Matías Broggi, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual, y que intenta determinar la actuación que tuvo la ONG Grávida en una causa por abuso sexual infantil tiene a una persona identificada en el marco de las actuaciones. Fuentes del caso confirmaron a AIRE que se trata del representante de la entidad en la ciudad de Santa Fe, Emilio P., a quien se le notificaron sus derechos como imputado, si bien aún no se concretó audiencia imputativa.
En tanto, la asociación civil Palabras formalizó el pedido de constitución de querellante a través del abogado Guillermo Munné y se aguarda que la Justicia santafesina fije fecha de audiencia para tramitar la participación de la asociación como parte del proceso, ya que la defensa del sospechoso, representada por los abogados particulares José Ignacio Mohamad y Luciana Martínez, se opuso a su participación como querellante.
El caso se remonta a inicios de año, cuando se solicitó la interrupción del embarazo de una niña de 12 años que había sido abusada por su padre en la localidad de Garibaldi. La menor no llegó a la cita y fue encontrada días después, junto a su madre, en la sede de la ONG Grávida, en el centro de la ciudad de Santa Fe.
La causa
Los primeros días de enero de 2023 un hombre radicado en Garibaldi, identificado como G.A., fue detenido e imputado como autor de abuso sexual con acceso carnal reiterado, calificado por el vínculo, la guarda y la convivencia, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores calificada por el vínculo, la guarda y la convivencia. Como resultado de los abusos, la niña de 12 años quedó embarazada, situación reveladora de las agresiones sexuales del hombre contra su hija.
En la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva del imputado, se revelaron varios detalles de la situación padecida en el hogar de la menor: el hombre imputado no quería que su esposa trabaje ni que tenga teléfono celular. Tampoco quería que sus cinco hijos asistan a la escuela. La mujer y sus hijos huyeron del hogar en junio, estuvieron unos meses en Sunchales y en noviembre volvieron a Garibaldi. Allí supieron que la niña estaba embarazada. "Fue papi", le contó la menor a su madre.
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Del Río Ayala sostuvo en la audiencia que los abusos fueron cometidos en un período indeterminado de tiempo hasta junio de 2022, en la vivienda familiar de la localidad de Garibaldi, en un contexto de violencia de género desplegado por el imputado contra su esposa y sus cinco hijos pequeños: cuatro varones y una niña.
El servicio local de Garibaldi comenzó a intervenir con el grupo familiar a raíz de una notificación de la escuela, ante las reiteradas ausencias de los niños. La madre declaró ante varios organismos y relató los reiterados episodios de violencia psicológica, simbólica, económica y física desplegada por el imputado desde el inicio de la relación de pareja: golpes con palos, cadenas, puños… El hombre impedía que la mujer trabaje y tenga teléfono celular y no quería que los niños asistan a la escuela.
La fiscal Del Río Ayala explicó que la mujer y sus hijos lograron huir del hogar el 30 de junio de 2022, cuando el hombre había salido a trabajar y le pidió a una vecina que llame a la representante de la comuna, ya que era la única posibilidad que tenía de escapar de la casa con sus hijos. Desde el municipio dieron aviso a la policía, mientras la mujer armaba los bolsos para huir de la violencia. Cuando el móvil policial los pasó a buscar por el campo donde vivían, primero fue a radicar la denuncia por violencia a la comisaría y luego fueron alojados en una casa de resguardo en la localidad de Sunchales.
En noviembre, la mujer volvió a convivir con sus hijos en una casa en la zona urbana de Garibaldi; allí pudo advertir los cambios en el cuerpo de su hija. Un día de diciembre fueron al Samco local, ya que la niña tenía los pies hinchados y sentía malestar. Los médicos consideraron que podía haber un problema renal e hicieron los análisis correspondientes; al dar negativo, le practicaron un test de embarazo que dio positivo. Así, ante su mamá y la médica, la niña dijo, entre lágrimas: "Fue papi".
La fiscal sostuvo que la niña pudo referirse a los abusos con el equipo de profesionales que la asistieron en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, donde se concretó la interrupción del embarazo de la menor. Al referirse a esos relatos, sostuvo que la niña le dijo a su mamá su deseo de no continuar con el embarazo y que solo quiere volver a la pileta con sus amigas. Agregó que la menor había referido su voluntad de poder expresarse antes de la audiencia, de no ser por su situación de internación.
Fue esta situación de interrupción del embarazo la que dio origen a la investigación que tiene a Grávida bajo la lupa de la Fiscalía: cuando la niña y su mamá no llegaron a la cita en el hospital se inició una búsqueda de paradero. Las dos fueron encontradas en la sede de la ONG en el sur de la ciudad de Santa Fe.
La Justicia intenta determinar qué ocurrió entre la primera cita en el hospital a la que la niña y su mamá no asistieron, y cómo llegaron a la sede de la ONG donde fueron encontradas. En el marco de esa investigación, un representante de Grávida en Santa Fe fue citado por el fiscal a la Fiscalía, donde fue notificado de sus derechos, y la asociación civil Palabras presentó el pedido de constitución de querella.
Querella
La presentación de la querella es impulsada por un equipo de abogadas de género, la Asociación Civil Palabras y la Asociación Civil Tramas Derecho en Movimiento. Cuenta con la adhesión de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe. Las organizaciones buscan involucrarse activamente en la investigación judicial sobre el accionar de Grávida. Demandan que se clarifique lo ocurrido y, en caso de haberse configurado un delito, se sancione a las personas responsables.
También destacan la importancia de que, en pos de vivir en una sociedad democrática, el Estado tome un rol cada vez más activo respecto a las organizaciones que actúan y se pronuncian de manera contraria a las leyes vigentes, vulnerando derechos fundamentales. Quienes impulsan y acompañan la presentación encuentran vulnerados sus intereses, en tanto organizaciones abocadas a la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos.
"Sancionada la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo seguimos luchando por su plena implementación y por el respeto de los derechos humanos en general y del derecho al aborto en particular en el marco de un Estado laico", concluyeron.
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